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Operación de la Policía Nacional, la Policía Local de Murcia y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra la explotación laboral en una nave de paquetería de la pedanía murciana de El Palmar - POLICÍA NACIONAL
MURCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
Una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Policía Local de Murcia y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha saldado con la detención de 19 personas y la identificación de otras 120 en una nave de paquetería de la pedanía murciana de El Palmar.
La intervención, realizada tras una investigación previa sobre explotación laboral, detectó graves irregularidades en la contratación y el cumplimiento de la Ley de Extranjería, según ha informado el Cuerpo.
Agentes especializados en la lucha contra la explotación laboral detectaron que un número significativo de ciudadanos extranjeros realizaba labores de carga y reparto de mercancía sin contar con la autorización administrativa necesaria.
Según las pesquisas, estos trabajadores operaban en un almacén de clasificación donde cada mañana acude un elevado volumen de furgonetas para la distribución masiva de envíos en la zona industrial.
Durante la inspección, la Policía Nacional localizó a 26 personas en situación irregular por falta de permiso de residencia y trabajo. De estas, 19 fueron detenidas formalmente por infracciones graves a la normativa vigente.
Asimismo, los inspectores de Trabajo detectaron el uso de la figura del 'falso autónomo', lo que ha derivado en la tramitación de 50 propuestas de sanción en materia laboral que serán valoradas por las autoridades competentes.
Por su parte, la Policía Local de Murcia levantó 18 propuestas de sanción por infracciones a la normativa de transportes durante el control de la flota de vehículos.
Además, se detectaron 12 casos de conductores que carecían de permiso de conducir homologado en España, lo que motivó la retirada de numerosas furgonetas al depósito municipal de vehículos.
La investigación inicial subraya que las condiciones de estos repartidores podrían ser constitutivas de un fraude laboral sistemático, al utilizar a personas en situación de vulnerabilidad para cubrir la demanda de reparto sin las garantías legales obligatorias.