IU-V tilda de "engaño" el decreto de vivienda asequible: "Vuelve a dejar en manos del mercado la solución del problema"

MURCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia ha calificado el nuevo decreto-ley de vivienda asequible del Ejecutivo autonómico como "un engaño a la ciudadanía que vuelve a dejar, de nuevo, en manos del mercado la solución del problema", según ha informado la formación política en un comunicado.

Para la formación de izquierdas, con esta norma, la Comunidad "renuncia, de nuevo, a cumplir con el mandato constitucional" y delega la responsabilidad en la iniciativa privada, a la que señala como "causante del problema" junto con la "inacción" del Gobierno regional.

"Se trata de una propuesta orientada a movilizar, una vez más, la oferta privada de vivienda, camuflada de una supuesta categoría de vivienda protegida que, sin embargo, no se estará sujeta al procedimiento formal de calificación propio de esta categoría de viviendas", ha dicho la coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna.

A su juicio, "esto supone, además de un fraude a la ciudadanía, no centrar el problema fundamental de acceso a la vivienda y las causas que lo han provocado".

La dirección de la formación de izquierdas ha explicado que la propuesta está orientada a "movilizar, una vez más, la oferta privada de vivienda, camuflada de una supuesta categoría de vivienda protegida".

Según ha denunciado, estos inmuebles "no estarán sujetos al procedimiento formal de calificación propio de esta categoría", lo que supone "un fraude a la ciudadanía" que evita centrar "el problema fundamental de acceso a la vivienda y las causas que lo han provocado".

Asimismo, IU-Verdes ga criticado que el Gobierno autonómico acumula "más de una década renunciando a cualquier tipo de política de vivienda pública", al dejar en manos de la iniciativa privada toda la promoción.

Por ello, la formación ha considerado "inadmisible" que se intente "situar la responsabilidad del problema de la vivienda en el gobierno central", dado que la comunidad posee las competencias exclusivas y "renuncia a aplicar las normativas estatales, como el control de los alquileres", mientras el "mercado especulativo" ejerce como "causante directo del alza desproporcionada de los precios".

Al respecto, el partido ha señalado el descenso de la aportación regional a los planes de vivienda desde 2013, que pasó de 19 millones de euros a "solo 6,3 millones en el plan 2022-25".

La dirección de la organización ha resaltado que la propuesta es "de todo menos asequible". El cálculo del precio sobre el metro cuadrado construido y no sobre el útil "encarece el precio final un 20% añadido o reduce el tamaño de la vivienda en ese mismo porcentaje".

Con el módulo fijado en 1.840 euros, el coste total se situará "en torno a los 230.000 euros", un importe que "queda fuera del alcance de los salarios del 75% de los murcianos y murcianas".

En materia de arrendamiento, la formación incide en que la norma "ni siquiera ofrece respuestas". El texto establece un alquiler máximo inicial de 700 euros para un piso de 70 metros cuadrados construidos y de 900 euros para uno de 90 metros cuadrados construidos, importes que "son iniciales y se revisarían cada año".

Además, la organización ha alertado de que el decreto "relaja las condiciones de protección", de forma que en el plazo de cinco años se podrá "revertir la calificación de protegidas, pudiendo así especular con ellas".

Por otra parte, la formación ha advertido de que el aumento de edificabilidad "choca con la mayoría de planes urbanísticos municipales de protección de los cascos históricos" y concede "muy escaso tiempo a los ayuntamientos" para su pronunciamiento antes de su aplicación automática.

Finalmente, Izquierda Unida-Verdes ha calificado de "inconstitucional, xenófoba y discriminatoria" la propuesta de "prioridad nacional" aceptada en el texto, una medida que "abre la vía del recurso de inconstitucionalidad" que la formación va a "explorar y analizar de inmediato".

Asimismo, el partido ha censurado el uso del decreto-ley porque "pervierte el sentido de esta fórmula legislativa" y "cercena de raíz la participación política", por lo que solicitará su tramitación como proyecto de ley en la Asamblea Regional.