MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M presentó hoy en la Audiencia Nacional su escrito de calificación provisional sobre los atentados del 11-M en Madrid, en el que asegura que se "continúa ocultando" el tipo de explosivos utilizado en la masacre, sostiene que en ella actuó una "trama" formada por "terroristas desconocidos no investigados y que posiblemente pertenezcan a ETA", a la vez que pide que se investiguen estos hechos.
Asimismo, la asociación "denuncia la existencia de informes manipulados, como el relativo al ácido bórico", que "pone en entredicho buena parte de la investigación" y "dificulta" ejercer la acusación "con el debido rigor". En su escrito, pide para los 29 acusados un total de 232.823 años de prisión, que suponen 38.062 años menos que los que solicita la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Para el ex minero José Emilio Suárez Trashorras, el mayor acusado por la Fiscalía con 38.870 años de cárcel, la asociación pide 402 años de prisión, ya que le acusa de la muerte del GEO fallecido en Leganés pero no de los 191 asesinatos cometidos en las explosiones de los "trenes de la muerte", al considerar que no ha quedado acreditado que en ellos se utilizase como explosivo Goma 2 Eco.
Para los tres presuntos inductores de los atentados, Rabei Osman el Sayed, alias "Mohamed El Egipcio", Hassan el Haski y Youssef Belhadj, la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M pide 38.690 años de prisión. Para los tres acusados de ser autores materiales, Jamal Zougam, Basel Galhyoun y Abdelmajid Bouchar, solicita 38.688 años de prisión. A todos ellos les acusa de 191 asesinatos terroristas, 1825 en grado de tentativa, cuatro estragos terroristas, integración en organización terrorista y dos abortos (ya que dos mujeres embarazadas perdieron a sus hijos en las explosiones).
Para el resto de acusados de integrar o colaborar con la célula islamista, pide penas que oscilan entre los 24 años de prisión para Otman el Gnaoui (por integración en organización terrorista, transporte de sustancias explosivas y un delito continuado de falsificación documental), hasta los seis años de cárcel para Brahim Moussatem por colaboración con organización terrorista.
Respecto a la "trama asturiana", esta acusación pide, además de los 402 años para Suárez Trashorras, penas que van desde los 23 años de prisión para Antonio Toro Castro, por delitos de colaboración terrorista, asociación ilícita y suministro de explosivos, hasta los cuatro años que interesa para su hermana Carmen Toro por este último delito. En estos dos casos, coincide con la petición de la fiscal Olga Sánchez.
Asimismo, la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M solicita que se condene a todos los procesados a pagar 600.000 euros a cada uno de los familiares por cada fallecido. Respecto a los heridos, solicita indemnizaciones que abarcan desde los 3.250 euros hasta los 978.000 euros.
PARTICIPACIÓN DE ETA PARA CAMBIAR EL GOBIERNO
Además, el escrito de conclusiones provisionales sostiene que existen "numerosos indicios" que apuntan a que "muy probablemente" ETA participó en la trama para cometer los atentados. "Su participación en los atentados", afirma, "tendría una finalidad política para forzar un cambio de Gobierno en las elecciones que se celebrarían tres días después y lograr un paisaje político más favorable a sus intereses de autodeterminación".
En su opinión, la participación de ETA "es algo que no se puede descartar, aunque la negativa a investigar este extremo nos impida saberlo con certeza". La asociación señala, entre otros argumentos, los "numerosos indicios" que apuntan a la utilización en los atentados de Titadyne, que varios etarras mantuvieron relación con presos islamistas en diversas prisiones o la presencia en Madrid en las fechas de los atentados de integrantes de ETA como Asier Eceiza, Josune Oña, Harriet Aguirre García y Maite Arñalde Ijurco.
Según la asociación, existen cuatro tramas que participaron en los atentados: la "trama asturiana", la de "delincuentes comunes" liderada por el suicida de Leganés Jamal Ahmidan "El Chino", la de "islamistas radicales" de Mustapha Maymouni y una cuarta trama de "terroristas desconocidos a los que no se ha investigado" y que "muy probablemente" pertenezcan a ETA. En su opinión, esta "cuarta trama", además, habría dado cobertura logística a los islamistas o habría construido los artefactos explosivos en la finca de Morata de Tajuña.
EXPLOSIVOS Y ÁCIDO BÓRICO
Por otra parte, la asociación sostiene que las resoluciones del juez instructor de los atentados, Juan del Olmo, no "aclaran" el tipo de explosivos que se utilizó en los atentados, y afirma que no "existen informes de la Policía Científica ni de la Unidad de Desactivación de Explosivos" que lo expliquen, a pesar de que aseguran que los TEDAX estuvieron recogiendo muestras de explosivos tras la masacre.
En su opinión, la sustancia que explotó en los trenes podría haber sido Titadyne, por el presunto hallazgo de nitroglicerina en el lugar de los atentados, y no dinamita Goma 2 Eco. "Si se utilizó Titadyne en las explosiones de los trenes, las conclusiones son claras: las bombas que explotaron las habría proporcionado (si no colocado) la banda terrorista ETA con el Tytadine que robó hace años en Francia", asegura.
Por otra parte, aseguran que diversos responsables de la Policía falsificaron un informe pericial sobre el hallazgo de ácido bórico en el domicilio del presunto ideólogo del 11-M Hassan el Haski, en el que se relacionaba este hallazgo con ETA. En su opinión, es "innegable" que existe una "determinación de ciertos mandos policiales en ocultar al juez y a las partes personadas cualquier indicio de un presunta participación de la banda terrorista ETA en los atentados del 11-M".