El abogado de la tercera querella no pedirá la suspensión del juez

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El abogado que ha presentado la tercera querella admitida a trámite por el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón, Ignacio Peláez, descarta pedir la suspensión de funciones del magistrado en la Audiencia Nacional, como hicieron sus colegas José Luis Mazón y Antonio Panea en el caso de los cobros de Nueva York, al no desearle "ningún mal a título personal".

Peláez, impulsor de la querella contra Garzón por intervenir las conversaciones que los tres presuntos cabecillas de la trama 'Gürtel' mantuvieron con sus abogados en la cárcel, manifestó sentirse "contento" por la decisión del Supremo y aseguró que con esta decisión "triunfa el Estado de Derecho".

Tras indicar que la intervención del juez de la Audiencia Nacional supuso "el quebrantamiento de los derechos fundamentales" de las personas cuyas conversaciones fueron intervenidas, el letrado defendió que con esta resolución el alto tribunal "ampara el ejercicio de la abogacía y el derecho a la intimidad de las comunicaciones".

CELEBRACIÓN DE INTERROGATORIOS

Las primeras diligencias solicitadas por Peláez son el interrogatorio de Garzón como imputado, el suyo como querellante y el de los cabecillas de la trama 'Gürtel' Francisco Correa y Pablo Crespo, así como de los abogados José Antonio López Rubal, Pablo Rodríguez Mourullo y José Antonio Choclán.

El letrado también ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que remita al Supremo copia de las declaraciones que realizaron ante el juez instructor del caso Antonio Pedreira su cliente, José Luis Ulibarri, y el también imputado Jacobo Gordon.

Como última diligencia, Pélaez solicita que se requiera a los funcionarios de policía que realizaron la intervención de las comunicaciones en la cárcel de Soto del Real (Madrid) que remitan copia íntegra de los CDs o soportes técnicos donde se recogieron las mismas.

La querella admitida a trámite por el Supremo sostiene que Garzón cometió un delito de prevaricación y otro contra la garantía institucional de la intimidad, al intervenir las conversaciones mantenidas por los tres presuntos cabecillas de la trama corrupta con sus respectivos abogados.