11-M (Am.)-El juez prorroga la prisión de los 9 primeros detenidos y anuncia el procesamiento para antes del 10 de abril

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo prorrogó hoy por otros dos años la prisión incondicional de nueve de los primeros detenidos que se produjeron en relación con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en los que murieron 192 personas y resultaron heridas 1.759. En cada uno de los autos dictados, el magistrado anuncia que procesará a, previsiblemente, un tercio de los 116 imputados que hay en la causa "en plazo breve, en todo caso, con anterioridad al próximo 10 de abril".

Aunque el juez hace una resolución para cada uno de los imputados a los que prorroga la prisión preventiva hasta el límite de cuatro años previsto por la ley, todas ellas tienen como argumento común para mantener el encarcelamiento que están "inmersos en un procedimiento de gran complejidad y de especial gravedad en España", son nacionales extranjeros (salvo el ex minero José Emilio Suárez Trashorras) y sus arraigos en nuestro país no son suficientes para conjurar el riesgo de fuga, porque tienen vínculos afectivos, culturales e idiomáticos fuera del territorio nacional.

Además, el entorno en el que cada uno de ellos se "desenvolvía en libertad estaba íntimamente relacionado" con la delincuencia, o bien relacionada con las drogas o con la falsificación de documentos. "A ello cabe añadir la realidad de un tipo de delincuencia organizada transnacional, terrorista y con repercusión internacional, con reiteradas manifestaciones violentas en tal sentido, y que actúa a través de redes que superan el marco de las fronteras estatales, participando de una visión peculiar de lo que puede resultar no sólo una estrategia terrorista internacional, sino unas tácticas que no se ven limitadas por sentimiento de supervivencia personal, ni de exclusión de 'objetivos' (terrorismo indiscriminado)", señala la resolución.

NUEVOS ADEPTOS ENVIADOS A IRAK.

Los autos de prórroga de prisión de Jamal Zougam, acusado de integración en organización terrorista, 192 asesinatos consumados y 1.759 en grado de tentativa y cinco estragos, y de Fouad El Morabit Amghar, imputado por integración, añaden que "la instrucción judicial ha permitido aflorar una estructura ramificada en un marco internacional, con referentes locales en España, pero también en Francia, Bélgica e Italia, que se ha mostrado muy activa, no sólo en su labor de propaganda radical islamista y en el proselitismo de nuevos adeptos para ser enviados a zonas en conflicto como Irak, sino en su capacidad para crear presuntas células terroristas a nivel local europeo destinadas a llevar a cabo acciones terroristas (como los atentados de Madrid)".

El juez explica que "en esa estructura ramificada, el factor personal nacional como aglutinante ha sido superado, al enmarcarse las redes en una estrategia salfista yihadista, sin perjuicio de utilizarse entramados de grupos terroristas (como el Grupo Islámico Combatiente Marroquí -GICM-) para facilitar el traslado, cobijo y protección de presuntos miembros de organizaciones terroristas islamistas, dando la cobertura necesaria con documentación falsa y dinero para huir del territorio español (como sucedió tras los atentados terroristas en Madrid, en el que varios implicados se dirigieron hacia Francia-Bélgica, hasta ser finalmente perdida su pista)".

DELITOS QUE SE IMPUTAN.

Aunque Del Olmo precisará las acusaciones concretas contra los imputados en el próximo auto de procesamiento, al prorrogar las prisiones de los primeros detenidos enumera los delitos que se les imputan. Así, a Rafa Zouhier, quien en su defensa alega haber sido confidente de la Guardia Civil, le acusa de colaboración con banda armada, tenencia de sustancias explosivas y el favorecimiento de su obtención o tráfico de explosivos.

A Suárez Trashorras le imputa colaboración con organización terrorista, tenencia y transporte de explosivos, 192 asesinatos consumados y 1.759 en grado de tentativa, y cooperador necesario en cinco estragos y en un delito contra la salud pública. En su caso, el juez recuerda que ha tratado de "amparar" su actividad delictiva "en una labor de 'confidente' policial, que en ningún caso otorga manto de impunidad a sus presuntos comportamientos delictivos, antes al contrario, los agrava, al mostrar una actitud de aprovechamiento consciente de esa supuesta 'colaboración'". Además, afirma que la "tensión psíquica" que padece "puede ser perfectamente atendida por la red penitenciaria".

Basel Ghalyoun también está acusado de integración en organización terrorista, 192 asesinatos consumados y 1.759 en grado de tentativa, así como cinco estragos. Rachid Aglif está acusado de integración en organización terrorista, tenencia ilícita de armas y un eventual delito contra la salud pública, mientras que Abdelilah el Fadoual el Akil sólo lo está por integración.

Otman el Gnaoui, quien en su defensa alega que fue albañil en la finca de Chinchón (Madrid), donde se prepararon las bombas, para tener dinero para comprar droga, está acusado de integración, cooperador necesario en el transporte del explosivo y falsificación de documento oficial. Hamid Ahmidan, primo de Jamal Ahmidan, uno de los siete suicidas de Leganés, está acusado de colaboración con banda armada y de un delito contra la salud pública que causa grave daño y en cantidad de notoria importancia.