Gobierno murciano valora si se dan condiciones para asumir "con absoluta garantía" las transferencias de Justicia

MURCIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Manuel Campos, confiesa en una entrevista concedida a Europa Press que el tema de las transferencias de Justicia se encuentra actualmente paralizado. Aunque el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, ha solicitado una reunión de trabajo con el ministro Alberto Ruiz-Gallardón para valorar si se dan las condiciones "que nos permitan asumirlas con total y absoluta garantía, y la situación económica lo permite", explicó.

Pero, "en estos momentos no es una prioridad del Gobierno regional", subrayó el consejero del ramo, quien manifestó que "es un tema que hay que estudiar, valorar y planificar en profundidad".

En la misma línea se manifestó hace unas semanas, en declaraciones a Europa Press, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya, quien señaló que "ahora no es un tema prioritario, sino una cuestión que queda pendiente, dado que debe hacerse en un contexto de suficiencia económica".

Algo que ha criticado Manuel Campos, porque, a su juicio, este es un tema que corresponde determinarlo al Gobierno regional. A lo que añadió que el presidente del TSJ "ha ido modificando su posicionamiento en atención de los distintos momentos del proceso de transferencias".

Recuerda, al respecto, que en el año 2009 se mostró "muy favorable" pero en sus últimas declaraciones "dice que no es prioritario".

Por lo que, apostilló Manuel Campos, el presidente del TSJ "coincide con la valoración del Gobierno regional y principalmente del presidente Valcárcel", puesto que, señaló, "no se dan las condiciones económicas y sociales que nos permitirían asumir las transferencias sin ningún tipo de riesgo".

LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DEL PGE DE 2011

En el año 2007 el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, ofreció a Manuel Campos la posibilidad de que se integrara en su proyecto político y formara parte de su lista en la Asamblea Regional y retomara el tema de las transferencias de Justicia.

Tras meses de trabajo, hizo hincapié el consejero, y ante la previsión de asumir las competencias de Justicia el 1 de enero de 2011, el Gobierno central incluyó en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2011 una disposición adicional por la que "se establecía que los convenios y pagos únicos que tuviera que realizar la Administración central quedarían sujetos a los criterios del déficit", argumentó Campos.

Por lo tanto, añadió el consejero de Presidencia, "no se nos garantizaba que los convenios anexos al Decreto de Transferencias se pudiera hacer efectiva el día que éstas se asumían".

CIUDAD DE LA JUSTICIA: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2012

Por otra parte, el consejero de Presidencia ha valorado positivamente la inversión realizada en la Ciudad de la Justicia porque "permitirá integrar en un solo edificio a más de 50 unidades judiciales, con lo que se acabará con la dispersión", aunque, en su opinión, la posibilidad de expansión es prácticamente "imposible".

Y es que, según Campos, debería haberse tenido una previsión de futuro y haber buscado una zona que hubiera permitido un desarrollo a 10-15 años.

En unos años, auguró, "podríamos tener algún problema si la planta judicial creciera al ritmo que lo ha hecho, por lo que en poco tiempo tendríamos que arbitrar nuevas soluciones".

Campos calcula que entre septiembre y diciembre de este 2012 podría estar en funcionamiento la Ciudad de la Justicia, aunque la previsión inicial era primer semestre de este año, ante los retrasos ordinarios.

En cuanto a la crítica de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ sobre el Estatuto de Autonomía, el consejero señala que aunque la Comunidad lo hubiera previsto faltaría otro requisito para que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia pudiera haber asumido esa competencia.

Pero, apuntó, "no queda duda de que vamos a legislar en materia civil como en materia de tutela compartida de parejas de hecho y la reforma del Estatuto posibilitará que estemos al mismo nivel que otras comunidades".

NO HAY MÁS CASOS DE CORRUPCIÓN EN MURCIA

En otro orden, Campos ha asegurado en declaraciones a Europa Press que no hay más casos de corrupción en Murcia que en otros lugares de España, "tenemos 45 ayuntamientos en la Región de Murcia, y casos de corrupción en cinco", argumentó, "además también tenemos muchas causas archivadas"; así aseveró, "lo importante es que funcione el Estado de Derecho".

Tras lo que manifestó que la corrupción es un modo de comportamiento del ser humano desviado, "que merece ser corregido, investigado y sancionado".

Sobre el caso Limusa, el consejero Manuel Campos opinó que quizás "deberíamos tener los medios y establecer las reformas para que la actuación procesal en el ámbito penal tuviera mayor celeridad. Según el consejero y fiscal, "tenemos que actualizar nuestro sistema penal".

Según Campos, la corrupción siempre ha existido y va a existir, lo importante es que se investigue, se pueda llevar a juicio a los implicados y se pruebe lo ocurrido. No cree que haya en Murcia ni más ni menos, lo importante es que no se vuelvan a producir y la actuación de la justicia puede impedirlo.

Opina que la justicia en España funciona, aunque, a su parecer, "si a Baltasar Garzón lo hubiera enjuiciado un jurado, lo hubiera absuelto y si a Francisco Camps, lo hubieran enjuiciado un tribunal técnico lo hubiera condenado".

Preguntado por si habría que replantearse la cadena perpetua, Campos indica que ésta "sería inconstitucional", atendiendo al artículo 25 de la Constitución Española, ya que las penas están orientadas a la rehabilitación y reinserción social.

Una prisión permanente o revisable con el establecimiento por la Ley de los tramos de revisión sería "constitucional", es una opción legislativa, continuó Campos, "y se valora positivamente como se está haciendo en otros países como Alemania y Francia, siempre y cuando se trate de delitos que producen alarma social, que están castigados con penas muy graves y existe un pronóstico negativo respecto a la rehabilitación y reinserción social".

Sobre la Ley del Aborto, señala que, "por razones lógicas y de coherencia con el sistema español de capacidad jurídica y de edad", es conveniente contar con el consentimiento de los padres, "ya que la capacidad civil del mayor de 16 y menor de 18 está limitada en nuestra legislación", por lo tanto lo considera "una reforma aceptable".

Asimismo ve positiva la Ley del Menor y tacha de "coherente" que a menores y mayores se les enjuicie en el mismo ámbito procesal, aplicándole a cada uno la legislación que le corresponde. Esto puede evitarnos muchas rupturas de la continencia de la causa que pueden determinar sentencias respecto a los mismos hechos contradictorias entre menores y mayores", apuntó.

En cuanto a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por el Parlamento permitirá que jueces y fiscales que pidan una excedencia voluntaria para desempeñar un cargo político o público sean considerados en situación de servicios especiales, el consejero se ha postulado a favor y señala que es una reforma "totalmente razonable", de la que sale beneficiado.

Tras lo que señaló que "la política no contamina" y estar "encantado" con su puesto dentro del Gobierno regional. "Sigo siendo el mismo, pero ahora trabajo en otro ámbito, disfrutando de esta etapa, que también es apasionante", argumentó el consejero, que confesó que no echa de menos su etapa como fiscal y que permanecerá "el tiempo que el presidente Ramón Luis Valcárcel estime oportuno".