El Consejo de Gobierno acuerda la interposición de un recurso ante el TC por el reparto de menores migrantes

Ortuño apuesta por que "estén en una familia o en un entorno lo más parecido a un hogar" para garantizar "el interés general del menor"

MURCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha acordado este jueves la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto Ley 2.025 de 18 de marzo, por el que "se impuso" el reparto de menores migrantes no acompañados, según ha avanzado este jueves el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño.

"Ya dijimos que el acuerdo que alcanzó el Gobierno de España con Puigdemont para la acogida de menores migrantes no acompañados era un acuerdo injusto, indigno y sectario; otro traje a medida de los independentistas y otra cesión más de Pedro Sánchez a Puigdemont para poder seguir en la Moncloa al precio que sea", ha comentado Ortuño.

El dirigente regional, que ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha indicado que la Comunidad "no tiene más remedio que recurrir al Tribunal Constitucional ante las políticas de imposición del Gobierno de Pedro Sánchez".

"Pedro Sánchez impone y no escucha a las comunidades autónomas, solo escucha a un prófugo de la justicia, y, por tanto, no tenemos otra vía en la mayoría de ocasiones con cuestiones de trascendencia importante que recurrir al Tribunal Constitucional", ha señalado.

"Lo hicimos con la amnistía y lo tenemos que volver a hacer con este decreto sobre la acogida de menores por parte de las comunidades autónomas, porque además entendemos que hay razones jurídicas más que suficientes para la interposición de ese recurso de inconstitucionalidad", ha aseverado Ortuño.

Así, ha especificado que el recurso de la Región de Murcia contendrá "cuatro ejes principales", el primero de ellos centrado en que, según las palabras del dirigente regional, "no se puede regular por decreto ley una materia que afecta a derechos fundamentales" porque estos "requieren de una ley orgánica".

En segundo lugar, Ortuño ha precisado que el decreto ley "invade competencias de las comunidades autónomas en materia de protección de menores de acuerdo con la propia doctrina del Tribunal Constitucional".

El tercer argumento del recurso es "la imposición de una forma unilateral por parte del Gobierno de España del reparto de esos menores sin contar con la colaboración y la coordinación de las comunidades autónomas a través de la Corte Constitucional".

Por último, el cuarto motivo es que "no existe la financiación necesaria por parte del Gobierno de España para que las comunidades autónomas puedan asumir la atención y el cuidado de esos menores", según ha puntualizado Ortuño.

"En definitiva, tenemos que recurrir al Tribunal Constitucional porque no nos queda otra vía ante las políticas de imposición del Gobierno de Pedro Sánchez", ha enfatizado.

Preguntado sobre el modelo de acogida de menores migrantes no acompañados por el que apuesta la Comunidad, Ortuño ha comentado que "lo mejor es que estén en una familia o en un entorno lo más parecido a un hogar porque el objetivo fundamental no es otro que el interés general del menor".

Ha explicado que el modelo del Gobierno regional va en la línea del que defiende "la Unión Europea, Naciones Unidas, el propio Gobierno de España, a través del Ministerio de Juventud e Infancia, y el Defensor del Pueblo", y que aboga por que "los menores estén en acogimiento familiar o en un entorno lo más parecido a un hogar".

"Hay que tener en cuenta que estos centros de primera acogida se concibieron para un periodo transitorio y no para estancias prolongadas como sucede con el centro de Santa Cruz. Por tanto, la postura del Gobierno regional es que entendemos que lo mejor es que esos menores estén en una familia o en un entorno lo más parecido a un hogar", ha dicho Ortuño.

"El objetivo fundamental es garantizar el desarrollo personal y el bienestar emocional de esos menores. Y centros así, pues desde luego entendemos que no son el mejor lugar para que un niño crezca. Por tanto, ese es el planteamiento del Gobierno, por supuesto cumpliendo siempre lo que establece la legislación", ha agregado.

Además, ha precisado que en este modelo lleva trabajando la Comunidad desde 2020. "Ya que lo fundamental es garantizar el bienestar emocional y el desarrollo personal de esos menores en acogida, lo mejor para esos menores es que estén en familias o en un lugar lo más parecido a un hogar", ha concluido.