La consulta pública, que tuvo lugar del 28 de octubre al 24 de noviembre, recogió 540 encuestas
MURCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un total de 532 personas y ocho entidades han realizado 704 aportaciones al proceso participativo que pretende recabar sugerencias para solucionar las necesidades de la administración de Justicia en materia de personal, materiales, nuevas tecnologías o actualización formativa y de nuevas capacidades, así como sobre el fomento de la mediación, entre otras materias.
En concreto, han participado 532 personas a título individual y ocho entidades: Unidas Podemos-Izquierda Unida Verdes-Equo Cartagena, el Colegio profesional de Criminología, Aspanpal, Fasen, UGT, el Colegio Oficial de Psicólogos, el Colegio profesional de Ingenieros de la Informática y el Colegio Oficial de Trabajo Social.
Así lo ha hecho saber la consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz Ballesteros, quien ha recordado que este proceso arrancó el pasado mes de septiembre, cuando el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM), Miguel Pasqual del Riquelme, y el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, aprovecharon el acto de apertura del año judicial para poner de manifiesto las necesidades de la administración de Justicia en la Región e instaron a los poderes públicos a que les apoyaran en esta labor.
El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, se hizo eco de esta petición y constituyó una comisión técnica para alcanzar un Pacto Regional por la Justicia, integrada por el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, y la propia Ballesteros.
Con el fin de alcanzar este Pacto Regional de la Justicia, se ha celebrado una consulta pública que ha tenido una fase deliberativa, en la que se han celebrado 15 reuniones con 47 colectivos; y un proceso participativo ciudadano a través de la plataforma participa.carm.es.
La finalidad es "tener un documento que sea un clamor social que puedan hacer suyo el mayor número de entidades sociales, judiciales y académicas de la Región para acudir a la Administración del Estado, que es quien tiene las competencias, para que dote de medios a la administración de Justicia en la Región", ha indicado Ballesteros.
FASE DELIBERATIVA
Ha destacado que la primera fase que terminó la semana pasada fue la de carácter deliberativo, que consistió en la reunión con 54 entidades del ámbito judicial, social, académico, administrativo, empresarial o sindical a lo largo de 15 reuniones.
En concreto, la ronda de encuentros ha contado con representantes de las cámaras de comercio de Murcia y de Cartagena; de los colegios de procuradores y abogados de Murcia, Cartagena, Lorca y Yecla; de los colegios oficiales de graduados sociales, criminólogos, notarios y registradores; así como de las asociaciones de fiscales, de jueces y de magistrados.
También participaron representantes de letrados de la Administración de Justicia; organizaciones sindicales; del Instituto de Medicina Legal; de la Policía Judicial; del Consejo Jurídico; del Consejo de Hombres Buenos; de la Academia de Legislación y Jurisprudencia de Murcia; de las facultades de Derecho de la Universidad de Murcia y de a Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM); así como de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
Asimismo, tomaron parte en estos encuentros la Unidad de mediación intrajudicial; la Federación de asociaciones de amas de casa y consumidores; las asociaciones de víctimas del terrorismo; la Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social; la Asociación contra la violencia doméstica; la Abogacía del Estado; la Tesorería General de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria; y de la Federación de Municipios.
CONSULTA PÚBLICA
Por otro lado, se ha desarrollado una consulta pública ciudadana que comenzó el 18 de octubre y que concluyó el pasado domingo, 24 de noviembre, en la que ocho entidades y 532 personas físicas pudieron realizar todas las aportaciones, sugerencias o ideas que consideraron oportunas.
En esta consulta pública se plantearon cinco cuestiones que podían rellenar todos los ciudadanos, y también podían hacer cualquier aportación que consideraran relevante. Además, estos participantes plantearon las necesidades en medios personales, materiales, en nuevas tecnologías, en capacitación y formación, así como el incentivo en mediación.
Por sexos, el 50% de los participantes en la encuesta fueron varones y el 44% fueron mujeres; mientras que, por edad, los más participativos se encontraron en la horquilla de los 40 a los 49 años (36%), de los 50 a los 59 años (27%), de los 30 a los 39 años (18%), de 60 a 69 años (10%) y de 20 a 29 años (7%).
Por poblaciones, han intervenido vecinos de 35 municipios y, en concreto, el de Murcia ha concentrado el mayor número (284 intervenciones), Cartagena (66) y Molina de Segura (32), Lorca (16), San Javier (12) y Alcantarilla (11).
En función de los niveles de estudios, la mitad de los participantes fueron titulados universitarios, seguidos de las personas que titulan un máster (23%), los que tienen nivel de Bachiller, FP o módulo equivalente (14%) y los doctorados (10%).
En relación al trabajo que desempeñan los participantes, el 46% fueron empleados públicos, el 27% son trabajadores asalariados del sector privado, el 12% son autónomos, el 5% están en desempleo, otro 5% son jubilados, el 3% no lo especifica y solo un 2% son estudiantes.
Al ser preguntada por las demandas o propuestas más reiteradas, Ballesteros ha señalado que es "muy prematuro" aventurar las propuestas porque "hay que realizar los informes oportunos". En las reuniones, no obstante, la Plataforma solicitó a los participantes que remitieran por escrito sus propuestas y sugerencias.
En la consulta pública, del 2 al 15 de diciembre "se realizará un informe de participación ciudadana en el que se valorarán las participaciones". De esta forma, el informe definitivo de aportación ciudadana estará listo previsiblemente el 15 de diciembre y, a partir de ese momento, volverá a ser sometido a la valoración de los colectivos participantes para corregir cualquier punto espinoso con el fin e lograr el consenso.
Posteriormente, el documento definitivo pasará por el Consejo de Gobierno y, a continuación, pasará a la asamblea legislativa, desde donde se dará traslado a la Administración del Estado.
PROCESO PARALELO DEL CES
Este proceso se desarrolla de forma paralela al que impulsa el Consejo Económico y Social (CES), órgano que ya había recibido el encargo del TSJRM para redactar un informe en el que se quiere cuantificar cuál es el impacto económico que tiene la Región de Murcia como consecuencia de la falta de medios de la administración de Justicia.
"Hemos de ser conscientes de que, en la administración de Justicia, se ve al final implicada toda la sociedad", de forma que los retrasos tienen un impacto económico, de competitividad y de inversión, según Ballesteros.
