La Abogacía alerta de que la conciliación en la profesión sigue pendiente y depende de la discrecionalidad judicial

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Abogacía Española ha alertado de que la conciliación de la vida profesional y personal de los abogados continúa siendo una "asignatura pendiente", al depender en la práctica de decisiones discrecionales de los juzgados que llegan a negar suspensiones de vistas y plazos incluso en casos de enfermedad, maternidad, embarazo de riesgo o situaciones familiares graves, según una reciente encuesta a Colegios de la Abogacía y los casos recopilados en el último año.

La institución ha informado que conciliar no es un privilegio, sino un derecho reconocido por ley, y que los profesionales de la abogacía cuentan con los mismos permisos que otros trabajadores, incluyendo el derecho al descanso, la suspensión de vistas por nacimiento, cuidado de menor y adopción, la baja médica acreditada, la hospitalización grave de familiares y el fallecimiento de parientes cercanos.

Sin embargo, ha subrayado que, pese a la Ley Orgánica del Derecho de Defensa y otras normas aplicables, la aplicación práctica de estos derechos continúa encontrándose con decisiones discrecionales de los juzgados, lo que obliga a muchos abogados y abogadas a recurrir al amparo colegial para garantizar tanto sus derechos como los de sus clientes.

La Abogacía Española ha explicado, con motivo del Día Nacional de la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral y de la Corresponsabilidad que se conmemora este lunes, que ya en junio de 2025 aprobó el Reglamento de Amparo Colegial para proteger mejor a los profesionales y garantizar la calidad del servicio público de la Justicia y el derecho de defensa de las personas representadas.

En este contexto, ha destacado el trabajo de la Comisión de conciliación, desconexión digital y bienestar, presidida por la decana del Colegio de Abogados de Pamplona, Blanca Ramos, que acaba de publicar una guía y una campaña de sensibilización sobre conciliación en la abogacía.

LOS CASOS MÉDICOS ESPECÍFICOS CONCENTRAN EL 67% DE LAS PETICIONES

La encuesta realizada entre los Colegios de la Abogacía ha puesto de manifiesto que los casos médicos específicos --enfermedad, accidente y hospitalización-- concentran el 67% de las peticiones de amparo, mientras que la maternidad y el embarazo de riesgo representan otro bloque relevante, con un 18% y un 9% de los supuestos, respectivamente.

Entre los ejemplos figura el de un abogado de Valencia al que un letrado de la Administración de Justicia respondió que una incapacidad temporal por quemaduras de segundo grado no era motivo suficiente para suspender un juicio, obligándole a acudir al juzgado pese a aportar la documentación de su baja.

Asimismo, en Barcelona se han registrado 49 casos de amparo en los dos últimos años, siendo los más habituales las denegaciones de suspensión de vistas pese a que el profesional ha acreditado estar de baja por incapacidad temporal, según señalan desde el Colegio, que alude a un caso especialmente duro en el que un juzgado denegó la suspensión a un letrado al que le acababan de amputar una pierna.

En Valencia constan doce incidencias documentadas, como la de una letrada operada de urgencia y con prescripción de reposo absoluto a la que no se le suspendió el señalamiento, mientras que en Santa Cruz de Tenerife dos abogados de baja por enfermedad justificada seguían recibiendo notificaciones de vistas.

MATERNIDAD Y COMPATIBILIZACIÓN

Las dificultades también se extienden a la maternidad y a la compatibilización del empleo con los cuidados. La información recoge datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2025, según la cual más de 390.000 personas trabajan a tiempo parcial por responsabilidades de cuidado familiar y el 93% de ellas son mujeres.

En Alicante, el único amparo concedido ha sido por un embarazo de riesgo, después de que el juzgado se negara inicialmente a suspender una declaración. En Cuenca, dos letradas no han logrado aplazar sus juicios pese a coincidir con la fecha probable de parto y otra, de baja por embarazo de riesgo, tampoco ha conseguido suspensión.

En Bizkaia, la Abogacía Española ha recogido el caso de una abogada embarazada de 39 semanas que solicitó posponer una vista fijada pocos días después de la fecha prevista de parto, mientras que en Zaragoza a un abogado se le denegó la suspensión de una vista a pesar de que el nacimiento estaba previsto un mes antes del señalamiento.

A ello se suman otras tres incidencias por maternidad, una en Salamanca y dos en Lugo, que reflejan, según la información recopilada por la institución, la recurrencia de este tipo de situaciones. En Alcoy, Pamplona y Teruel también se han registrado amparos relacionados con la maternidad, así como por enfermedad o fallecimiento de un familiar.

SITUACIONES FAMILIARES GRAVES

Las dificultades para obtener la suspensión se mantienen incluso en situaciones familiares especialmente graves. En Valladolid, la Audiencia Provincial se ha resistido a suspender un juicio de varios días solicitado por una abogada en tratamiento de quimioterapia, mientras que en Sant Feliú un letrado accidentado y en Alzira un abogado recién operado y con muletas tampoco obtuvieron inicialmente la suspensión de su juicio. La intervención de los Colegios de la Abogacía ha logrado, no obstante, que la mayoría de estos juzgados acaben accediendo a suspender las vistas.

Como elemento positivo, la encuesta recoge que en 19 Colegios no ha habido solicitudes de amparo, ya sea porque no se han producido este tipo de denegaciones o porque disponen de protocolos, convenios o instrucciones específicas de los tribunales de justicia sobre suspensión de vistas y conciliación familiar que han evitado la mayoría de quejas.

Entre estos Colegios figuran Álava, Albacete, Alcalá de Henares, Antequera, Cartagena, Castellón, Ceuta, Ciudad Real, Córdoba, Elche, Granada, Guadalajara, Huesca, Baleares, Jaén, Lorca, Melilla, Murcia, Sabadell y Tafalla. Según la Abogacía, estas medidas han demostrado "su eficacia".

La información incorpora además otros casos registrados por la Abogacía Española en el último año. En Zamora, en diciembre de 2025, se denegaron aplazamientos por hospitalización o reposo médico, incluso con justificantes que acreditaban incapacidad para asistir a vistas o interrogatorios; en un supuesto se ofreció enviar las preguntas por escrito y en otro se consideró que el reposo no impedía acudir al juicio.

En Soria, en junio, una abogada con embarazo de riesgo solicitó aplazar una diligencia, pero el juzgado solo autorizó su intervención telemática, abrió un expediente por incomparecencia y designó un abogado de oficio. En Sevilla, en julio, el juicio de una abogada operada finalmente se ha aplazado después de que la letrada pidiera amparo al Colegio de Abogados ante la negativa inicial del juzgado a suspenderlo.

De acuerdo con estos ejemplos, la Abogacía Española ha apuntado que estos casos han generado preocupación en la institución, que ha intervenido ante las autoridades competentes para proteger la conciliación y la salud de los profesionales de la abogacía.