Se admite la querella por malversación contra cuatro directivos de la empresa pública Adigsa en la época de CiU

BARCELONA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, Gonzalo de Dios, ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra ocho personas, cuatro de ellas directivos de la empresa pública Adigsa en la época de CiU, por el presunto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas durante el anterior gobierno de la Generalitat.

La querella, que se presentó el pasado 16 de diciembre, afecta a algunos militantes de CDC, altos cargos de Adigsa, empresa de la Generalitat dedicada a la rehabilitación y promoción de vivienda social, implicados en la presunta trama de cobro de comisiones irregulares entre 2002 y 2004.

En este sentido, uno de los imputados es Ferran Falcó, ex presidente de Adigsa y jefe de gabinete de la Conselleria de Política Territorial y Medio Ambiente de la Generalitat cuando el conseller era Felip Puig, actual portavoz de CiU en el Parlament.

Otro de los querellados es el ex consejero delegado de Adigsa y militante de CDC, Josep Anton Fondevila, acusado de autorizar pagos a constructores sin proceso de adjudicación. El también militante de CDC y ex empleado de la empresa pública Josep Maria Penín, pariente lejano de Puig, figura en la causa en calidad de intermediario.

La Fiscalía se dirige, además, contra el director del Área Técnica de Adigsa, Jordi Huguet, y contra el jefe del Departamento de Adquisiciones, Xavier Sala. También constan en la causa Jorge Honrubia, cuñado de Penín y creador de una sociedad para facturar a Adigsa, y los constructores Ángel Egido y José Antonio Salguero, siendo éste último el que denunció las irregularidades.

El juez les ha citado a declarar como imputados por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en documento oficial y mercantil. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 también ha citado a varias personas en calidad de testigos, aunque no se ha especificado cuando se iniciarán las comparecencias.

El fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, se interesó en el asunto el pasado 25 de febrero, después de que el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, acusara implícitamente a CiU durante el pleno del Parlament de haber cobrado comisiones del 3% de constructoras a las que adjudicó obras durante sus años de gobierno.

Maragall rectificó su acusación inmediatamente después de que el líder de CiU, Artur Mas, le advirtiera de que si no retiraba sus palabras enviaría la legislatura "a hacer puñetas", recordando la necesidad de los votos de CiU para aprobar el Estatut.

20 EXPEDIENTES FRAUDULENTOS.

El fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, confirmó que la querella hace referencia a CDC, aunque no menciona de forma expresa "el famoso 3%". "La Fiscalía no se ha encontrado en condiciones de formular ninguna acusación sobre el 3% porque no ha accedido a ninguna fuente de conocimiento de la que pudiera extraer una responsabilidad criminal", aclaró.

En cuanto a las irregularidades, Mena se refirió, en primer lugar, a la manipulación de los expedientes de adjudicación de "obras de remodelación de pisos modestos de segunda mano" de protección pública. Según explicó, consta la existencia unos 20 expedientes fraudulentos y las cantidades estafadas al erario público oscilan entre los 3.000 y los 6.000 euros por proyecto.

Mena aseguró que los datos "copiosos" de los que dispone la Fiscalía indican que primero se otorgaba la realización de la obras y luego redactaba el expediente de diferentes maneras, "cada una de ellas generadora de alguna arbitrariedad y/o falsedad". "De manera que estamos hablando de la concepción, generalmente a posteriori, de informes falsos", aseguró.

La querella afectará principalmente a Josep Maria Penín, acusado de exigir una comisión del 20% a las empresas que recibían encargos de rehabilitación y mantenimiento de viviendas sin adjudicación. El fiscal explicó que los responsables de Adigsa aumentaban en un 20% el coste real de las obras encargadas a los constructores "para satisfacer el interés de Penín y quizá de algún otro".

ABUNDANTE DOCUMENTACIÓN.

Según Mena, la abundante documentación de la que dispone la Fiscalía proviene de las instituciones que en la actualidad tienen la responsabilidad política sobre Adigsa, actualmente en manos de ICV-EA, y las empresas relacionadas con ella. "Los responsables de esas instituciones han aportado toda la información de que disponen", explicó.

A este respecto, el fiscal jefe quiso aclarar que en la querella no existe "el más mínimo asomo de imaginación o de creación propia". "Todo lo que consta se refiere única y exclusivamente a los datos de que disponemos, en la medida en que son declaraciones de testigos o de inculpados o documentos formalmente remitidos a la Fiscalía", explicó.

Sin embargo, apuntó que, desde el punto de vista jurídico penal, "el asunto es de una extraordinaria importancia, ya que el comportamiento de los imputados merece altos niveles de reproche penal y de severidad punitiva". El fiscal no concretó las penas a que se enfrentarán los querellados, aunque aseguró que "son, en cierto modo, escalofriantes".