MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
El perito Pedro Manrique, que declaró hoy como testigo ante la juez de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, manifestó que su superior, el jefe de sección de Unidad de Análisis de la Policía Científica, Francisco Ramírez, "tachó" las referencias a ETA que contenía el informe sobre el ácido bórico el mismo día que se lo entregaron, el 21 de marzo de 2005. La defensa de los mandos policiales imputados en este caso resaltó que este dato significa que el "único informe oficial" fue el del 22 de marzo de ese mismo año.
Así lo manifestó el abogado de los jefes policiales, José Antonio Choclán, al concluir las declaraciones de los peritos ante la juez Gallego, quien les citó a petición del letrado después de que se reabriese la investigación, al estimar parcialmente el recurso interpuesto por el comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, su 'número dos', Pedro Mélida, el jefe de Análisis de la Policía Científica, José Andradas, y Ramírez contra su imputación por los delitos de falsedad, encubrimineto y falso testimonio.
El letrado Choclán sostuvo que durante la comparecencia Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Manrique reconocieron que "no realizaron personalmente las técnicas analíticas", al igual que no lo hizo Ramírez, quien se reasignó el informe después de que Escribano se negase a eliminar las observaciones en las que se relacionaba a ETA con los atentados de Madrid, a partir del hallazgo de ácido bórico.
También destacó que Escribano, López Cidad y Manrique ratificaron durante una vista oral en la Audiencia Provincial de Madrid en 2004 un "informe ampliatorio" sobre el ácido bórico, donde manifestaron que esta sustancia no era "sustancia explosiva, ni incendiaria". A pesar de que en su declaración se negaron contestar sobre este hecho, el abogado insistió en que tuvieron conocimiento de las características del ácido bórico un año antes de realizar su informe.
Asimismo, el abogado Cloclán señaló en declaraciones a los periodistas que se ha puesto de manifestó que "no hubo designación judicial de peritaje", sino que se solicitó el informe al Servicio Central de Análisis Científicos de la Comisaría General de Policía Científica.
Por todo ello, consideró que la imputación que pesa sobre los jefes policiales "carecen de fundamento", puesto que se sustenta en el testimonio ofrecido el pasado 6 de octubre por Escribano y López Cidad. A su juicio, "las declaraciones de hoy han matizado las anteriores y ha conseguido los objetivos de la defensa".
A LA CARRERA.
Los peritos llegaron a primera hora de la mañana a dependencias judiciales para evitar a la prensa. López Cidad abandonó el despacho pasadas las once y media a la carrera y cubierta con una bufanda para evitar ser fotografiada. Minutos más tarde, Escribano y Manrique salieron del Juzgado de Instrucción numero 35 de Madrid.
Además de la defensa de los mandos policiales, estuvieron presentes durante las declaraciones la fiscal adscrita al juzgado, Patricia Fernández, las acusaciones populares que representan a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y Manos Limpias, así como el abogado del Estado.
La comparecencia obedece a una de las diligencias que solicitó el abogado Choclán en el plazo de siete días que dio la juez Gallego para presentar nuevas diligencias tras reabrir el caso. El letrado sostuvo que el secreto del sumario impidió que la defensa estuviera presente en el interrogatorio de Escribano y Cidad.
En cuanto al perito Manrique, que no llegó entonces a declarar, el letrado afirmó que tuvo "conocimiento directo" de los hechos y aseguró que fue uno de los que firmó el borrador del informe de 21 de marzo de 2005. Además, sostuvo que su testimonio es "necesario" para aclarar las circunstancias que rodearon la devolución del borrador del informe a Escribano por parte de Ramírez.
POR SEGUNDA VEZ ANTE LA JUEZ.
Se trata de la segunda ocasión que Escribano y López Cidad comparecen en calidad de testigos, al igual que hicieron ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Éste último les imputó un delito de falsedad documental al entender que existían indicios de que los peritos realizaron el 11 de julio de este año un informe falsificado, ya que lo hicieron pasar por el del 21 de marzo y que Ramírez había rechazado.
Por su parte, Garzón, que se inhibió a favor de los juzgados ordinarios de Plaza de Castillo, exoneró a los mandos de la Policía Científica imputados por la juez Gallego, al no hallar indicio alguno de su implicación en la supuesta manipulación del informe.