Martínez Moya considera que son necesarias al menos diez nuevas unidades judiciales en la Región
MURCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Juan Martínez Moya, presentó hoy la Memoria de 2007 del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) y subrayó que "determinadas incidencias sobrevenidas, provocadas fundamentalmente por la situación socio-económica regional puede llevar a considerar prioritario un nuevo juzgado de lo Mercantil, un nuevo juzgado de lo Social en Murcia o atender a la creación de un juzgado de Primera Instancia en Murcia y Cartagena". De hecho, sólo en mayo de esta año el citado Juzgado había tramitado 11 concursos, es decir, suspensiones de pago.
Además, hasta el 30 de junio de este ejercicio, los despidos judicializados en el partido judicial de Murcia superaban el millar, frente a las 546 que se habían presentado en las mismas fechas en 2007.
Así el presidente llamó la atención del incremento de un 43,7 por ciento de los concursos en el Juzgado de lo Mercantil pasando de 35, en 2006, a 61 en 2007.
Martínez Moya señaló que los órganos judiciales de la Región ingresaron 254.793 asuntos durante el 2007, casi 15.000 más que el año anterior, y se resolvieron 251.983, con una tasa de resolución equivalente al ejercicio 2006.
En cuanto el número de jueces por 100.000 habitantes se sitúa en 8,76, dos puntos y medio por encima de las cifras del 2004, en las que apenas se superaban el 7,2. Aunque, adelantó, al cierre del 2008, con la inminente creación de seis nuevas unidades judiciales la ratio alcanzará los nueve puntos.
No obstante, y pese al incremento, el presidente del TSJRM destacó que la Región de Murcia sigue siendo la penúltima en dicha ratio. "No obstante, se van dando pasos y no podemos olvidar que en el último trienio el crecimiento de la planta judicial en 29 unidades no es nada desdeñable", apuntó.
Además, Martínez Moya subrayó como criterio fundamental de calidad, la estabilidad de la plantilla judicial en la Región. A lo que se vendrá a sumar el hecho de que el partido judicial de Molina esté ocupado por titulares con la categoría de magistrado, circunstancia que contribuye a esa estabilidad.
Igualmente, resaltó como otro indicador de calidad en la Región el porcentaje de sentencias resueltas por magistrados y jueces de carrera, por encima de la media nacional en todos los órdenes jurisdiccionales y especialmente destacable en la Jurisdicción Contenciosa en la que un 99,4 por ciento de las sentencias son dictadas por jueces titulares, muy por encima de la media de 83,9 por ciento.
Tras este análisis global de los datos de los tribunales murcianos el presidente insistió en que son necesarias al menos diez nuevas unidades judiciales en la Región para adecuar la planta judicial a la litigiosidad real de la sociedad murciana, haciendo especial énfasis en el impacto de la crisis como factor de corrección para la creación de determinados órganos.
En concreto, la propuesta recoge, por orden de prioridad, un juzgado de lo Penal en Cartagena, un juzgado de lo Penal en Murcia, una nueva plaza de magistrado en la Sala Contencioso-Administrativo, un nuevo juzgado de Instrucción en Murcia, un juzgado de Primera Instancia en Murcia, un juzgado de lo Contencioso en Murcia, un juzgado de Familia en Murcia, un juzgado de Familia en Cartagena, un juzgado de Primera Instancia e Instrucción en San Javier y un Juzgado de Instrucción en Cartagena.
LIBRO VERDE
De igual forma, Martínez Moya pidió, tanto a la Administración central como a la autonómica que tomen conciencia de la importancia de compartir responsabilidades en la gestión del servicio público de la Justicia, "si cabe de los más esenciales". En este sentido, el presidente ha formulado la propuesta de elaborar un Libro Verde de la Administración de Justicia en la Región.
En este Libro Verde contendría, a modo de recomendaciones para la mejora del servicio público, apartados como el gasto público en Justicia; la ordenación de los órganos judiciales desde el punto de vista territorial y jurisdiccional, así como la definición de la oficina judicial; la dotación de personal; las infraestructura tecnológica; la garantía de los derechos de los usuarios y la información a los ciudadanos; y la colaboración interinstitucional a través de convenios.
Martínez Moya abogó por que el incremento de unidades judiciales vaya de la mano de "una adecuada organización de medios personales y materiales, en suma una mejor gestión".
Por eso el Tribunal Superior de Murcia ha apostado por proyectos y fórmulas orientadas a un mejor servicio público, en términos de agilidad y eficacia, como la implantación de la unidad de subastas judiciales electrónicas o de desahucios rápidos, la especialización de las secciones de la Audiencia Provincial o la centralización de las oficinas de decanato en la Ciudad de la Justicia, embrión de la ventanilla judicial única.
Insistiendo en esta necesidad de reorganización, el presidente destacó, en materia de planta y demarcación, que en lo que se refiere a determinación del número de partidos judiciales, dadas las características orográficas, extensión, concentración de núcleos de población, buena vertebración de las comunicaciones, así como los esfuerzos inversores en la creación de sedes judiciales en los 11 partidos judiciales en la actualidad existentes, de momento se aconseja no optar por la fórmula de ampliación de número de partidos judiciales.
Aunque, puntualizó, "no se descarta el reequilibrio vía integración, creación de áreas metropolitanas, o desgajar algún municipio para incorporarlo a otro partido judicial, incorporando oficinas judiciales en los grandes núcleos".
La memoria, como años anteriores también recoge una valoración estadística comparativa de la actividad judicial de los diferentes órganos judiciales y como dato más significativo se señala la preocupante tasa de pendencia de la Sala Contencioso-Administrativa y de los Juzgados Contenciosos o de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Totana, San Javier, Cieza, Jumilla y Molina del Segura.
La actividad de los juzgados de Violencia sobre la Mujer demuestran que se ha resuelto un número de asuntos superior a la entrada, a pesar del incremento registrado en la Región el ingreso de asuntos de un 12 por ciento respecto el año anterior.
En este punto, el presidente insistió, además, en la necesidad de atribuir competencia comarcal a los Juzgados Exclusivos de Violencia sobre la Mujer como fórmula más eficaz para mejorar su funcionamiento.
Además, en este análisis estadístico de la memoria 2007 se refleja, como principal innovación, una valoración de datos en lo que se refiere a la ejecución de resoluciones judiciales. Cifras que dibujan una situación que requiere una urgente reforma. Y en este punto se señala la necesidad de reforzar los medios, así como impulsar convenios de colaboración entre las Administraciones central, autonómica, y locales, que permitan la ejecución de penas en beneficio de la comunidad.
La memoria también aborda la problemática de los Registros Civiles, señalando el grado de abandono en el que se encuentran, e instando a la modernización y adecuada dotación de medios.
Por último, el presidente del TSJRM habló de los avances que se han producido en el capítulo de infraestructuras judiciales. Así, recordó la puesta en marcha de edificio de Juzgados de Cieza, que se sumas a los nuevos edificios judiciales de Totana y Jumilla.
Sin embargo, Martínez Moya advirtió de algunas lagunas como la II fase de la Ciudad de la Justicia; y la aspiración para que la ciudad de Lorca cuente con una sede judicial moderna pero acorde a su entidad histórico-patrimonial; el agotamiento del edificio judicial de Cartagena y la remodelación del Palacio de Justicia .
