MURCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El defensor del Pueblo de la Región de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, destacó hoy la "velocidad de crucero" de esta institución, ya que desde enero de este año se han registrado más de 420 quejas, de las que "más de la mitad se están resolviendo y están totalmente terminadas".
Ruiz Abellán, que hizo estas declaraciones tras mantener un encuentro con el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel López Bernal, enmarcado dentro de la ronda de contactos que lleva a cabo dicha institución, puso de manifiesto, en este sentido, que las administraciones "están respondiendo con urgencia y prioridad", por lo que, sostuvo, "no podemos tener queja de cómo se están resolviendo".
El resto de quejas se están analizando o bien, enviando al Defensor del Pueblo de España al estar relacionadas con inmigración, temas que son competencias en el conjunto nacional.
En cuanto a la temática de estas quejas, Ruiz Abellán precisó que "dependen del momento del año", ya que en enero se relacionaron con la objeción de conciencia en Educación para la Ciudadanía, mientras que en los meses de julio, agosto y septiembre se relacionan con "la admisión de alumnos a colegios, de padres que no están de acuerdo con las decisiones tomadas y quejas referidas al cambio de curso".
También resaltó la problemática existente, y que ello deriva en quejas, de la contaminación acústica; un tema, comentó, sobre el que "debemos tomar especial atención".
Así, lanzó un mensaje a la administración local sobre todo, porque "los ciudadanos se quejan de determinadas circunstancias, de acontecimientos que se producen en los pueblos y que hay que tener cuidado en cuanto a su ubicación por el ruido".
Al hilo, el fiscal superior Manuel López Bernal recordó que la Fiscalía "ha sido pionera en estos temas de contaminación acústica y ya en su momento presentó una querella que terminó con la correspondiente condena".
Finalmente, Ruiz Abellán aseguró que seguirá trabajando a lo largo de toda la andadura de esta institución con la Fiscalía, ya que, explicó, la Ley establece que, en determinados momentos, el Defensor del Pueblo "deberá remitir a la Fiscalía los casos que entienda que pueden ser constitutivos de algún tipo de delito o urgencia de atención que así lo requiere".
De hecho, puntualizó que "en lo que llevamos de año se han remitido un par de ellos, como un tema de atención de atención al menor que requería cierta urgencia", tras lo que añadió que la Fiscalía "ha sido rápida en la resolución y respuesta al Defensor".
Por su parte, el fiscal superior mostró su deseo de que la relación con esta institución "sea más amplia y se ahonde en las posibilidades que la Ley del Defensor del Pueblo otorga para la mejor de la vida de los ciudadanos".