Acaip teme que tras la reforma del Código Penal los jueces opten por que los inmigrantes cumplan las penas en España

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Presidente nacional de la Agrupación de Cuerpos de la Administración e Instituciones Penitenciarias (ACAIP), José Ramón López Santamaría, expresó hoy su preocupación ante la reforma del Código Penal que deja en manos del juez si el inmigrante en situación irregular que ha delinquido es expulsado o cumple su pena en España.

"Creemos que ante la presión social de aumentar la seguridad en la calle los jueces aplicarán la condena para su cumplimiento en las cárceles españolas. Esto incrementará las cifras de presos y de gasto público", afirmó en declaraciones en Onda Cero recogidas por Europa Press.

Para el presidente sindical está medida "no tiene sentido" dada la saturación de las cárceles españolas. "La expulsión automática de irregulares que se enfrentaban a penas menores suponía que anualmente entre 1.600 y 1.800 extranjeros eran expulsados y cumplían condena en sus países de origen", agregó.

"La inseguridad civil hace que se produzcan continúas reformas penales que alargan las condenas y suprimen beneficios penitenciarios a los presos, lo que provoca que el sistema penitenciario cada vez crezca más y sea más mantenido en el tiempo sin una salida de personas como las de hace 8 o 9 años", explicó.

SITUACIÓN CRÍTICA

Según Santamaría, las cárceles españolas se encuentran en una "situación crítica" puesto que, argumentó, "a este ritmo de crecimiento en pocos meses podemos alcanzar los 700.000 presos, una cifra disparatada para la población de este país". Apuntó que a día de hoy, hay casi 64.000 internos en el sistema penitenciario español, lo que implica que España sea el primer país en el ratio presos por cada 100.000 habitantes. "Esto no había ocurrido nunca y esta provocando una quiebra del sistema penitenciario", sentenció.

Indicó que la Administración Central excluida Cataluña cuenta con 31.600 plazas en las cárceles españolas, lo que supone un porcentaje de hacinamiento cercano al 180 por ciento. "Dentro de muy poco tiempo estaremos al límite del sistema porque ya existe un número muy importante de centros modernos, denominados 'centros tipos', donde no puede haber más de 2 internos por celda, en estos centros no se pueden tener más población reclusa de la que ya hay, que ya supera los 1.800-1.900 internos, una cifra que para un único centro penitenciario supone un peligro potencial", agregó.

Hasta la inauguración de la nueva cárcel Puerto 3 en Cádiz en aproximadamente un año, el presidente de Acaip opinó que en este tiempo las cárceles "pueden ser una bomba de relojería porque no se están tomando medidas para parar la situación".

En este sentido, el presidente del sindicato afirmó que "la inexistencia de un espacio vital para los reclusos se convierte en un aumento de tensión y conflictividad, lo que supone que en cualquier momento puede surgir un conflicto interno".

INMIGRANTES: UN TERCIO DEL TOTAL DE POBLACIÓN RECLUSA

Según los datos ofrecidos por Santamaría, los inmigrantes representan la tercera parte de la población reclusa, es decir 19.100 internos extranjeros. "Una cifra que se ha ido incrementando de forma exponencial en los últimos 5 años, en el 2000 apenas existían 7.000 internos extranjeros, y la tendencia es que seguirá incrementándose la cifra", añadió.

"Tiene su explicación en que los censos (que sitúan la población inmigrante en un 9 por ciento) no contemplan una población extranjera ilegal muy importante y, porque actualmente a muchos extranjeros sin papeles y sin arraigo en España se les detiene por la presunta comisión de un delito e ingresan en prisión sin que se les aplique ningún tipo de libertad provisional hasta el juicio, como ocurriría a un nacional", explicó.

En otro orden de cosas, apuntó que la transferencia a Cataluña de competencias penitenciarias es "profundamente insolidaria" porque la Administración Central asume toda la carga de los presos más peligrosos, incluidos islamistas y terroristas. "Cataluña no tiene ninguno de estos presos, están todos en la Administración Central del Estado", concluyó.