Interesan también la testifical de la actual subgobernadora del BdE y aportan una nueva pericial
MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El despacho Durán y Durán Abogados, que representa a pequeños accionistas del Banco Popular que acudieron a la ampliación de capital de la entidad de 2012, investigada por la Audiencia Nacional, ha solicitado al instructor la declaración testifical del que fuera gobernador del Banco de España (BdE) en esa época, Luis María Linde, de la actual subgobernadora del BdE, Margarita Delgado, y del exvicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia.
Lo hace después de que hayan declarado ante el magistrado Santiago Pedraz los dos peritos del Banco de España que ratificaron su informe en el que indicaron que la decisión de realizar esa ampliación fue "una buena inversión con independencia de la rentabilidad que obtuviera cada uno de los accionistas".
Sin embargo, para el despacho que defiende los intereses de los pequeños accionistas, el informe de los peritos contiene "evidentes contradicciones" por lo que ha solicitado una amplia batería de diligencias entre las que se hayan esas testificales, según confirman fuentes jurídicas a Europa Press.
En concreto, de Margarita Delgado el bufete recuerda que en la época sujeta a investigación era la coordinadora ejecutiva del grupo de inspección asignado permanentemente al Banco Popular. Y de Almunia apunta que en una comparecencia pública celebrada en el Ministerio de Economía el 5 de julio de 2019 en presencia de numerosas personas del ámbito de la economía y de la regulación bancaria, manifestó que "en 2012 y 2013 se escapó una entidad financiera, (...) Banco Popular", y apostilló que eso no hubiera pasado "con un supervisor único".
Además de estos tres, se solicita la testifical de otros trece funcionarios del BdE que "han tenido relación directa con esas tareas de inspección y seguimiento" sobre el Popular.
También la de Ignacio Pardo Cuerdo, inspector del BdE que participó en la inspección del Popular durante el período 2009-2011, época "en la que se identificó un déficit recurrente de provisiones en sus inspecciones e informes de seguimiento". Y la de Jerónimo Martínez Tello, director general de Supervisión del BdE entre los años 2009 y 2012 y firmante del escrito dirigido al presidente del Banco Popular en marzo de 2010 "donde se le requería el cumplimiento de determinadas medidas".
Por otro lado, desde el bufete informan en nota de prensa de que se han personado en la causa otros 96 nuevos afectados.
NUEVA PERICIAL
Desde el despacho también se ha aportado un nuevo informe pericial realizado por el doctor en Economía y Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid Prosper Lamothe, y al que ha tenido acceso esta agencia, que reflejaría por un lado posibles manipulaciones detectadas en la información que el Banco Popular presentó al mercado de cara a la ampliación de 2.500 millones de euros y por otro vendría a demostrar que las pérdidas que tendrían que haberse declarado en el ejercicio 2012 eran de 5.237 millones de euros y no de 2.300 millones, que fue lo que se anunció a los inversores antes de la ampliación.
El informe explica que "durante ocho años el banco declaró beneficios que son irreales, en base a su política de no dotar los deterioros realmente sufridos en su cartera de inmuebles adjudicados y créditos dudosos".
"Incomprensiblemente los peritos del informe BDE de 2023, no tienen en cuenta todos estos hechos en su informe y reducen de forma absurda la gravedad de los hechos. La manipulación fue escandalosa e impidió a los inversores y al mercado ajustar la cotización de la acción a la realidad financiera del banco", concluye.
EL INFORME DE LOS PERITOS DEL BdE
Cabe recordar que el pasado 6 de febrero los dos peritos del Banco de España ratificaron ante el juez de la Audiencia Nacional su informe de julio de 2023. Según fuentes jurídicas consultadas, en ese escrito defendían que la ampliación fue un éxito tal y como lo demostró "la cotización de la acción, con revalorizaciones importantes en casi los tres años posteriores a la ampliación de capital, en gran parte fruto de la mejor situación financiera del banco tras las medidas de capital y saneamiento adoptadas".
Se da la circunstancia de que fue la Sala de lo Penal la que reabrió la causa y obligó al magistrado a tomar declaración a sendos peritos, instándole a decidir la realización de nuevas diligencias de instrucción que resulten estrictamente necesarias tras esa testifical.
Y eso después de que en noviembre del pasado año el juez acordara el sobreseimiento de la causa siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba que la ampliación de capital de 2012 "se efectuó conforme a la legislación vigente y siendo sometida a los controles pertinentes".
El magistrado hacía suyas las conclusiones de la fiscal Belén Dorremochea, que remitió un escrito al Juzgado en el que pedía el archivo de la causa haciendo alusión a un documento clave: la pericial del Banco de España que calificó la operación de "éxito" y que sostenía que la ampliación supuso "una buena inversión con independencia de la rentabilidad que obtuviera cada uno de los accionistas".
En esta línea, Anticorrupción señalaba que la operación "se produjo en un contexto de grave crisis económica mundial que obligó a los diferentes estados a adoptar medidas que paliaran la situación, que en el caso de España consistieron en implementar estrictas medidas en el sector bancario".
En el supuesto del Popular, explicaba la fiscal, "se calculó que tenían que obtener 3.223 millones de euros de recursos propios adicionales y el banco decidió cumplir con los requerimientos a través de sus propios medios sin recurrir a las ayudadas públicas, optando por realizar una ampliación de capital en 2012 para cumplir los objetivos requeridos a nivel estatal".
PRESENTARON LA INFORMACIÓN EXIGIDA
La decisión, continuaba, se adoptó "en una Junta General Extraordinaria, habiendo efectuado varias reuniones de la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración, donde se barajaron las distintas opciones para el aumento de las provisiones, así como las ventajas e inconvenientes, efectuando la operación conforme a la normativa pendiente y presentado la información legalmente exigida sobre la situación de la entidad para que los potenciales compradores tuvieran una imagen fiel de la misma".
La fiscal indicaba que, en esa operación, quedó "pendiente reclasificar a dudoso una parte de los importes pendientes identificados por la inspección, reclasificando 3.920 millones de euros en 2013". "Omisión que no se ha considerado suficientemente relevante para empeorar la imagen de la entidad, sin que podamos acreditar que el no incluir esas reclasificaciones en el ejercicio de 2012 se hizo con intención de engañar a los posibles compradores", asevera.
Así las cosas, la Fiscalía tenía en cuenta "que en la información proporcionada ya se abordaba la complicada situación de la entidad, sus pérdidas y las importantes reclasificaciones efectuadas, y que existía un informe de una auditoría independiente, Deloitte, donde se indicaban que las provisiones a dotar en 2012 eran inferiores a las que señalaba la inspección del Banco de España, resultando finalmente beneficiosa la operación para los que participaron, produciéndose desde muy pronto revalorizaciones relevantes de la acción, incluso por encima del mercado".
