MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) confía en que el Tribunal Supremo, con la sentencia que anuló el nombramiento de Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por no estar motivado, ponga fin a una "triste etapa" en la que "buena parte de los nombramientos discrecionales" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se han llevado a cabo mediante "el mero reparto de cuotas entre los llamados sector 'conservador' y 'progresista'", con los votos de los vocales designados a propuesta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD).
En un comunicado, Francisco de Vitoria considera que esta actuación, que califica de "reprochable", ha proyectado sobre los ciudadanos "una perniciosa imagen de politización de la Justicia, ajena a la labor jurisdiccional que con absoluta profesionalidad desempeñan cotidianamente miles de jueces y magistrados, y ha generado en la carrera judicial "desánimo y frustración al ver notablemente mermadas sus expectativas de promoción profesional".
Asimismo, la asociación de jueces y magistrados recuerda que ha denunciado "reiteradamente" la ausencia de motivación en los nombramientos discrecionales de cargos judiciales del CGPJ y ha reclamado dicha motivación como "garantía de interdicción de la arbitrariedad, de transparencia en la decisión y de idoneidad del designado para el cargo de que se trate", para que sea "un requisito indispensable para salvaguardar el derecho de defensa del resto de candidatos".
Francisco de Vitoria señala que la ausencia de motivación en las decisiones del órgano de Gobierno de los jueces impedía "un auténtico control judicial" sobre estos nombramientos y, en particular, en relación con "la preeminencia de los principios de mérito y capacidad de los mismos".
La asociación judicial celebra la sentencia dictada por el alto tribunal el pasado 22 de mayo y notificada hoy a las partes, por impedir la designación de tales cargos por "razones de mera oportunidad política, afinidad personal o adscripción ideológica, exigiendo que se lleven a cabo tan solo por razones de aptitud profesional para el desempeño" del puesto a ocupar, que "habrán de ser asequibles desde las perspectivas de los principios constitucionales de mérito y capacidad".