Garre y Martínez (Vox) integran la ponencia que estudiará si la Asamblea se persona ante el TC por Ley de Participación

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos ha aprobado este viernes la designación de los diputados de Vox Alberto Garre y Rubén Martínez como miembros de la ponencia que elaborará el informe a partir del cual se decidirá si la Asamblea Regional se persona o no ante el Tribunal Constitucional y si formula alegaciones frente a los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2025 de Participación Institucional de Sindicatos y Patronal.

El portavoz del PP, Joaquín Segado, ha acusado al Gobierno de España de utilizar el recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley 5/2017 "para confrontar con las comunidades autónomas gobernadas en su mayoría por el Partido Popular" y "tapar la corrupción que corroe los cimientos de nuestro Estado de Derecho".

Segado ha defendido que la reforma "lo único que hace es eliminar la obligatoriedad de subvencionar a los sindicatos" y ha sostenido que la nueva regulación "favorece la transparencia", al dirigir las subvenciones "a proyectos concretos que beneficien al conjunto de la sociedad".

Ha calificado al Ejecutivo central como "el Gobierno más opaco de la democracia", al que ha acusado de "sectarismo ideológico", y ha recordado que la ley fue aprobada "por dos tercios de los representantes de los ciudadanos de la Región de Murcia en esta Cámara".

El dirigente 'popular' ha asegurado que el Ejecutivo central pretende que "no se hable de la corrupción" que afecta al PSOE y ha adelantado que, ante el Constitucional, "pleitearemos con el Gobierno para defender las decisiones que voluntariamente adoptaron" los diputados regionales al aprobar la reforma de la ley de participación institucional.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha denunciado la "utilización partidista" que, a su juicio, hacen PP y Vox del Parlamento y de los servicios jurídicos de la Cámara.

Ha recordado que en febrero de 2025 Vox registró una primera proposición de ley que motivó un informe jurídico de la Asamblea en el que se advertía de que el texto "suponía una carga y limitación" para las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y que "podría afectar a la libertad" que el artículo 7 de la Constitución reconoce a sindicatos y patronal.

Fernández ha explicado que, a raíz de ese informe, el PP pidió a Vox en el Pleno que retirara aquella iniciativa y la formación la retiró.

Sin embargo, ha señalado que en junio de 2025, "casualmente en medio de la negociación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2025 entre Partido Popular y Vox", la proposición se volvió a presentar "prácticamente en los mismos términos", esta vez sin que se emitiera una nueva nota jurídica pese a que el Grupo Socialista la reclamó y pidió aplazar la votación.

La parlamentaria socialista ha incidido en que su grupo anunció entonces que promovería un recurso de inconstitucionalidad porque, a su juicio, la ley "pretende eliminar la participación sindical, amordazar a los trabajadores, silenciar su voz e ir eliminando poco a poco derechos que tanto trabajo ha costado conseguir".

Ha detallado que 50 diputados socialistas en el Congreso han presentado recurso ante el Tribunal Constitucional, al igual que el Gobierno de España, y que ambos han sido admitidos a trámite.

Además, ha subrayado que el Constitucional "ha suspendido la aplicación de la ley a petición del Gobierno de España", lo que, en su opinión, "deja prácticamente claro que se trata de una norma inconstitucional que PP y Vox intentaron colar por la puerta de atrás para sacar adelante los Presupuestos de 2025".

El diputado de Vox, Rubén Martínez, ha centrado sus críticas en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha definido como "el presidente más indecente, corrupto y traidor, acorralado por todos los casos de corrupción del Partido Socialista".

Ha afirmado que el recurso ante el Constitucional busca "eliminar la voluntad de la mayoría de los ciudadanos de la Región de Murcia" expresada en la Asamblea.

Martínez ha cargado contra la Ley de participación institucional vigente, que, según ha dicho, reconoce "por derecho propio" a sindicatos y patronal el acceso a fondos públicos revalorizados año a año según el IPC.

Ha contrapuesto esa situación, con "sindicatos y patronal que tienen garantizado que van a cobrar de todos nuestros impuestos el dinero que consideren oportuno por encima del millón de euros para financiar sus reuniones, desayunos y sus croissants", con los problemas de vivienda y de pérdida de poder adquisitivo que sufren los ciudadanos.

El diputado de Vox ha recordado que su formación "no se fía del Partido Popular", citando como ejemplo Castilla y León, donde, según ha señalado, tras la salida de Vox del Gobierno regional el PP "restauró todas las ayudas a sindicatos y patronal".

En este contexto, ha propuesto que los miembros de Vox en la Comisión de Asuntos Generales, el expresidente regional Alberto Garre y él mismo, sean los ponentes encargados de elaborar el informe sobre la respuesta de la Asamblea al recurso.

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, ha adelantado que su formación "no va a apoyar de ninguna de las maneras" la personación de la Asamblea en defensa de la reforma.

Ha criticado que se trate ya de "la segunda vez" que se recortan los fondos que el Gobierno regional destina al mantenimiento del diálogo social y ha defendido que la Ley de participación institucional "recoge ni más ni menos que un principio constitucional", al establecer que la elaboración normativa se hace "de manera participativa", con sindicatos, empresarios, asociaciones y otros colectivos.

Álvarez-Castellanos ha insistido en que esa participación exige "poner encima de la mesa medios y recursos", recordando que sindicatos como CCOO y UGT deben acudir "a más de 90 o 100 organismos diferentes" con propuestas trabajadas, para lo que se precisa tiempo, dedicación y, en ocasiones, asesoramiento técnico.

Ha rechazado que se trate de "subvenciones o privilegios" y ha calificado la reforma de "ataque frontal" contra los sindicatos, a los que ha descrito como "una de las patas sobre las que se sustenta nuestra estructura democrática, igual que los partidos políticos o la patronal".