11-M (Ampl.)- El juez Garzón pide amparo al CGPJ por los "ataques injustificados" de que está siendo objeto

Actualizado: miércoles, 4 octubre 2006 22:42

Basa su solicitud en las críticas dirigidas por tres medios de comunicación, un diputado del PP y un vocal conservador del CGPJ

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón presentó hoy ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una petición de amparo solicitando protección y defensa de la independencia judicial ante los "ataques sistemáticos e injustificados" de los que, según él, está siendo objeto, en relación con la causa que investiga la presunta falsificación de los informes que relacionaban los atentados del 11-M y ETA.

Fuentes jurídicas informaron de que, concretamente, el magistrado basa su petición de amparo en los "ataques sistemáticos e injustificados, gravemente atentatorios a la independencia del Poder Judicial", que según él está sufriendo por parte del periódico 'El Mundo', la cadena 'Cope', el diario web 'Libertad Digital' y el diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo.

También solicitó amparo frente al vocal conservador del CGPJ José Luis Requero por su "denuncia injustificada" ante el Servicio de Inspección del Consejo, "con lo que ello implica de ataque a la independencia judicial" del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

Requero solicitaba que la Inspección del CGPJ investigase si Garzón vulneró los derechos de los peritos que realizaron el informe sobre el hallazgo de ácido bórico en el domicilio del procesado por el 11-M Hassan El Haski, a quienes imputó un delito de falsedad en documento público.

CGPJ SE NEGÓ A APOYARLE

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó ayer, por tres votos frente a dos, hacer una declaración de apoyo al juez Garzón ante las críticas que ha recibido en relación con los mencionados informes. Uno de los argumentos utilizados por la mayoría conservadora para no aprobar el texto era que la situación no se trataba "técnicamente" de un supuesto de solicitud de amparo de la independencia judicial, puesto que el magistrado no lo había solicitado.

Los vocales que votaron en contra de apoyar a Garzón fueron el presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, el portavoz del Consejo, Enrique López, y el también vocal de la mayoría conservadora, Carlos Ríos. Según López, la Permanente no podía apoyar una declaración en favor de Garzón, al menos de momento, porque el lunes se había abierto una información previa a este magistrado a petición de Requero, a la que ayer se unió un escrito de queja de dos de los peritos imputados y otro del sindicato de funcionarios Manos Limpias.

Los dos vocales de la minoría Juan Carlos Campo y Luis Aguiar, que proponían el texto de apoyo, presentaron un voto particular en el que sostenían que "la crítica hacia las resoluciones judiciales resulta siempre lícita y deseable en un Estado de Derecho, pero no permite ni puede amparar los ataques personales ni la deslegitimación de los jueces, titulares del Poder Judicial".

FISCALES FRENTE A PERITOS

Los fiscales presentes en el interrogatorio de los peritos imputados presentaron ayer sendos informes, también remitidos al Servicio de Inspección del Consejo, a través del presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, en los que negaban cualquier irregularidad en la diligencia practicada el pasado jueves en la Audiencia Nacional.

A la información previa abierta por el CGPJ respecto al juez Garzón se adhirió el escrito presentado por dos de los tres peritos imputados, Manuel Escribano e Isabel López, en el que ponen de manifiesto "el humillante y vejatorio trato recibido" por parte del juez Garzón, quien, en su opinión, "exhibió una total y absoluta falta de respeto y abuso de autoridad" frente a ambos, durante su interrogatorio como testigos.

Por otra parte, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó su decisión de remitir a los Juzgados de Instrucción de Madrid los documentos, sobre estos mismos hechos, que constaban en el juzgado de Juan del Olmo. El tribunal sotenía que la Audiencia Nacional no es competente para instruir delitos de falsedad en documento público.