MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente ejecutivo del PCE y responsable de Relaciones Políticas de Izquierda Unida (IU), Felipe Alcaraz, criticó hoy, en declaraciones a Europa Press, el "seguidismo" de su coalición con el PSOE, después de que su Comisión Permanente adoptara ayer, a petición de su coordinador general, Gaspar Llamazares, la decisión de no presentar una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tal y como defendían los comunistas. La dirección de IU respaldó la propuesta de LLamazares por 21 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones.
Alcaraz, calificó el proyecto presupuestario del ministro de Economía, Pedro Solbes, como "el peor" y denunció los "5.000 millones que se embolsará la Iglesia" así como los "6.300 millones que costará la reforma fiscal". Asimismo denunció el carácter "continuista y neoliberal" de los PGE en los que, según dijo, se detecta una presencia de "la especulación de la vivienda, la siniestralidad laboral, la explotación a inmigrantes o el militarismo".
En este sentido, Alcaraz --quien aseguró haber mantenido su postura de enmendar los presupuestos en la votación de la Comisión-- lamentó que su coalición esté "subsumiendo su proyecto al del partido socialista". "No hay perfil ni proyecto propio", añadió. Por ello apostó por llevar a cabo una "oposición nítida, lejos de los mensajes ambiguos".
El presidente Ejecutivo del PCE recordó que es la primera vez que IU se abstiene en una votación sobre los presupuestos. La coalición tampoco había planteado enmienda de totalidad en los Presupuestos de los dos años anteriores, aunque esta vez había advertido al Gobierno de que se necesitaba más gasto social y había emplazado a los socialistas a decantarse entre la izquierda y los nacionalistas de CiU y PNV.
En cualquier caso, IU espera que, después del debate de las enmiendas de totalidad, previsto para la próxima semana en el Congreso, se retomen sus negociaciones con el Gobierno en la esperanza de que sea más receptivo y se puedan alcanzar acuerdos para reorientar cerca de 1.800 millones en partidas sociales como la atención a la dependencia, la violencia de genero, desarrollo de la Ley de Educación, políticas medioambientales y la 'deuda histórica' pendiente con Andalucía y Extremadura.
