MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El año 2008 se saldó con un total de 40 recursos planteados ante el Tribunal Constitucional (TC) contra leyes del Estado o leyes autonómicas por motivos competenciales (ocho más que en 2007). De estos recursos, once fueron interpuestos por los órganos centrales del Estado, 28 por las CCAA y uno por una Comunidad frente al Estatuto de otra Autonomía.
Según constata el Informe del 2008 de las Comunidades Autónomas elaborado por el Instituto de Derecho Público, por lo que se refiere a conflictos positivos de competencia, las instituciones estatales no plantearon ninguno, mientras que las CCAA plantearon 16. Además, recalca que no se ha presentado ningún recurso en defensa de la autonomía local.
En lo que tiene que ver con los conflictos de competencia planteados por las Comunidades Autónomas destaca el caso de Cataluña, con 8, vinculados todos ellos a la nueva delimitación de competencias establecidas en su Estatuto de Autonomía. De este modo, el informe subraya que Cataluña, Comunidad gobernada por el mismo partido que el Gobierno central, aunque sea en coalición, es la "que más litiga" con ese Gobierno central.
Asimismo, el informe explica que cuestiones como el agua, la intención del entonces lehendakari Juan José Ibarretxe de convocar una consulta sobre la apertura de un proceso de paz o la asignatura de 'Educación para la ciudadanía' han sido temas que han provocado conflictividad entre territorios o de CCAA con el Estado.
Valora positivamente, eso sí, la colaboración entre administraciones a través de convenios -prácticamente mil-, convenios horizontales -10 entre CCAA-, conferencias sectoriales y comisiones bilaterales. Apunta también que la Conferencia de Presidentes no se celebra desde enero de 2007 y señala que sería positivo redactar un reglamento de cara al futuro y para evitar su desaparición.
Finalmente, señala que la vida autonómica mantuvo sus "ritmos en clima general de normalidad" durante 2008, y afirma que en el conjunto de medidas adoptadas por las CCAA frente a la crisis se aprecia un "cierto proteccionismo de inciertas consecuencias en el futuro".
Además, plantea que la imposibilidad de solucionar la financiación autonómica simplemente poniendo más dinero sobre la mesa, tal vez ayude a construir una reforma del sistema "sobre bases más sólidas y cumplir así el objetivo inicial de construir un verdadero nuevo modelo de financiación".
