La acusación particular dice que la Guardia Civil declaró que hubo "racismo" en el caso de Cortegana

CORTEGANA (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

La acusación particular en el proceso abierto por los sucesos supestamente racistas en el municipio onubense de Cortegana, que representa al colectivo gitano del barrio Las Eritas, aseguró hoy que la declaración ante el juez instructor de Aracena (Huelva) de los agentes de la Guardia Civil y del sargento de mando del puesto que actuó en la noche del pasado 16 de enero de 2005 en los denominados ataques a la comunidad gitana, tras una manifestación, es "contundente" para avanzar en el procedimiento, al asegurar que los agentes hablaron de "racismo" en dichos ataques.

En declaraciones a Europa Press, el letrado Diego Luis Fernández, encargado de la defensa de la comunidad gitana de Cortegana, indicó que los agentes han confirmado que, "además de actitudes radicales, hubo racismo" en los ataques al barrio de Las Eritas, donde se quemaron enseres y se destrozaron casas y coches de los vecinos gitanos, tras la manifestación que fue convocada en principio de forma pacífica por parte del Ayuntamiento en repulsa por la muerte de Mateo Vázquez, presuntamente a manos de miembros de dicha comunidad.

En este sentido, Fernández especificó que "los guardias civiles que estuvieron presente aquel día en los ataques a Las Eritas declararon ante el juez que los implicados les decían que les dejaran vía libre para actuar contra los gitanos".

Al mismo tiempo, según comentó, "los implicados llegaron a insultar a los propios agentes" y por ello no se descarta que queden imputados, además de por los propios ataques, por desacato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por el momento, ya han pasado a declarar ante el Juzgado número dos de Aracena, quien lleva el caso de los ataques a los gitanos, los presuntos implicados en los actos, entre ellos el propio alcalde de la localidad, Antonio Marín (IU), como convocante de la manifestación que derivó en los ataques; así como la Guardia Civil, afectados y testigos presenciales.

Ahora, el juzgado trabaja sobre las diligencias previas y próximamente, según confió la defensa, se establecerá "un procedimiento abreviado", pasando el caso a la capital onubense, "bien al juzgado de lo penal o bien a la Audiencia Provincial de Huelva".

Además, uno de los presuntos implicados volverá a declarar de nuevo ante el juez, al apuntar en su primera comparecencia judicial que trató de apagar el fuego que se originó en uno de los lugares del barrio Las Eritas la noche de los ataques.

Los imputados por el momento tendrían que hacer frente a la autoría de dos presuntos delitos. Por un lado, un delito contra el Orden Público tipificado en el artículo 557 del Código Penal español, con penas de entre seis meses y tres años. Por otro, un delito contra los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas --artículo 510 del Código Penal-- y que conlleva penas de entre tres y seis años de cárcel, además de indemnización a los afectados.