PAMPLONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
La plataforma AHT Gelditu Elkarlana ha expresado su "solidaridad" a los cuatro procesados, miembros del colectivo contra el tren de alta velocidad Mugitu, por lanzar tartas a la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, mientras participaba en una reunión de trabajo en Toulouse.
En opinión de este colectivo, las penas a las que se enfrentan estos cuatro procesados por un delito contra la autoridad, castigado con entre cuatro y diez años de cárcel, son "desproporcionadas" y han reclamado además el "archivo de la causa" y la "libre absolución" de los imputados.
"Es una desproporción en sí todo lo que lleva acarreado el TAV, el proyecto en sí, el coste económico, los impactos medioambientales e incluso la criminalización de la oposición", ha opinado a preguntas de los periodistas Raúl Oloriz, miembro de AHT Gelditu.
Oloriz ha ofrecido este martes una rueda de prensa, junto a otros miembros del colectivo, para animar a la sociedad a participar en la manifestación "ruidosa" que van a desarrollar el sábado 21 de abril, en Pamplona, bajo el lema 'Cortemos las vías del despilfarro', para reclamar la paralización del "despropósito" del TAV. La marcha partirá a las 18 horas de la Plaza del Castillo.
Además, AHT Gelditu ha organizado el día 12 de abril una visita a las obras del TAV en Cadreita a la que han invitado a todos los grupos parlamentarios para que "sean testigos directos de lo que supone la construcción de esta obra". Según ha explicado Oloriz, Bildu e Izquierda-Ezkerra ya han confirmado su asistencia.
En opinión del colectivo, el TAV "ni ayuda a crear condiciones dignas de vida ni a solucionar el problema del desempleo" y han rechazado que esta obra tiene un coste en Navarra "de al menos 4.000 millones de euros, sin contar con las más que probables desviaciones típicas de estas grandes infraestructuras".
"Esta obra, como otras que se han realizado en la Comunidad foral, suponen un enorme derroche del dinero común y sólo responde a intereses de la clase política y de constructoras, bancos y de grandes empresas, sin información y sin debate social", han concluido.