MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El fiscal jefe del Tribunal Constitucional (TC), Juan Ortiz Úrculo, ha remitido una instrucción a todas los fiscales del Estado en la que se les indica que en los recursos electorales que se interpongan en los diferentes juzgados, por incumplimiento de la Ley de Igualdad en determinadas listas de candidatos, deberán informar a favor de la concesión de un plazo de subsanación.
La circular fue remitida el pasado día 4 y en ella se dice que la Fiscalía ha tenido conocimiento de que en distintos territorios españoles se están impugnando candidaturas por no cumplir los candidatos con la paridad prevista en el artículo 44 bis de la Ley de Igualdad.
Añade que "pudiera ocurrir" que la Junta Electoral correspondiente en cada caso, por defectos apreciados de paridad entre hombres y mujeres, y sin conceder plazo para la subsanación de los mismos, declare que no procede la proclamación de dicha candidatura, lo que pude llevar a la interposición de un recurso electoral por parte de los que se consideren lesionados en sus derechos.
En estos supuestos, el fiscal jefe del Constitucional afirma que "conviene" que el Ministerio Fiscal invoque ante el Juzgado correspondiente la doctrina del propio TC según la cual "los defectos u omisiones de la Administración electoral no deben redundar en perjuicio de los derechos de los ciudadanos por lo que corresponden a los órganos judiciales", y, antes de resolver la impugnación, asegurarse de que disponen de plazo de subsanación.
PRECEPTO MUY NUEVO.
El otorgamiento de dicho plazo de subsanación de defectos es, según Úrculo "especialmente relevante", puesto que además el precepto de paridad ha entrado en vigor sólo unos días antes de la convocatoria de elecciones "y consiguientemente ello pudiera haber creado dificultades en la formación de las candidaturas" que los fiscales deben "a todo trance paliar en la medida de lo posible".
Además, en los casos en los que el Juzgado correspondiente no haya concedido esta posibilidad de subsanación, la Fiscalía pedirá al Tribunal Constitucional que conceda el amparo a los candidatos que lo hayan solicitado.
