MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La asociación Ayuda a las Víctimas del 11-M y la plataforma España y Libertad formalizaron hoy la querella y denuncia que, respectivamente, anunciaron ayer que presentarían contra el ex comisario general de Información Telesforo Rubio y otros mandos policiales por un delito de falsificación de documento público en relación con la información del diario 'El Mundo' sobre un supuesto informe falso entregado por la Policía Científica al juez instructor del sumario de los atentados del 11-M, Juan Del Olmo.
Mientras que la asociación Ayuda a las Víctimas del 11-M presentó su querella ante los Juzgados de Instrucción de Madrid, la plataforma España y Libertad lo hizo ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La primera acusa, además de a Rubio, a varios cargos policiales de falsificación de documento público, encubrimiento o, subsidiariamente, de omisión del deber de perseguir delitos. En la denuncia, se les imputa falsedad en documento oficial y, subsidiariamente, de infidelidad en la custodia de documentos.
En concreto, la querella de la asociación Ayuda a las Víctimas del 11-M se dirige, además de contra Rubio, contra el anterior secretario general de la Comisaría General de Policía Científica, el jefe del Laboratorio Químico-Toxicológico de la Policía Científica, el policía con carnet profesional Número 195, y el jefe de Grupo de la UCI con carnet 81.572.
La denuncia de España y Libertad acusa al comisario jefe de la Policía Científica, Ángel Santano, al jefe de Análisis Científico de la Policía Científica, José Andradas, y al jefe de Analítica de este mismo cuerpo policial, Francisco Ramírez. A este último se le imputa también un delito de falso testimonio por haber firmado el informe supuestamente modificado.
A todos ellos se les vincula con el supuesto informe falso entregado a Juan Del Olmo, según publicó ayer el diario 'El Mundo', sobre el ácido bórico encontrado durante la operación en la que se detuvo al líder del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) Hasan El Haski, procesado por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
CONFUNDIR AL INSTRUCTOR La asociación Ayuda a las Víctimas del 11-M señala en su querella que "los autores de la alteración documental buscaron confundir al instructor no sólo al ocultarle el informe original elaborado por los tres peritos que efectivamente realizaron el análisis y que apuntaban a una posible relación de ETA con los autores del 11-M, sino que especialmente al sustituir dicho informe por otro mutilado que pretendió hacerse pasar por el original".
Por ello, considera "una evidente infracción de la legalidad" y un "grave obstáculo al normal desarrollo del sumario" todo intento por parte de los investigadores policiales de "ocultar, suprimir, manipular o alterar datos" que se relacionan con una línea de la investigación seguida en la instrucción.
Asimismo, recuerda que "el modelo de instrucción de nuestros sistema procesal penal es el judicial" y, por tanto, asegura que "a quién le corresponde decidir si una información es relevante o no es el del juez instructor". Resalta que "esto obliga a que la Policía entregue íntegras todas las diligencias que practique a todos los elementos de que tenga conocimiento".
TENSIÓN EMOCIONAL E INQUIETUD
Respecto a las víctimas de los atentados, el escrito asegura que esta situación "está generando una enorme tensión emocional y desasosiego entre las víctimas del referido atentado, ya que la máxima pretensión de los que sufrieron la barbarie terrorista es conocer toda la verdad".
El abogado de la asociación, José María de Pablo, aseguró esta mañana a los periodistas que lo publicado ayer por el diario 'El Mundo' ha causado "mucha inquietud" dentro de la asociación Ayuda a las Víctimas del 11-M.
De Pablo insistió en que el argumento esgrimido acerca de que el informe se trataba un borrador "no tiene fundamento" y aseguró que "se trata de una mera excusa". Precisó que "el documento que se entregó al juez está firmado por tres peritos y tiene un número de diligencias", lo que, según dijo, demuestra su "validez".
DENUNCIA DE ESPAÑA Y LIBERTAD
Por su parte, España y Libertad considera que los acusados habrían sido los responsables de la presunta falsificación del informe y se remite en su denuncia a los hechos publicados ayer en el 'El Mundo'. Según estas informaciones, se eliminó de un informe de la Policía Científica una observación que señalaba que el ácido bórico, intervenido en el domicilio del procesado por los atentados del 11-M Hassan El Haski, había sido también detectado en un piso franco de ETA en 2001.
La denuncia afirma que los acusados podrían haber incurrido en un delito de falsedad en documento oficial, puesto que omitieron datos que podrían "ser relevantes para la investigación" y que "sólo compete al juez" valorar. Este delito está castigado con penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años.
También imputa subsidiariamente a los denunciados de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, puesto que los responsables policiales habrían ocultado "parcialmente" el contenido del informe original. Este delito está castigado con penas de uno a cuatro años de prisión, multa de siete a 24 meses e inhabilitación especial de tres a seis años.
Asimismo, España y Libertad entiende que, "en todo caso", Francisco Ramírez habría cometido un delito de falso testimonio, puesto que los atestados policiales supuestamente alterados tienen el valor de testimonio y de informe pericial, penado con seis a doce meses de cárcel o suspensión entre seis meses y tres años.
FUTURAS ACCIONES
Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo no descartó ayer emprender acciones judiciales para "depurar cualquier responsabilidad que pudiera achacarse al Gobierno" tras la publicación del 'Mundo' acerca del informe policial entregado al juez Del Olmo.
"El gabinete jurídico de la AVT trabaja para estudiar la situación y emprender las acciones judiciales necesarias para depurar cualquier responsabilidad que pudiera achacarse a los miembros del Gobierno de España y así defender la dignidad de las víctimas", señala un comunicado de la asociación.
