Adán Martín pide a los 25 que asuman "solidariamente" la acogida y tutela de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a Can

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Oct. (EP/IP) -

El presidente del Gobierno de Canarias llamó hoy a la solidaridad de los veinticinco países miembros de la Unión Europea para que acojan y tutelen a los menores inmigrantes que llegan a Canarias en aquellos casos en los que resulte imposible la reunificación familiar. Adán Martín hizo estas manifestaciones ante la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior del Parlamento de Canarias, donde recordó que la 'oleada' de cayucos ha llevado hasta el archipiélago a 900 menores de edad no acompañados.

"Mi Gobierno está haciendo un enorme esfuerzo económico y logístico para ofrecer a estos pequeños unas condiciones de vida equivalentes a las de otros niños de una sociedad desarrollada. Sin embargo, la cantidad de menores no acompañados que acogemos y la velocidad a la que llegan, hacen insostenible la situación", denunció el presidente canario, quien destacó que su situación "nos obliga a no ser pasivos, a tomar medidas a corto plazo. Tenemos datos sobre sus familias y sus domicilios, y debemos impulsar de inmediato las reunificaciones familiares".

Para Adán Martín la ayuda debe prestárseles en sus países de origen, cerca de sus familias, y recordó que la Convención de Derechos del niño obliga a los Estados a luchar contra los traslados ilícitos de niños a otros países.

Durante su intervención, el presidente del Gobierno de Canarias recordó que en lo que va de año han entrado por vía marítima en las islas más de 26.000 personas, los que un millar eran niños. Ante esta dramática situación, opinó que Europa no debe estar indiferente y que es hora de que se una para abordar este fenómeno y relanzar el proyecto.

El presidente canario explicó que Canarias es la región que está en primera línea de la crisis que se vive en el Atlántico y que pese a que esta 'oleada' migratoria no es la única que vive o ha vivido Europa, se trata sin duda de la más "dramática, por las miles de muertes que se están produciendo en aguas del Atlántico".

Explicó que se han cifrado en 3.000 los inmigrantes irregulares que han muerto en el mar desde principios de 2006 y que según los testimonios de los que han logrado llegar y de las ONG que trabajan sobre el terreno, uno de cada diez inmigrantes que inicia este viaje fallece antes de llegar a su destino.

"La colaboración de Marruecos en la lucha contra la inmigración irregular ha desplazado hacia el sur la actividad de las mafias de tráfico de personas. Las pateras han cedido el protagonismo a los cayucos procedentes de Mauritania o de Senegal. Algunos han partido ya desde Guinea Bissau, en un viaje cada vez más largo, cada vez más peligroso", apuntó Adán Martín, para quien los territorios fronterizos de la UE están asumiendo una carga especial en la contención del fenómeno migratorio y requieren la solidaridad europea para la gestión de sus consecuencias. "En la frontera marítima mediterránea y atlántica, algunas islas se han convertido en el destino prioritario de esta inmigración ilegal masiva. Es el caso de Canarias, pero también de Lampedusa, de Malta, de Chipre y de algunas islas griegas", dijo.

"El pasado mes de junio, una delegación de esta comisión parlamentaria visitó Canarias y pudo constatar de primera mano la gravedad de la situación. Los medios humanos y materiales de que disponemos han sido insuficientes en las semanas más críticas", explicó, y "hemos tenido hasta 1.000 inmigrantes en un solo día", lo que ha generado que los juzgados continúen desbordados y las dependencias policiales carezcan de espacio físico donde ubicarlos mientras se realizan los trámites oportunos. "Se han tenido que improvisar nuevos centros de retención para albergar a estas personas en espera de que sean repatriadas o derivadas hacia otras zonas del Estado", denunció el presidente canario, quien subrayó que en septiembre ha habido periodos en los que se concentraban más de diez mil inmigrantes en estos centros.

"Los estados fronterizos, y en especial las islas, no pueden asumir solos un problema que es europeo, porque el destino final de la emigración es, en definitiva, el sueño europeo", apuntó.

Adán Martín expuso algunas recetas que, a su juicio, podrían emplearse para frenar la inmigración irregular como son fomentar la cooperación con los países de origen y tránsito, reforzar las medidas de seguridad y control, así como las de regularización y estimular la inversión privada.

"La Unión y los Estados miembros deben apoyar el establecimiento de un marco jurídico estable y seguro que propicie el desarrollo del sector privado", señaló, y establecer incentivos fiscales a la inversión en esos países con el objetivo de orientarlos hacia sectores y actividades que favorezcan el desarrollo económico sostenible y la creación de empleo.

"La cooperación con los países de origen y tránsito debe reforzar los vínculos entre ayuda al desarrollo y migración", opinó Adán, para quien la implicación de los gobiernos de los países emisores "no será suficiente si no se les dota de los medios técnicos y financieros necesarios para controlar los flujos migratorios en los miles de kilómetros de sus costas."

"La credibilidad de la política de inmigración quedaría en entredicho si no se adoptan medidas contundentes de lucha contra la inmigración ilegal. La vigilancia y control de las fronteras, la cooperación policial y judicial y los acuerdos de readmisión y retorno deben acompañar a las medidas destinadas a atajar las causas de la emigración y a las destinadas a favorecer la inmigración legal", dijo Martín, quien explicó que si bien la primera misión FRONTEX se ha desplegado frente a las costas de Senegal, Mauritania y Cabo Verde, los medios con los que cuenta actualmente "no podrá cumplir con eficacia la misión para la que fue creada."

Respecto a los acuerdos de readmisión y retorno dijo que deben ser abordados en paralelo al establecimiento de una política creíble de inmigración legal, mediante el establecimiento de cupos. "Sobre esta base sería mucho más factible la aplicación del artículo 13 del Acuerdo de Cotonú que ofrece a la Unión base jurídica que necesita para solicitar la readmisión de los nacionales de los países firmantes del acuerdo que se encuentren en Europa en situación irregular", concluyó.