Publicado 18/02/2015 14:27CET

UGT y CCOO defienden derecho a la huelga y exigen la retirada de la Ley "Mordaza" y del artículo que agrava las penas

Jiménez y Bravo, en rueda de prensa
UGT

MURCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO de la Región de Murcia han defendido este jueves el derecho al "libre ejercicio de la huelga", tal y como corresponde a una democracia "sana", y han exigido la retirada de la "mal llamada" Ley de Seguridad Ciudadana o "Ley Mordaza", así como la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que es una cláusula de la época "franquista" que había permanecido "adormecida" más de 30 años, y que ahora ha sido "resucitada", endureciendo las penas de actos "enmarcados en huelgas".

Así lo han hecho saber el secretario general de UGT Región de Murcia, Antonio Jiménez, y del presidente de la Comisión Gestora de CCOO, Carlos Bravo, quienes han comparecido en rueda de prensa para presentar los actos conmemorativos de la Jornada de Acción Mundial 'En defensa de las libertades y del derecho de huelga', convocada por la Confederación Sindical Internacional (CSI). Con este motivo, en la Región se ha celebrado una asamblea de delegados de CCOO y UGT y una concentración frente a la Delegación del Gobierno.

Jiménez ha criticado que la política de "recortes" de los gobiernos ha sido "muy intensa" en "derechos sociales y laborales" y, ahora, el Estado está intentando "blindarse antidemocráticamente" o, al menos "anticiparse" a las protestas ciudadanas con medidas orientadas a "cercenar derechos y limitar libertades". A su juicio, este es el objetivo de las últimas reformas del Código Penal, del "mal llamado" proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana o de las medidas que "impiden el libre acceso de los ciudadanos a la Justicia".

En su opinión, este proyecto de "Ley Mordaza" es "una intentona del PP de recortar derechos y libertades", y cree que es un proyecto que "amplía de forma desproporcionada el elenco de sanciones y prevé una obstaculización judicial a determinadas infracciones que, a partir de su aprobación, pasarían a ser sancionadas con criterios administrativos basados en unos conceptos jurídicos indeterminados".

En definitiva, se trata de unos vehículos que "facilitan la arbitrariedad y una discrecionalidad extrema a la hora de administrar estos temas". De hecho, recuerda que la propia Comisión Europea ha reprochado al Gobierno de España la "desmesura de esta Ley y el impacto negativo que tendría sobre los derechos fundamentales, especialmente sobre el derecho de manifestación".

Jiménez ha recordado que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional "viene a señalar que los piquetes informativos en los conflictos y en la huelga tienen unas funciones legales reconocidas de persuasión para que los trabajadores se sumen a la huelga y también tienen funciones disuasorias para aquellos que han optado por continuar trabajando".

El secretario general de UGT Región de Murcia reconoce que se trata de derechos fundamentales que "se ejercen en un momento de tensión", pero cree que hay que buscar "un equilibrio en el ejercicio de estos derechos".

En este sentido, lamenta que se ha detectado una "creciente incidencia de pronunciamientos judiciales que se basan en su mayoría en requerimientos del Ministerio Fiscal, y que son muy desproporcionados respecto a los sucesos ocurridos en los conflictos laborales, especialmente en las huelgas".

Bravo ha reivindicado que el derecho de huelga está reconocido en la Constitución de más de 90 países, y que supone "una herramienta esencial para permitir algún elemento de reequilibrio en una relación que es, por naturaleza, desequilibrada, que es la relación de trabajo entre el empleador y las personas que trabajan por cuenta ajena".

Sin embargo, ha lamentado que la crisis ha conllevado un "intento de modificar las condiciones básicas de trabajo y de negociación colectiva", acompañadas de un incremento de la "acción represora". La protesta "lógica" de los ciudadanos, en cambio, está siendo contestada "con un incremento de las herramientas de coerción por parte del Estado".

En este contexto, Bravo ha criticado que la Fiscalía, que es un órgano "dependiente del Ministerio de Justicia, sujeta a principio jerárquico y que, de menare generalizada en el conjunto del Estado está solicitando penas de prisión en un grado cualificado".

300 CASOS EN TODA ESPAÑA

Jiménez ha recordado que hay unos 300 trabajadores en toda España que están inmersos en distintos procedimientos administrativos o judiciales, y que "acumulan una petición de penas de prisión de unos 125 años". Así, Bravo ha lamentado que en España "vuelve a haber exigencias ante las embajadas españolas de todo el mundo por la actuación de la Fiscalía".

Bravo ha recordado que, de esos 300 casos registrados en toda España, tres se han producido en la Región de Murcia. En concreto, se trata de tres personas que fueron detenidas en la huelga general del 29-S, y cuyo juicio "se planteaba para el día 11 de febrero, pero que fue suspendido y aplazado hasta el mes de julio". A los detenidos se les imputa "hechos delictivos sin que haya elementos probatorios".

Todos estos casos tienen en común, según Jiménez, que se trata de trabajadores en cuyos procesos judiciales "no se da por probada su implicación directa en los hechos presuntamente delictivos", aunque "sí que son reconocidos y encausados en esos procedimientos, por ejemplo, por su condición de sindicalistas o por el simple hecho de ser trabajadores que se encontraban en la situación de conflicto".

En segundo lugar, para UGT y CCOO "hay una ausencia en todos los casos de comportamientos violentos o coactivos en sentido estricto". En cualquier caso, Jiménez estima que las consecuencias penales que se quieren imponer "no son proporcionales".

En tercer lugar, ha criticado que en todos estos casos es "determinante la posición que ha adoptado el Ministerio Fiscal, en los casos en los que se piden penas de prisión de dos años, que implican la entrada en prisión aunque no se tengan antecedentes penales".

Jiménez ha recordado las penas "desproporcionadas" de más de ocho años de cárcel a la que se enfrentan ocho trabajadores cuyos hechos enjuiciados "carecen de relevancia penal". Asimismo, ha considerado "desproporcionada" la pena de más de tres años de prisión a dos trabajadoras por hechos que ocasionaron, como único daño, "el deterioro del agua de una piscina, valorados en 400 euros, y el haber deteriorado el traje de un gerente, valorado en 125 euros".

ARTÍCULO 315.3

Asimismo, Jiménez ha criticado que se está aplicando el artículo 315.3 del Código Penal, que ha estado "adormecido más de 30 años, y que ahora se ha querido resucitar", a pesar de que muchos expertos en materia de derecho penal lo tachan de "absolutamente inconstitucional" y que "viene a agravar de una manera cualificada la pena dentro de un supuesto delito de coacciones por el hecho de haberse producido los actos con motivo de la huelga".

"Lo que hace es elevar la pena", según Jiménez. Por ejemplo, una eventual pena del delito base de un año y nueve meses o, incluso, una multa, "se eleva a peticiones de tres a ocho años de prisión por estos mismos hechos si se enjuician en base a ese párrafo del artículo 315".

Se trata, añade, de un artículo que proviene de la época "franquista" y que se utilizaba para "intimidar a las organizaciones sindicales que todavía estaban ilegalizadas", y especialmente "para sancionar a los trabajadores que se mostraban realmente reivindicativos". El efecto, añade, es "coercitivo".

En este sentido, tanto CCOO como UGT han coincidido en exigir que todas estas causas "sean sobreseídas", que se derogue el artículo 315.3 "que penaliza el ejercicio del derecho de huelga"; que se retire el proyecto de "Ley Mordaza"; y, con carácter general, "que se cese en esta ofensiva que se está ejerciendo sobre un derecho fundamental tan importante para la democracia".

Para leer más