SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación Cultural de la Comunidad de Inmigrantes de los Pueblos y Naciones de África Occidental, P.J., que hoy ha sido juzgado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla como presunto autor de un delito continuado de estafa a inmigrantes, dijo que nunca les pidió dinero a éstos "porque no tenían para comer".
La presunta estafa se habría llevado a cabo al realizar 19 ofertas de trabajo "ficticias e irrealizables" a otros tantos inmigrantes subsaharianos y cobrarles por ello. En ese sentido, P.J., que precisó de un intérprete para hacer la mayor parte de sus declaraciones, manifestó que lleva nueve años afincado en España y que desde 2002 es el presidente de la asociación, ya que el anterior presidente cesó en sus funciones "tras problemas con la justicia".
Las reuniones de la asociación, que según el acusado consta de unos 170 miembros, se llevaban a cabo en su domicilio o en el del vicepresidente, en la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache, debido a la falta de dinero para alquilar un local.
P.J. aseguró que había llegado a un acuerdo con los cinco inmigrantes que vivían en su casa con él, según el cual estos les pagaban cada cierto tiempo una cantidad económica para sufragar los gastos, "pero no a todos, porque muchos de ellos sobrevivían vendiendo periódicos en la calle".
Asimismo, el acusado confirmó haber haber realizado "progresivamente" esas 19 ofertas de trabajo, con vistas a que llevaran a cabo distintas labores --las ofertas fueron de nueve plazas de peón, cuatro para servicios de limpieza, seis para mozos, dos para auxiliares y una para profesor-- en una futura 'Casa de África'. Este proyecto nunca llegó a realizarse --y, por tanto, tampoco se concretaron las ofertas laborales-- "porque el Ayuntamiento nos denegó el permiso cuando empezaron los problemas con la Justicia".
P.J. negó también haber pedido dinero a nadie por estas ofertas laborales, ante la cuestión de la Fiscalía sobre si estas cantidades le fueron entregadas ante el "absoluto desconocimiento" de los afectados del ordenamiento jurídico español. Arguyó que la denuncia de uno de los afectados, K.O., vino del hecho de su "decepción" al no ser elegido para el equipo de fútbol de la asociación y pensar que si hubiera sido elegido dispondría de permiso de residencia permanente.
En el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal solicita seis años de prisión y una multa de 2.160 euros, así como una indemnización para los dos únicos inmigrantes estafados por P.J. que han podido ser localizados --su situación administrativa irregular dificulta el proceso--, que sería de 600 euros para K.C. y de 250 euros para K.O. Este, según la Fiscalía, en un principio pagó 400 --el acusado le pidió 600--, pero al le fueron reintegrados 150 euros por parte del encartado, con la intención de que no denunciara.
