Reclama copia de la documentación que Bono entregó en Fiscalía para contribuir a conocer la verdad, en base al principio de contradicción
MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -
El PP pidió hoy al Fiscal General del Estado que recabe de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha información de todas las adjudicaciones de "contratos de obras, servicios o cualquier beneficio urbanístico" concedidas en los últimos diez años a la empresa Reyal Urbis o a cualquier otra empresa de Rafael Santamaría en la que este constructor haya tenido participación mayoritaria o de control.
El primer partido de la oposición hace esta solicitud en un escrito de ampliación de la denuncia que presentó el pasado jueves ante la Fiscalía sobre "presuntas irregularidades y desajustes patrimoniales" del dirigente socialista, en especial sus "relaciones" con el empresario Rafael Santamaría.
En su nuevo escrito, el PP aporta las informaciones publicadas en prensa entre el 1 y el 4 de mayo por el diario 'La Gaceta' y 'Público' en relación a quién pagó la decoración de las casas de Bono o sobre los seis millones de euros en patrimonio que posee la familia del presidente del Congreso.
"DESCONCERTANTE SILENCIO DE BONO"
El PP asegura que, a la vista de estas nuevas informaciones y dado el "desconcertante silencio" de Bono, es "innegable que han aumentado las dudas en la opinión pública en cuanto a su relación con determinados empresarios y a los posibles desajustes patrimoniales" entre los bienes públicamente declarados por el presidente del Congreso y los que se describen en la prensa.
Precisamente, esta mañana Bono instó al PP a "dar la cara" y a denunciarle ante un juez si cree que hay algo "ilícito" en la obtención de su patrimonio y apuntó, aunque sin citarla, a la 'número dos' de los 'populares' y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, como altavoz de lo que considera una "campaña" de "mentiras y calumnias" en su contra.
En el nuevo escrito de los populares, se recuerda que el pasado 14 de abril, Bono acudió a la Fiscalía para entregar "un total de 60 escritos notariales y registros públicos" sobre su situación patrimonial y añade que su partido "ignora" con qué finalidad acudió al Ministerio Público.
Los 'populares' creen que "no sería aventurado pensar" que el presidente de la Cámara quisiera acogerse al artículo 3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que atribuye a éste la función de velar por el respeto de las instituciones constitucionales por entender que "se había dañado su honor" y con ello "la dignidad" del Congreso.
Sin embargo, el PP admite que "no es seguro que haya sido esa la vía buscada" por Bono, "ni menos aún la que haya utilizado esa Fiscalía General, tan poco dada, por demás, a la utilización de este precepto", algo que, según dice, ha demostrado en su reciente y inhibición ante las injurias públicas y reiteradas al Tribunal Supremo por la causa abierta al juez Baltasar Garzón.
EL PP PIDE CONOCER EL ESCRITO QUE PRESENTÓ BONO
En cualquier caso, el PP dice que no puede "dudar" de que el objetivo de Bono, al presentar la documentación, como el fiscal al recibirla, "no puede ser otro que el del esclarecimiento de la verdad".
Y en este contexto, el PP solicita al Ministerio Público que le entregue el escrito inicial que presentó Bono al Fiscal General del Estado en el que hacía una relación de todo su patrimonio "para poder contribuir de una manera más eficaz al esclarecimiento de la verdad" en ejercicio del principio de contradicción.
El PP concluye reclamando al fiscal que acumule la ampliación de la denuncia a las diligencias que se haya ordenado practicar en virtud del escrito presentado por Bono en abril, insiste en que le entregue esa documentación que envió el presidente del Congreso y se practique la diligencia de investigación que se propone relativa a las adjudicaciones a Reyal Urbis en Castilla-La Mancha en la última década.
