Presidente CES España ve necesario el proceso de regularización extraordinaria y Murcia pide que se retire

MURCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas, considera que el proceso de regulación extraordinaria es "necesario" y advierte que "es la única manera de incorporar a la población regular con todos sus derechos y deberes, que en este momento no lo tiene, es el componente de irregularidad". Sin embargo, desde el Gobierno regional el secretario general de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, Nicolás Gonzálvez, ha pedido que "se retire esa regularización masiva y se vuelva a la senda europea".

Así lo han manifestado momentos antes de presentar el informe 'El impacto económico de la inmigración en la Región de Murcia', acompañados del presidente del CES de Murcia, José Antonio Cobacho. Costas ha recordado que España lleva ya seis regularizaciones extraordinarias, "independientemente de los gobiernos que han estado al mando del país", pero Gonzálvez ha puntualizado, al hilo, que "es la más laxa de todas las que ha promovido un Gobierno".

En esta línea, el presidente del CES a nivel nacional ha hecho mención a países como Alemania, Francia, Reino Unido o Italia, que "llevan 60 ó 70 años enfrentándose a esta corriente inmigratoria", frente a España, que lleva 20 años.

Considera Costas que "la irregularidad es el elemento pernicioso de la inmigración; es dramático para las propias personas que no tienen papeles".

A la vez, ha manifestado, "es un despilfarro de energías y de capacidades para el país en la medida en que la población que está en situación de irregularidad es aquella que no puede trabajar legalmente, que se ve más explotada y que tiene más probabilidades de estar en situación de precariedad".

Por lo tanto, ha dejado claro que "poner en marcha algún instrumento, ya sea una regularización, una nueva u otro, es fundamental para sacar de la situación de irregularidad a cientos de miles de personas que padecen la precariedad por ese motivo".

Desde el Gobierno regional, por contra, se ha defendido su apuesta por "afrontar la inmigración desde la sensatez, la regularidad, el orden y la exigencia de que esas personas deben contribuir a la economía y a la sociedad del país y estar integradas culturalmente en la nación".

De ahí que haya justificado las alegaciones que se presentaron al Real Decreto por el que se regulaba esa regularización masiva, dado que, según cifras de la Policía Nacional, "estaríamos hablando de incluir hasta 1,2 millones de personas más con carácter regular en España".

"Los servicios públicos, la cohesión social, la percepción de la seguridad ciudadana que tienen los vecinos, se verán tensionados por esa regularización que se ha hecho a espaldas del debate público", ha denunciado Gonzálvez, que ha criticado que se haya "hurtado" el debate parlamentario, "básico" en una democracia.

También ha reprobado que "se haya dejado al margen a las comunidades, las administraciones territoriales que tenemos que prestar esos servicios que se tensionarán como consecuencia de esa entrada de 1,2 millones de personas en el sistema".

Y es que, advierte, "no hay financiación para ello, no se ha hecho una elaboración del impacto económico que tendría ni tampoco una evaluación de cuál es el impacto también en términos de servicios públicos tanto en sanidad, como en educación o prestaciones sociales".

Por ello, ha reclamado que "se retire esa regularización masiva, se vuelva a la senda europea, que dejemos de estar aislados del contexto europeo y se retome lo que marca el Pacto Europeo de Migración, liderado bajo la presidencia del Gobierno de Sánchez en 2023, pero que se niega a implantarlo".

España, ha subrayado, "es uno de los países que están quedando aislados en cuanto a esas medidas que marcan la hoja de ruta europea, que es una mayor cooperación internacional, mayor exigencia cultural y de integración económica en los países de entrada y un refuerzo del control de las fronteras y de lucha contra las mafias de seres humanos".