Absuelto en Valladolid 'El Padrino' rumano a quien el fiscal pedía 6 años por explotar laboralmente a compatriotas

VALLADOLID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid ha absuelto al ciudadano rumano Florea F. de un delito contra los derechos de los trabajadores que le imputaba haber cometido en 2004 el Ministerio Fiscal y por el que le pedía una pena de 6 años de cárcel, ya que la acusación pública entendía que el acusado practicaba una especie de "esclavitud moderna" pues actuaba como "Padrino" con el fin de explotar laboralmente en España a compatriotas a los que traía desde su país.

Sin embargo, la Sala ha resuelto dictar sentencia absolutoria al considerar que el procesado actuaba como mero intermediario entre sus compatriotas y empresarios agrícolas de la provincia de Valladolid, al tiempo que entiende que el delito imputado, del artículo 312.2 del Código Penal, está más enfocado para los empresarios y para un supuesto en que las víctimas son sometidas a condiciones de explotación o indignidad, algo que en el presente caso no ha quedado acreditado, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El fallo hace igualmente referencia a que los ciudadanos rumanos a quienes el acusado ayudó a entrar en España lo hicieron de forma totalmente legal, por lo que si posteriormente estos últimos residieron en el país de forma irregular no puede ser achacable a Florea F.

El Ministerio Fiscal, pese a reconocer las dificultades de que la Sala impusiera al procesado la pena de 6 años de cárcel por delito del artículo 318 del Código Penal, debido a que los dos compatriotas que denunciaron los hechos y la mayoría de los testigos claves ni siquiera comparecieron en el juicio por estar en paradero desconocido, había decidido mantener los cargos pero, en cambio, había introducido como alternativa la solicitud de 2 años de privación de libertad y el pago de una multa de 1.080 euros por delito del artículo 312.2, petición que tampoco ha sido atendida por la Sala.

El acusador público sostenía como prueba el testimonio del propio acusado, quien reconoció haber traído al menos en dos ocasiones a España en su furgoneta a quince ciudadanos rumanos con los que luego, una vez en Cabezón de Pisuerga, formó cuadrillas para trabajar en explotaciones agrícolas, bien recogiendo piedras, patatas, zanahorias o espárragos o bien colocando tubos de riego, siempre bajo condiciones restrictivas de sus derechos como trabajadores, ya que carecían de contrato y no estaban dados de alta en la Seguridad Social.

CONTROL ABSOLUTO

Así, el fiscal denunció que Florea F, prevaliéndose de su dominio del idioma, "controlaba por completo" la vida de los compatriotas que compartían vivienda con él en Cabezón, a los que cobraba 26 euros al mes en concepto de alquiler "en condiciones infrahumanas" y a quienes, además, retenía el 10 por ciento del salario que pactaba con los empresarios agrícolas, así como otros 3 ó 4 euros más por transportarles en su furgoneta hasta los tajos.

"Los interesados aceptaban voluntariamente porque no tenían otra alternativa, mientras que uno que no quiso aceptar tuvo que soportar sus iras", incidió el fiscal en referencia a uno de los rumanos que denunció al acusado por, supuestamente, darle de patadas y pegarle con un palo tras negarse a percibir 50 céntimos de euro por cada kilo de pescado que limpiara.

Frente a la postura del acusador público, la defensa solicitó una sentencia absolutoria, como así ha ocurrido finalmente, y como detalle llamativo incidió en que quienes verdaderamente tenían que estar sentados en el banquillo son aquellos empresarios agrícolas de la provincia que contrataron a los rumanos de forma irregular, ya que su patrocinado actuaba únicamente como mero "intermediario".