SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Sevilla, Alfonso Guerra, ha dejado claro que el auto emitido este martes por la magistrada Mercedes Alaya, que indaga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, "no apunta a nadie, sino que lo que hace es pedir información" y advierte de la "cronología" de la juez de Instrucción número 6 "coincidente con las elecciones".
Tras participar en un reparto de propaganda en el Polígono San Pablo, junto con el secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Juan Espadas, Guerra ha asegurado que Alaya tiene "su cronología, es algo objetivo" y ha apuntado al desarrollo de un calendario de actuaciones y electoral que "coinciden". "El que no lo ve es que no quiere verlo", sentencia.
Además, señala que, aunque no conoce el expediente, la información de la que dispone apunta a que la juez pide información a las autoridades "sin apuntar a tal y cual, como hay quien apunta intentando manipular". "Eso es mentira, porque lo que hace es pedir una información y no tiene nada que ver con lo que dicen algunos", advierte.
Preguntado por la posible relación entre la emisión del auto y las declaraciones realizadas por Guerra sobre Alaya, el socialista deja claro que ambas cosas "no tienen nada que ver, porque seria un retorcimiento aún mayor". "Soy más sencillo y no busco sobre la tierra cosas que no existen", concluye.
La juez Mercedes Alaya ha reclamado este martes las autorizaciones del "titular de la Consejería de Economía y Hacienda", actualmente en manos de Carmen Martínez Aguayo y antaño de José Antonio Griñán, sobre operaciones de endeudamiento relacionadas con 21 empresas. Además, pide a la representación legal del secretario general del PP-A, Antonio Sanz, y al exdelegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido --actual alcalde de Sevilla-- el plan promovido por el Gobierno central en 2002 "para paliar la crisis de la Faja Pirítica andaluza", mientras que también pide datos de 796 prejubilados en distintos ERE de empresas mineras andaluzas.
