El PSRM denuncia que la Administración regional "tiene 76 sentencias por cesión ilegal de trabajadores"

MURCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, ha anunciado este lunes que va a presentar una moción en la Asamblea Regional con la que va a "exigir responsabilidades al Gobierno regional por la situación que han producido" respecto a "la repetida ilegalidad en la contratación de trabajadores" ya que la Administración regional "tiene 76 sentencias por cesión ilegal de trabajadores".

"Si ha habido una infracción administrativa muy grave del estatuto de los trabajadores, si ha habido una cesión ilegal de trabajadores y despidos nulos e improcedentes; sean los responsables que los han contratado y quien ha mirado para otro lado, los que paguen la sanción, todas aquellas cuantías que tengan que percibir legalmente los trabajadores", ha dicho.

García Retegui recuerda que lleva unos cuatro años denunciando la "situación de personas -que pertenecían a asistencias técnicas- a las que se les obligaba a darse de alta de autónomos y se establecía con ellos un contrato de naturaleza administrativa cuando en realidad estas personas venían a desempeñar puestos de trabajo estables de la Administración regional que deberían haber sido ocupados por un funcionario, un empleado público o un laboral".

Hace más de un año el Gobierno regional "empezó a despedir a esos trabajadores", como apunta la portavoz socialista.

El PSOE ha preguntado a través de iniciativa parlamentaria "cuántas sentencias se han producido por despido improcedente, cuántas por nulo y cuántas por cesión ilegal de trabajadores; así como el coste de los salarios tramitación y el coste real total que la administración regional tiene que pagar por esas irregularidades en la contratación".

"La administración regional reconoce que tiene 76 condenas, en unos casos por despido improcedente, en otros casos por despidos nulo, otros por despido nulo por contratación ilegal de trabajadores, en otros casos por despido improcedente por contratación ilegal de trabajadores". Retegui incide en que "en cualquiera de ellos, en las 76 sentencias, lo que sí queda claro es la responsabilidad de la Administración regional".

Afirma que "todas las Consejerías tienen en este momento sentencias por despido nulo o improcedente por cesión ilegal de trabajadores".

La portavoz socialista resalta que "en el caso de los contratos que se han declarado nulos por cesión ilegal del trabajador, estamos hablando de un delito". Para García Retegui se trata de "una conducta reprobable de las administraciones pública porque significa vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores".

Retegui denuncia que "no ha habido control por parte de la Administración Regional". Además, recuerda que la sanción tiene que imponerla la propia Administración Regional, ya que "la Consejería de Empleo es la que teóricamente debería de abrir expediente y sancionar; buscar los responsables para exigirles esas responsabilidades". Por ello, dice la diputada socialista, "es muy complicado que quien ha incumplido la ley se sancione así mismo".

"Pero tiene que hacerlo y vamos a exigir que lo hagan en la Asamblea Regional" porque "en el año 2011, el Congreso de los Diputados instó a todas las Administraciones públicas a una serie de recomendaciones para evitar que se produjeran abusos como cesión ilegal de trabajadores", indica.

Begoña García Retegui critica que "se hace muy difícil explicar a los ciudadanos que se les puede quitar la ayuda de 400 euros, que se les quita la ayuda de la dependencia, que se les pone copago en sanidad, en educación, que se les quitan becas, cuando al mismo tiempo la Administración regional tiene que abonar cantidades millonarias por estas sentencias".

Retegui se refiere a "cantidades millonarias" porque recuerda que en los despidos nulos hay que readmitir al trabajador, pero "en todos los despidos improcedentes hay que pagar el despido, todos los salarios de tramitación durante el tiempo que dure el proceso judicial y también cuatro años de alta en la seguridad social a todos y cada uno de los trabajadores que hayan estado en situación ilegal".

Todo ello, repite, supone "un coste para las altas públicas" por lo que el PSOE quiere "conocer cuál es ese coste" porque a eso, afirma que no le han contestado.