Acido Bórico.- La juez transforma el procedimiento y dirige la acusación contra Santano, Mélida, Andradas y Ramírez

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La juez de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, dictó hoy auto de transformación en procedimiento abreviado de las diligencias abiertas para investigar la presunta falsificación de un informe policial que relacionaba a ETA con el 11-M, a partir del hallazgo de ácido bórico, y ha dirigido la acusación contra los cuatro responsables policiales que han comparecido ante ella como imputados por los delitos de falsedad documental y/o falso testimonio.

Se trata del comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, su 'número dos', Pedro Mélida, el jefe de Sección de la Unidad de Análisis, Francisco Ramírez, y el jefe de Análisis de la Policía Científica, José Andradas. Además, en el caso de Santano, la juez considera que también su "conducta pudiera ser constitutiva de un delito de encubrimiento". Todos ellos declararon como imputados ante la magistrada por la querella presentada por estos hechos por la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M.

Esta resolución de la magistrada ratifica su decisión de la semana pasada de retirar la imputación a los tres peritos policiales a los que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputó un delito de falsedad de documento.

SUPLANTARON A LOS PERITOS.

La magistrada afirma en su resolución que el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo solicitó el día 14 de marzo de 2005 que se realizase un informe pericial sobre el ácido bórico hallado en el domicilio del procesado por los atentados del 11-M Hassan el Haski.

Los peritos de Policía Científica Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique elaboraron el informe, en el que afirmaban que el ácido bórico había sido también encontrado en un piso franco de ETA en 2001 y se vinculaba este hecho con los atentados del 11-M.

Según la resolución, los imputados, superiores jerárquicos de los peritos, consideraron "inconveniente" que se incluyesen estas referencias, por lo que Ramírez solicitó a los peritos que las suprimiesen. Como éstos se negaron, Ramírez "modificó" el informe "con conocimiento y anuencia de los otros imputados".

En concreto, la juez sostiene que Ramírez eliminó las "observaciones" del informe con referencias a ETA, suprimió que los tres peritos "se hicieron cargo" de las muestras de ácido bórico, atribuyéndose él mismo la recepción de esta sustancia y la práctica de los análisis, y alteró el objeto de la petición solicitado por otro de "Análisis de muestras".

Una vez firmado, Andradas remitió el informe a la Comisaría General de Información, que a su vez lo envió al juzgado de Juan del Olmo, encargado de investigar los atentados del 11-M. La juez considera que estos hechos "se deducen" del estudio de los informes y de las declaraciones de los peritos y de sus superiores jerárquicos.

Ahora, la Fiscalía y la acusaciones particulares tendrá que formular escrito de acusación en el plazo de diez días solicitando la apertura del juicio oral o, en su caso, la práctica de nuevas diligencias.

OPUESTA A GARZÓN

La tesis sostenida por la juez de Instrucción madrileña es radicalmente opuesta a la que sostuvo el pasado 29 de septiembre el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien imputó por un delito de falsedad documental a los peritos y exculpó a sus superiores, que finalmente serán los que se sienten en el banquillo en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid.

Según Garzón, los imputados elaboraron el pasado 11 de julio un informe falsificado, que hicieron pasar por otro documento que habían realizado el 21 de marzo de 2005 y que Ramírez rechazó porque incluía "opiniones subjetivas y faltas de consistencia". Los peritos entregaron el texto manipulado el 11 de julio a Andradas "sin advertirle de la citada alteración que simulaba la fecha de firma y creación de documento".

El juez de la Audiencia Nacional entendió, tras tomar declaración a los peritos y superiores, que había quedado "indiciariamente acreditada la intención" de los peritos "de producir un efecto oficial de un documento que nunca lo fue, que jamás fue autentificado con los sellos oficiales de la Comisaría General de Policía Científica", y que fue elaborado "en un momento posterior (un año y casi cuatro meses después)" de lo que constaba en el texto.

El pasado día 5 de octubre, Garzón se inhibió en la investigación de estos hechos y remitió remitido todas las diligencias practicadas a los Juzgados de Instrucción de Madrid para que prosiguiesen la investigación de los hechos.