MURCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
El fiscal ha pedido penas que suman 11 años, 10 meses y un día de prisión para el alcalde de Totana, José Martínez Andreo, por los delitos de falsedad de documento público, fraude, infidelidad en la custodia de documentos, obstrucción a la justicia y amenazas, que se enmarcan en las actuaciones de la 'Operación Tótem', en la que se destapó en noviembre de 2007 una presunta trama de corrupción urbanística en dicha localidad.
En concreto, en el primero de los escritos del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, se solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial respecto a la persona del primer edil, que permaneció en prisión dos meses tras abonar una fianza de 70.000 euros, al tiempo que fue dado de baja en la dirección regional del PP, aunque continúa gobernando con el apoyo del partido.
Las razones del escrito de acusación, según entiende el fiscal, responden, en primer lugar, a un delito de falsedad de documento público por la posible "adjudicación irregular" en las obras de varios colegios de Totana, entre los que figuran dos aulas del centro de 'San José'. Por dicho delito, el fiscal procede que se imponga la pena de cuatro años de prisión.
El Consistorio decidió antes del verano de 2006 que se realizaran obras en diferentes colegios públicos, entre ellos el anteriormente citado, para lo que era preceptivo que se incoara el correspondiente expediente de contratación pública, aunque Martínez Andreo, por aquel entonces edil de Obras e Infraestructuras, contactó con un empresario conocido suyo, Pedro José Martínez, quien ostentaba la representación de la empresa 'UCOM 2005 S.L.', para que las llevara a cabo.
En esa misma época, el Ayuntamiento tenía previsto firmar un convenio urbanístico de 'La Costera' entre cuyos firmantes se encontraba Pedro José Martínez, de UCOM, como propietaria de parte de los terrenos objeto del acuerdo, en el que se estableció que los propietarios de las parcelas abonarían al Consistorio 6,1 millones de euros, cantidad que iría destinada a la construcción de un vial y otras infraestructuras.
Entre estas obras, Martínez Andreo incluyó las obras del colegio 'San José', quedando fijado en el convenio que aprobó la Junta de Gobierno local y se firmó el 19 de septiembre de ese año. Sobre esta cuestión, el fiscal expone que "hasta tal punto estaba claro que las obras del colegio estaban ligadas al citado convenio y que iban a compensarse con la citada deuda que tenía la empresa y que consta en acta del Consejo de Administración de UCOM, que se establece que se tenían que realizar con más premura a cambio de la firma del convenio urbanístico".
Durante el curso de las obras, el PSOE de Totana denunció ante los medios la posible adjudicación irregular de estas obras, por lo que Martínez Andreo desligó estas obras del colegio del convenio urbanístico firmado.
No obstante, tras las reiteradas solicitudes del PSOE de acceder a la documentación de estas obras, tanto Martínez Andreo como el representante de UCOM "se inventaron la burda tesis de que tales obras, sobre las que existía ya partida presupuestaria aprobada, se iban a realizar de forma gratuita por la adjudicataria, lo cual estaba muy alejado de la realidad". Toda esta operación derivó en 2007 en los juzgados de Totana, donde el PSOE municipal denunció a José Martínez Andreo.
La segunda de las acusaciones del fiscal se refieren al fraude por una operación de compra-venta de la parcela de la empresa Prados de Caravaca S.L. a UCOM 2005 S.L., por la que procede a imponer la pena de dos años de prisión.
Según el Ministerio Fiscal, Martínez Andreo, en su condición de concejal del Consistorio en mayo de 2007 y como alcalde desde junio de ese mismo año, "era perfectamente conocedor desde el principio de la maniobra que se estaba llevando a cabo entre Los Prados de Caravaca S.L. y UCOM 205 S.L., siendo incluso consultado de la forma de hacer la operación al estar interesado en la adquisición de la parcela".
Por tanto, "se llegó incluso al acuerdo con los demás acusados en autorizarles la operación, pese a ser conocedor que la plusvalía que se generaba por esta operación rondaba los tres millones de euros que podrían revertir a favor del Ayuntamiento".
Finalmente, la venta en escritura pública de Ofrisa a UCOM "no consta que se llegase a firmar, no constando si el citado consejo de administración se llegó a manifestar al respecto", aunque, en opinión del fiscal, "todos los acusados eran conocedores de la situación de gran demanda de suelo industrial por los empresarios de la zona, existiendo lista de espera".
La tercera de las acusaciones por las que el fiscal entiende que Martínez Andreo es culpable de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, que contempla una pena de dos años y seis meses de prisión, se fundamenta en una "burda maniobra" entre el alcalde, un amigo --Diego Carrión-- y el oficial de la Policía Local, Alfonso Canales.
En concreto, el alcalde intermedió con el oficial de dicho Cuerpo para que no se tramitara en el juzgado una denuncia interpuesta contra Diego Carrión por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
En total, por los delitos de falsedad de documento público, fraude e infidelidad en la custodia de documentos el Ministerio Fiscal entiende que procede imponer una pena que sumaría ocho años y seis meses de prisión.
AMENAZAS Y OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA
El segundo escrito del fiscal contempla los delitos de obstrucción a la justicia, por el que se piden dos años, seis meses y un día de cárcel; además de amenazas, que contempla una pena de diez meses de prisión.
Estos delitos responden, a juicio del fiscal, a las actuaciones que tanto el regidor totanero como el edil de Industria y Deportes, José Antonio Valverde Reina, realizaron contra el concejal socialista, Alfonso Martínez Baños, el denunciante de la operación de corrupción urbanística en Totana.
Sostiene que a raíz de la operación Totem y tras hacerse público que la persona que interpuso la denuncia fue Martínez Baños, "determinados imputados procedieron a iniciar una serie de hechos tendentes a tratar de represalias a toda costa y de cualquier manera al denunciante".
Así, una de las acciones que tanto el regidor totanero como el concejal Valverde realizaron fue, "aprovechándose del cargo público y el poder que ostentaban", mandar una carta, dirigida desde la Concejalía de Deportes, a la atención de Roque Aledo, representante de las empresas Urbansport y Cade, en las que Martínez Baños era gerente.
En dicha misiva se comunicaba que el Ayuntamiento "borraba" toda relación con estas empresa, que había sido contratada para varios trabajos, puesto que en sus 15 años de existencia había sido cliente habitual del Ayuntamiento de Totana, en compras y realización de obras, a través de los procedimientos legalmente previstos.
Pero "no contentos con ello", dice el fiscal, los imputados emitieron un comunicado en los medios de la localidad, poniendo como fuente el PP de Totana, en los que manifestaban que "no les sorprende que la sede de esta estrategia política contra el citado partido de acoso judicial y procesal sea la empresa Cade, constituida antes de 1997 por Martínez Baños siendo concejal del Consistorio, donde trabajan ex alcaldes y altos cargos del PSOE local".
A tenor de la preocupación de los empresarios de Cade por el "evidente perjuicio que esto podía llevar a su empresa y sus más de 200 trabajadores", el propietario mayoritario de la misma, Francisco Vicente Lozano, pidió una reunión con el alcalde para aclarar lo que ocurría y "dejara en paz a la empresa".
Celebrado este encuentro, al que acudió el alcalde y el edil de Deportes, éstos instaron a la empresa a que despidiera a Martínez Baños, porque de no ser así "actuarían en contra de la empresa"; por lo que el accionista mayoritario de Cade se sintió "intimidado".
