SAN SEBASTIAN, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El fiscal-jefe de San sebastián, Jaime Goyena, ha solicitado hoy a la Fiscalía General del Estado una prórroga para seguir investigando el presunto fraude fiscal localizado en la sede la Hacienda foral en Irún, a falta de recibir algunos documentos y declaraciones.
Según informaron a Europa Press fuentes del ministerio público, hoy concluía el plazo legal establecido para desarrollar la investigación en este asunto, pero ha sido preciso pedir una prórroga, lo que daría a Goyena la posibilidad de concluir sus trabajos en otros seis meses. No obstante, el fiscal no tiene previsto agotar ese plazo.
La investigación está ya muy avanzada, y la Fiscalía ha solicitado la prórroga porque "falta por recibir algunos documentos de bancos y organismos públicos y tomar algunas declaraciones".
Según explicaron las mismas fuentes, no se trata de diligencias "indispensables", pero pero la Fiscalía prefiere "dejar las cosas mejor terminadas" antes de pasar al trámite de presentar una denuncia ante el juzgado de Instrucción o de archivar la denuncia.
UN MILLON DE EUROS SUSTRAIDOS
Las diligencias realizadas por el fiscal, con la colaboración de la Policía, apuntan a que el dinero de los contribuyentes que habría sido sustraído ascendería a cerca de un millón de euros. La Fiscalía ha investigado más de 200 expedientes remitidos por la Diputación foral y ha encontrado indicios de delito en un 10% de los mismos.
El ministerio público inició la investigación el pasado mes de septiembre, después de que la Diputación foral le informará de que había detectado "irregularidades y anomalías" presuntamente cometidas en 2003 por la Hacienda de Irún, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. En ese momento, el director de la oficina tributaria era el senador del PNV José María Bravo.
El propio diputado foral para la Fiscalidad y las Finanzas, Juan José Mujika, dio a conocer días antes, en una comparecencia voluntaria ante la comisión de Calidad de las Juntas Generales, las presuntas "irregularidades" detectadas por el Servicio de Intervención y Auditoria de su departamento.
El diputado foral señaló que éstas afectarían a doce expedientes y consistirían en "el pago en metálico de deudas tributarias que no se ingresaron en la Hacienda". Mujika indicó que "en cuatro expedientes habían sido dados de baja deudores clasificables como personas solventes", mientras que, "en otros ocho, existían anomalías en la tramitación de bajas por insolvencia".