Publicado 09/08/2015 11:16CET

El PSOE pide en la Asamblea que se declare la caducidad de la concesión a la mercantil Puerto Mayor

Joaquín López
EUROPA PRESS

MURCIA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López Pagán, ha presentado una moción en la Asamblea Regional sobre las concesiones concedidas a la empresa Puerto Mayor S.A, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

López insta al Consejo de Gobierno a que adopte las medidas y las decisiones procedentes para reponer la zona del denominado proyecto de Puerto Mayor a la situación anterior a 16 de Diciembre de 1988, declarando la caducidad de la concesión concedida a dicha empresa y reparando los daños medioambientales causados en la zona.

El diputado socialista recuerda en su moción que el 4 de julio de 1975, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó una resolución por la que se autorizaba a la mercantil Puerto Mayor, S.A., a que ejecutara la construcción y explotación de un puerto deportivo en la costa del Mar Mediterráneo de la Manga del Mar Menor, en el 'El Estacio', situado en el término municipal de San Javier.

Se otorgaba de esa forma una concesión administrativa por un plazo de cincuenta años, debiendo desarrollarse las obras según un proyecto que databa del año 1973, obras que por distintas razones fueron prorrogadas hasta en dos ocasiones, sufriendo distintas vicisitudes por razón de procedimientos judiciales que de una u otra forma dilataron cualquier actuación sobre el proyecto.

López señaló que con nuestro Estatuto de Autonomía en vigor, se aprobó el traspaso a nuestra Comunidad Autónoma de las competencias en materia de aeropuertos y puertos deportivos, fijando en esa relación de competencias la concesión de Puerto Mayor.

Posteriormente, en Resolución de 16 de diciembre de 1988, el director general de Carreteras de la Región autorizó a Puerto Mayor a una prórroga de sesenta meses para realizar las obras con un nuevo proyecto reformado.

Esta resolución fue anulada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad en fecha 22 de junio de 1989, y anulada a su vez por la Sentencia 410/1996 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia, que tras la intervención de la Dirección General de Costas del Ministerio de Fomento y un largo proceso judicial ha devenido finalmente en el mandato imperativo que pesa sobre el Gobierno regional, de proceder a la declaración de nulidad de oficio de la referida resolución de diciembre de 1988, así como la conocida resolución dictada por la Dirección General de Calidad Ambiental de fecha 9 de Octubre de 2.003.

López denuncia que transcurridos 39 años, "la falta de acción del Gobierno regional del PP y su complicidad con la irregular situación que ha vivido este proyecto ha llegado al punto de haber agotado todos los plazos y posibilidades y declarar la caducidad de la concesión, dejar sin efecto las resoluciones que permitieron la realización de las obras en la zona en cumplimiento de las sentencias que así lo indican, así como exigir la reparación de los daños medioambientales irrogados".