MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acabado este miércoles de interrogar a los últimos nueve exresponsables de la extinta Caixanova, antigua Caja de Ahorros de Vigo, Orense y Pontevedra, y de varias sociedades inmobiliarias por las supuestas irregularidades de una operación urbanística, por valor de 67 millones de euros, que se desarrolló en 2010 en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid.
La magistrada ha tomado este miércoles declaración a los entonces vocales de la comisión delegada de la entidad gallega Marta Gutiérrez Mediero, Juan Ramón Iglesias Álvarez, José María Sanmartín Otero y José Taboada López.
Ha comparecido también José Luis Suárez Gutiérrez, socio y administrador de Suarte Inversiones y Legio Auriense, integradas en Proseinga Gestión; Alfredo Blanco López, director financiero del grupo Copasa; Miguel Pérez de Juan Burgos, administrador de Inversiones Rivapron; Antonio Gorriarán Laza, consejero delegado de Proseinga Gestión y administrador único de las empresas Gorrigeve y Begorrier; y Florencio Antonio Palomino Moreno Manzanero, presidente de Imasatec.
Lamela tiene pendiente de interrogar al exdirectivo Alfonso Zulueta de Aza, cuya declaración no se producirá por el momento por problemas de salud, tras haber concluido la ronda de interrogatorios de la quincena de investigados por delitos de administración desleal y apropiación indebida que fueron denunciados por la Fiscalía Anticorrupción.
Esta operación, que habría producido un perjuicio patrimonial a Caixanova, actualmente integrada en el grupo Abanca, y a la financiera inmobiliaria Proinova, fue una de las siete que Anticorrupción investiga después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía, pusiera en conocimiento una serie de prácticas de la entidad supuestamente irregulares.
LA EXCÚPULA DEFIENDE LA LEGALIDAD DE LA OPERACIÓN
Los miembros de su antigua cúpula, entre ellos el expresidente de Caixanova y de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso y el exdirector general José Luis Pego, defendieron que la concesión del crédito inmobiliario de 67 millones para la adquisición de terrenos en el municipio de Rivas-Vaciamadrid fue "correctísima", estuvo "controlada" por toda la estructura de la caja y veló en todo momento por el interés de la caja.
La operación acabó en 2010 con la dación en pago de las fincas al entrar en crisis dos de los prestatarios como consecuencia de la crisis económica y que los exdirectivos de la entidad consideraran que esta era la salida más ventajosa para la entidad, según informaron fuentes jurídicas.
La magistrada interrogó este martes a seis exdirectivos de Caixanova, entre ellos Fernández Gayoso; el exdirector general de la entidad José Luis Pego; y el exdirector general adjunto y consejero delegado de Proinova Gregorio Gorriarán. Los tres fueron condenados en octubre pasado a dos años de cárcel por adjudicarse prejubilaciones millonarias.
También comparecieron en su juzgado el subdirector general de Caixanova Domingo González Mera; y los vocales Miguel Argonés Rodríguez y Delfín Ferreiro Rodríguez, que formaban parte de la Comisión Delegada de la entidad el 11 de noviembre de 2010.
Además de a Fernández Gayoso, Pego y Gorriarán, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal condenó el pasado 22 de octubre al exdirectivo Óscar Rodríguez Estrada y al abogado Ricardo Pradas por el cobro indebido de las prejubilaciones que se habían otorgado. También obligó a tres de ellos --Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada-- a devolver casi 14 millones de euros.