Publicado 24/07/2020 17:24:33 +02:00CET

La AF, ante la falta de respuesta de Delgado, insiste en que Fiscalía les informe sobre las querellas contra el Gobierno

La nueva fiscal general del Estado, Dolores Delgado saluda al teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas , minutos antes de su toma posesión como miembro nato del Consejo Fiscal, órgano consultivo en el que están representadas las asociaciones de fiscales
La nueva fiscal general del Estado, Dolores Delgado saluda al teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas , minutos antes de su toma posesión como miembro nato del Consejo Fiscal, órgano consultivo en el que están representadas las asociaciones de fiscales - Óscar Cañas - Europa Press - Archivo

La semana pasada recordó a la fiscal general del Estado su deber de abstenerse en los asuntos relacionados con el Ejecutivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, ha remitido este viernes una carta dirigida al teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, para que les informe sobre el estudio que está realizando el Ministerio Público sobre las 36 denuncias y 15 querellas interpuestas en el alto tribunal contra el Gobierno por su gestión de la pandemia del coronavirus, ante la falta de respuesta de la fiscal general, Dolores Delgado.

La asociación envió el pasado 15 de julio una misiva a Delgado en la que apuntó que no hay "ninguna duda sobre la obligatoria y necesaria abstención" de la fiscal general en este asunto para respetar "la apariencia de imparcialidad del Ministerio Público en asuntos de enorme trascedencia y de constante repercusión mediática", debido a su anterior cargo, el de ministra de Justicia.

"En los más de 150 años de vida de nuestra institución, es la primera vez (salvo error u omisión por nuestra parte) que su máximo exponente abandonaba el ejecutivo el mismo día que se anunciaba su designación para ocupar esta alta instancia y se encontraba aún en posesión del acta de diputada", destaca la AF en un comunicado.

La reclamación de abstención se hizo después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo solicitara a la Fiscalía un informe sobre la competencia del tribunal para estudiar el total de 51 actuaciones penales dirigidas contra el Ejecutivo, así como su posible acumulación.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

En este sentido, la asociación subrayó que era "evidente" que la fiscal general del Estado "no podrá intervenir en ninguno de los procedimientos trasladados" y que por ello debía ser sustituida en todas ellas por el teniente fiscal del Supremo, a quien entonces le compete "recibir información, fijar criterios de actuación, designar o relevar a los fiscales en asuntos específicos e impartir órdenes o instrucciones en asuntos concretos".

Asimismo, ante la "falta de noticias sobre todo lo relativo a esta cuestión", la AF solicitó a Delgado información sobre si se han remitido desde el Supremo esos procedimientos incoados y si se ha producido su "efectiva abstención".

Según indica la asociación, Delgado continúa en la "aparente costumbre" de "desatender las peticiones", por lo que ha acudido esta vez a reclamar dicha información.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE FISCALES

Asimismo, ha insistido en la necesidad de que se convoque una Junta de Fiscales de Sala para que puedan ser escuchados antes de que la "posición del Ministerio Fiscal sea fijada a través de un debate colegiado", tal y como establece el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

"Queremos resaltar este último aspecto porque observamos con notable preocupación la deriva de la Fiscalía General del Estado a prescindir de la Junta de Fiscales de Sala, a la que se obvia omitiendo su convocatoria y sustrayendo de su deliberación y consulta aquellos extremos que estatutariamente le corresponden, e favor de la Secretaría Técnica", dice la asociación mayoritaria de la carrera.

Recuerdan que la Secretaría Técnica, dirigida por el fiscal Álvaro García Ortiz, es una unidad de consulta de la Fiscalía General del Estado, cuya jefatura la ostenta "quien es persona de confianza del fiscal general del Estado que lo nombra".

Por ello, creen que, mediante esa relación de confianza, "se puede cuestionar la apariencia de imparcialidad si se residencia en esta unidad el dictamen técnico-jurídico en procedimientos en los que están implicados miembros del gobierno".

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