SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Nov. (EP/IP) -
Alberto Amorós garantizó hoy que durante su gestión al frente de la Dirección General del Tesoro "no hubo menoscabo ni faltó un solo euro", y defendió el convenio que se suscribió con varias entidades bancarias porque además de su carácter novedoso en 1996 y contar con el respaldo del Gobierno de Canarias, consiguió los objetivos para lo que fue diseñado. Entre otros, explicó, que determinadas actuaciones de la Comunidad Autónoma se realizaran sin coste alguno "con el fin de rentabilizar sus fondos".
Amorós admitió, no obstante, que si bien sus beneficios no son cuantificables, sí lo fue el de incentivarla colaboración con las entidades bancarias porque consiguió mejorar la comunicación telemática y los procedimientos del departamento que dirigía.
Así, defendió en este aspecto, el convenio suscrito con los bancos y negó la existencia de una segunda adenda que, según el diputado del grupo parlamentario socialista José Alcaraz, consta de un párrafo donde se especifica la subcontratación a terceros.
"No hay dos adendas sino una, que es la que se firmó y de la que se informó" apuntó Alberto Amorós en la comisión que investiga las supuestas infracciones legales detectadas por la Audiencia de Cuentas e imputadas al Tesoro cuando era director general. Amorós recalcó que él no redactaba su contenido porque era tarea del departamento técnico.
Por el contrario, Alcaraz insistió en la existencia de dos adendas y recordó que los representantes de las entidades financieras (BCH y BBVA) informaron en la comisión que el convenio sí implicaba contraprestaciones económicas. Conclusiones que descartó el ex director del Tesoro porque, a su juicio, el convenio "habla claramente de las condiciones y formas de actuar de las entidades financieras con el Tesoro, Hacienda y el Gobierno. Se trata de un convenio amplio y era una actuación que se hizo por primera vez para tener una línea de colaboración con las entidades financieras que estaba abierta a que cualquier otra entidad que mejorara las condiciones vigentes pudiera incorporarse".
Según Amorós, todas las actuaciones que se les exigieron estaban cubiertas y destacó que el convenio consiguió mejoras ostensibles y una relación de mutuo acuerdo e interés con las entidades financieras.
Alcaraz, que valoró las contraprestaciones en unos 75 millones de las antiguas pesetas, observó que no se sabe ha cuánto ascendió el rendimiento de los bancos por los depósitos realizados por la Comunidad Autónoma; cantidad cuyo pago, dijo Alberto Amorós, "hemos exigido pero no hay texto ni documento que les obligue a ingresar ninguna cantidad. Lo hacían de manera voluntaria y de acuerdo al principio que generó el convenio: mutuo beneficio para ambas partes".
El ex director del Tesoro recordó que existía además una comisión de seguimiento del convenio y si bien admitió que hubo entidades que no ingresaron lo que debía, se les exigió "taxativamente ese pago."
CONVENIO FISCALIZADO
Alberto Amorós explicó al diputado del grupo popular, Jorge Rodríguez, que el convenio estuvo fiscalizado por la intervención general por lo que sale fuera del ámbito de Amorós porque se trata de un convenio del Gobierno de Canarias; y garantizó que "nunca cuestionamos ni marcamos un importe a las entidades, sino unos trabajos que se hicieron. Los pagos a las consultoras en particular eran consecuencia del convenio. Los bancos han pagado lo que tenían que pagar por dar un servicio a la comunidad. "
"Al final de cada trimestre la Comunidad Autónoma paga el IRPF a la Hacienda estatal a través de una entidad financiera. No obstante nos pasamos del plazo hasta ingresarlo en el banco, luego ese dinero lo tiene la entidad en su poder en una serie de cuentas internas que no generan ningún interés de los fondos públicos porque es dinero que ya se ha pagado a Hacienda", indicó Amorós, que insistió en que todo ese dinero era potestativo de los bancos.
El diputado de CC, José Miguel González, criticó la auditoria realizada por Antonio Llamas a las entidades financieras porque no era de su competencia y firmó un informe en el que practicó una serie de acusaciones "gravísimas", como que no se realizaban conciliaciones bancarias y que los ingresos públicos no tomaban en consideración la norma en un 90 por ciento de los casos cuando, a juicio de González, hubo ingresos del Tesoro que se cumplieron a "rajatabla y estuvieron sometidos a control".
