Proponen crear una adjuntía sobre discriminación de género en el Defensor del Pueblo
MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida propone en su Programa Marco para las próximas elecciones autonómicas y municipales una Ley Expropitaria de los bienes adquiridos en prácticas corruptas así como una regulación "más estricta de las incompatibilidades".
Con el objetivo de luchar contra el transfuguismo, la coalición que dirige Cayo Lara se compromete a "rechazar y "no admitir" en sus listas un miembro integrado en la candidatura de otra formación mientras mantenga el cargo conseguido en su partido de origen. Asimismo, aboga por la obligación de declarar los bienes patrimoniales y por una Ley Expropiatoria de bienes adquiridos mediante prácticas corruptas.
Limitar el número de asesores y de cargos de confianza política y transparencia en los nombramientos y en sus retribuciones, son otras de las propuestas contenidas en este programa marco, al que ha tenido acceso Europa Press.
Por otro lado, y para "adecuar la composición de las instituciones representativas a la voluntad popular", insiste en la reforma del sistema electoral encaminada a "garantizar la proporcionalidad en el reparto de escaños, respecto a los votos totales recibidos y la presencia de las minorías en el Parlamento estatal y en los parlamentos autonómicos". Además, plantea modificar el sistema de elección de los órganos de gobierno de las instituciones" en la que intervienen las Cortes Generales o los Parlamentos Autonómicos "a fin de evitar las cuotas de partido y su permanente politización".
Para IU, en las administraciones públicas, el horizonte es el Estado Federal, que "conjugaría la pluralidad de competencias de los distintos niveles de gobierno del Estado, con la necesidad de que el desarrollo y gestión de las políticas públicas se realice por la administración más cercana al ciudadano".
Señalan la "limitación de los puestos de libre designación a los estrictamente necesarios", una carrera profesional basada en los principios de "mérito y capacidad", generalizándose el "sistema de concurso como instrumento de provisión de puestos".
Defienden una regulación única de las condiciones de trabajo para todos los empleados públicos, estabilidad en el empleo y derechos laborales y sindicales similares al resto de los trabajadores. Subrayan que, "dada las diferencias salariales existente entre los empleados públicos de las distintas administraciones", es necesario un acuerdo en el contexto de la Conferencia Sectorial de las Administraciones Públicas, "para homogeneizar las retribuciones de los empleados públicos".
Además, se comprometen a la recuperación del nivel retributivo perdido por el "tijeretazo" de Zapatero, y el establecimiento de una cláusula de revisión salarial que garantice a todo el personal de la Generalitat el mantenimiento de su poder salarial.
En cada CC.AA deberían existir únicamente dos niveles de administración: la Comunidad Autónoma y la Administración Local, y propone la "supresión de facto" de las Diputaciones provinciales y su sustitución por las comarcas como entidades supramunicipales que facilitan apoyo y coordinación a los Ayuntamientos.
UNA COMUNIDAD LAICA
Respecto a la Iglesia, IU incluye en su programa para el 22-M la eliminación de "cualquier tipo de financiación pública, exención fiscal o administrativa, donación de suelo público o subvención directa a instituciones religiosas así como a sus actividades". También se muestran partidarios de suprimir todo tipo de simbología religiosa en los actos públicos y en los espacios de titularidad pública como ayuntamientos, centros cívicos y culturales, escuelas, universidades, hospitales o cárceles, "que tampoco podrán ser utilizados para actividades de culto o de proselitismo".
De forma análoga, los actos de naturaleza confesional específica no tendrán carácter "oficial", por lo que "ningún funcionario público deberá participar, y menos ser obligado a ello, en su condición de tal", según reza en el programa de IU.
En este sentido, abogan por suprimir "cualquier adoctrinamiento religioso en los centros escolares así como la exhibición de símbolos confesionales". Su lema es: "formación religiosa, para quien la desee, y que debe quedar fuera de la enseñanza oficial, esto es, fuera del currículo, del expediente y del horario lectivo".
Así, se muestran en contra de la financiación pública para los centros educativos con ideario religioso u otro "que suponga exclusión y segregación ideológica o de cualquier otro tipo para el alumnado".
Otra de sus propuestas en este apartado es excluir de los centros públicos sanitarios o residencias "la presencia institucional de clérigos" y garantizar en toda la red sanitaria pública "la atención a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el derecho a una Muerte Digna y a las disposiciones del Testamento Vital".
ADJUNTÍA DE GÉNERO EN EL DEFENSOR DEL PUEBLO
En cuanto a las políticas de igualdad, IU ve necesaria la creación de la Consejería de la Mujer y de un Consejo Autonómico de la Mujer como órgano asesor y consultivo del Gobierno, que estará constituido de forma exclusiva por organizaciones de mujeres. En este apartado aboga por una adjuntía específica en discriminación de género en el Defensor del Pueblo
En esta materia, otra de sus propuestas es la asignación del 5 por ciento del total del presupuesto autonómico destinado a políticas específicas para mujeres y "garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la red sanitaria pública y a cargo de la Seguridad Social".
REGULARIZACIÓN DE TODOS LOS SIN PAPELES
Sobre la inmigración, IU entiende que ni los cupos ni el régimen general de inmigración han sido eficaces para propiciar una inserción laboral legal.
Por ello piden plenos derechos para este colectivo, la regularización de todas las personas migrantes sin papeles y garantizar la igualdad de derechos laborales de estos tabajadores. IU es favorable a extender los derechos de Ciudadanía a los residentes no comunitarios y a una ley por la que los que residan tres o más años en España de forma regular tengan derecho a voto en las elecciones generales y puedan presentarse como candidatos.
En cuanto al colectivo LGTB, exige que se retire la categoría de "disforia de género" de la actual Ley de Identidad de Género de 2007 y trabajar para hacer posible la promulgación de una Ley Integral de No Discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Demandan la "cobertura gratuita" de todo el proceso de reasignación de sexo.
Incluyen en su programa marco la retirada de cualquier ayuda o subvención por parte de la Administración a aquellas entidades que por su ideología o actividad incurran en cualquier manifestación de "homofobia, bifóbia o transfóbia". También proponen no incluir publicidad en aquellos medios que no respetan los derechos del conjunto LGTB.
De otro lado, IU denunciará la venta de armas a países violadores de los derechos humanos, se manifiestan contrarios a la OTAN y se comprometen "a trabajar por la salida negociada de los conflictos", incrementando los recursos económicos para cooperación internacional y educación para el desarrollo, destinando el 0,7 % del PIB a estos fines en el primer año de legislatura y el 1% al final de la misma.
