SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla ha absuelto a dos agentes de Policía Nacional denunciados por faltas de lesiones contra B.F., una vecina de 37 años que, a su vez, fue denunciada por estos mismos agentes --resultando también absuelta-- como presunta autora de una falta de desobediencia a agentes de la autoridad durante el desalojo de una vivienda ocupada por once familias de la barriada de San Bernardo (Sevilla), para reivindicar la rehabilitación de sus viviendas de renta antigua, en mayo de 2005.
Fuentes del caso informaron a Europa Press de que la magistrada Cristina Loma se adhirió así a las conclusiones de la Fiscalía, que solicitó la absolución al no poder ser identificados los policías, puesto que éstos no se presentaron a la vista oral.
La jueza no consideró suficientemente probadas las lesiones atribuidas a los efectivos policiales, al igual que tampoco creyó que la denunciada incurriera en las faltas demandadas. Por ello, dejó sin efecto la pretensión de su abogado de que ambos policías pagaran 780 euros en concepto de multa e indemnización hacia esta mujer.
El juicio, celebrado el pasado 12 de diciembre, contó con la declaración de la vecina presuntamente agredida, quien relató como, sobre las 11.00 horas del pasado 25 de mayo, en uno de los momentos en que la verja que separaba a los encerrados de la vía pública se abría, uno de estos agentes empujó ligeramente a una anciana, lo que motivó que los presentes le recriminasen su actuación. En aquellos instantes, según la denuncia de esta mujer, también se la sujetó a ella, causándole presuntamente el daño físico.
Las lesiones, de las que tardó siete días en curar y cuyo parte médico fue presentado, consistían en hematomas en brazo y cadera. También declaró otra vecina, presente en el momento de los hechos y también supuestamente agredida por estos agentes, aunque ella no llegó a presentar denuncia.
Los hechos fueron denunciados después de que la compañía inmobiliaria Prasa retirara la denuncia que había interpuesto en los juzgados contra las once familias encerradas, pues el inmueble fue finalmente adquirido por la Gerencia municipal de Urbanismo de cara a su uso como bolsa de viviendas para realojos.
El 6 de junio, tras la rúbrica del acuerdo por el que las 15 viviendas del número 52 de la calle San Bernardo pasaban a titularidad pública, se levantó el dispositivo policial que rodeaba el inmueble y que restringía por orden judicial el libre acceso a las viviendas y la libre circulación de enseres. Antes, el 3 de junio, el Ayuntamiento firmó la operación de compra de los 15 pisos que componen el edificio en el que se encerraron las once familias.
