Actualizado 03/05/2007 02:30 CET

La Abogacía del Estado impugnará finalmente 253 candidaturas, 246 de Abertzale Sozialistak y 7 independientes

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios Jurídicos del Estado impugnaron minutos después de las 00.00 horas de hoy, un total de 253 candidaturas, que se corresponden con las 246 de Abertzale Sozialistak (AS) y siete independientes, al considerar que "nacen de la mano de los dirigentes de Batasuna, y su constitución es promovida públicamente, organizada y animada por los dirigentes y por el conjunto de la organización ilegal".

En su demanda, a la que tuvo acceso Europa Press, la Abogacía impugna tres listas más que la Fiscalía, que propugna 250 (244 de AS y 6 independientes). En ella hace especial hincapié en a que como medida cautelar no se dé traslado del censo electoral a estas candidaturas por su relación "con Batasuna y con la organización terrorista ETA", ya que pueden ser un "instrumento de localización de personas utilizado en numerosas ocasiones para atentar, amedrentar o coaccionar".

Además, el abogado del Estado agrega que como se presentan por el País Vasco y Navarra se podrían suministrar muchos datos "a una candidatura vinculada con una organización terrorista que tantas muertes ha causado".

La demanda de impugnación, presentada esta noche por el abogado General del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, comienza recordando la jurisprudencia existente en las distintas convocatorias electorales que se han producido desde la sentencia de 27 de marzo de 2003 de ilegalización de Batasuna y sus antecesoras, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok.

Tras explicar que "la estrategia de Batasuna ante las presentes elecciones se centra, como otras veces, en asegurar su presencia en la contienda electoral", pasa a recordar su primer intento de concurrir a los comicios del próximo día 27: el partido Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), cuya inscripción en el registro de partidos está suspendida mientras se resuelven las demandas de ilegalización presentadas por Fiscalía y Abogado del Estado.

Como aquella opción se neutralizó, Batasuna "ha acudido al instrumento de la agrupaciones de electores, como integrante de la estrategia de la doble o incluso triple lista, pero todas ellas con vinculaciones, objetivas y subjetivas, cualitativas y cuantitativas -en cuanto a las personas integrantes de las candidaturas- con los partidos disueltos y con la organización terrorista ETA".

"Y en este caso, además, se da la circunstancia de que las candidaturas que se impugnan nacen de la mano de los dirigentes de Batasuna, y su constitución es promovida públicamente, organizada y animada por los dirigentes y por el conjunto de la organización ilegal", afirma la demanda.

DELIBERADA NOTORIEDAD.

Para acreditar la conexión, la Abogacía destaca "la pública exhibición de las vinculaciones con Batasuna de las agrupaciones de electores y de las candidaturas: en el proceso de dinamización, recogida de firmas y estructuración de las candidaturas". Además, "ha sido ostensible, pública y notoria -con deliberada notoriedad- la presencia de dirigentes de Batasuna, y la identificación de las candidaturas como instrumentos del complejo" ilegalizado.

Así, la Abogacía del Estado destaca la participación de miembros destacados de Batasuna en proceso de recogida de firmas, lo que pone de manifiesto, "sin sombra alguna de duda, que el proceso de presentación de candidaturas presentadas por agrupaciones de electores ha sido preparado y organizado, y es dirigido, dinamizado, controlado y animado por Batasuna, a fin de poder llevar a cabo el designio de Batasuna de participar en los procesos electorales".

CONTAMINACIÓN

Tras precisar que sólo tendrá en cuenta las vinculaciones de los candidatos desde 1999, la Abogacía del Estado hace un repaso numérico del número de candidatos relacionados con partidos ilegalizados, motivo por el que impugna las listas para las tres de Juntas Generales de Alava y las cuatro de Guipúzcoa y otras tantas de Vizcaya.

En cuanto al Parlamento de Navarra, al que concurren 50 candidatos de Abertzale Sozialistak, 28 están directamente vinculados y algunos son tan destacados como Pernando Barrena o Florencio Aoiz. El resto de listas municipales impugnadas por la Abogacía del Estado también cuenta con diverso número de candidatos vinculados a los partidos ilegalizados desde 1999.

Además de las de Abertzale Sozialistak, los Servicios Jurídicos del Estado han impugnado un total de siete independientes, cinco en Navarra y dos en Guipúzcoa. Respecto a ellas la demanda afirma que "la exclusiva razón de su impugnación es la abrumadora presencia de miembros de Batasuna y antiguos candidatos y electos de dicho partido ilegal, que coadyuva, en este caso también de forma indubitada, a poner de manifiesto la relación de sucesión entre Batasuna y las candidaturas".

El recurso concluye explicando que ha quedado acreditado que Abertzale Sozialistak "no son sino un instrumento del complejo Batasuna y de los partidos ilegalizados en sentencia firme".

"Creemos haber distinguido, a lo largo del presente recurso, las conexiones fácticas y políticas de las candidaturas (promotores, patrocinadores y miembros) con los partidos ilegalizados y con ETA, de cualquier atisbo de impugnación, condena, censura o rechazo de cualquier proyecto ideológico y político abstractamente considerado. Es obvio -agrega la demanda- que la Ley de Partidos no rechaza ni recusa ninguna ideología, ni ningún proyecto cuando declara ilegales las conductas" ilícitas.

En este sentido agrega que ni la Ley de Partidos ni el artículo 6 de la Constitución fijan límites a la ideología, sino a la estructura y funcionamiento de los partidos políticos. Y con la ley que ilegalizó Batasuna se "trata de desterrar del juego político las actuaciones de los partidos que, excediendo el ámbito de los proyectos opinables, inciden sobre los valores sobre los que se asienta el 'minimun' ético imprescindible para la libertad".

"El apoyo a la violencia y al terrorismo como instrumento de actuación política y de coacción o incluso eliminación física de grupos de población caracterizados por su ideología, su procedencia o su origen étnico o social, como han venido haciendo los partidos ilegalizados y la organización terrorista ETA, no constituye un proyecto político opinable y respetable", concluye el abogado del Estado.