El Gobierno vasco pide aplicar "moratorias" contra los desahucios hasta que se aprueben las medidas urgentes

BILBAO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Interior, Justicia y Administración Pública, Idoia Mendia, ha instado a aplicar moratorias que paralicen los desahucios hasta que se pongan en marcha las medidas urgentes que se pretenden aprobar en las Cortes contra estas situaciones.

En rueda de prensa celebrada en Bilbao para dar a conocer los datos del Servicio de Mediación Hipotecaria del Gobierno vasco, que ha evitado 21 desalojos en sus seis meses de funcionamiento, Mendia ha mostrado su "conmoción" por el suicidio en Barakaldo de Amaia Egaña, que se ha arrojado por la ventana este viernes cuando iba a ser desahuciada de su vivienda de la localidad vizcaína.

"Éste es el drama al que estamos asistiendo. El sufrimiento de la gente es tremendo. Es el ejemplo de la desesperación en la que viven muchos de nuestros vecinos", ha lamentado, para afirmar que "se tiene que tomar medidas ya y todas las medidas que se tomen son pocas, porque la situación en la que vive mucha gente es dramática y al límite".

La portavoz del Gobierno ha advertido de que "el compromiso para con este drama tiene que ser de todas las instituciones y de todas las entidades financieras". En ese sentido, ha pedido a los bancos "sensibilidad con estas situaciones" y ha solicitado la aplicación de moratorias que paralicen los desahucios hasta que el Gobierno del PP y PSOE acuerden y se aprueben las medidas urgentes contra los desahucios que se plasmarán en un real decreto ley o en un proyecto de ley que las Cortes tramitarán por el procedimiento de urgencia.

Esta moratoria se utilizaría para "tratar de llevar con éxito las mediaciones" en los casos de desahucios porque, a juicio de Mendia, "sería imperdonable que hoy lancemos por desahucio a personas que quizá dentro de dos meses o por el cambio de legislación puedan permanecer en sus viviendas".

En ese sentido, se ha referido al planteamiento del magistrado vasco Edmundo Rodríguez Achútegi para evitar que se puedan ejecutar los embargos de primera vivienda, consistente en conceder una moratoria legal a aquellos propietarios que se encuentren en situación de desempleo y que no puedan proceder al pago de las cuotas del préstamo hipotecario.

Según ha indicado, esta propuesta será tenida en cuenta por todos los profesionales que integran el Servicio de Mediación, de forma que los mediadores se encargarán de trasladar el contenido de la medida a cada una de las entidades bancarias con las que están negociando, al objetivo de buscar un acuerdo que impida la ejecución de desahucios en este tipo de casos.

La concesión de la moratoria supondría que los propietarios podrían seguir disfrutando de su derecho a utilizar su vivienda, mientras se mantengan en situación de desempleo, así como que las entidades bancarias se verían satisfechas por el hecho de que los propietarios abonen los gastos de comunidad, las contribuciones fiscales y los seguros precisos para asegurar el valor de la vivienda.

Mendia, que ha destacado la "sensibilidad" mostrada por la judicatura vasca con este tema, ha asegurado que para aplicar la moratoria "no hacía falta hacer ninguna modificación legal", porque Rodríguez Achútegui demostró que era posible con el Código Civil vigente el poder aplicarlo".

21 DESALOJOS EVITADOS

En cuanto al balance del Servicio de Mediación Hipotecaria, puesto en marcha con el objetivo principal de evitar que la persona sea lanzada de su vivienda habitual, Mendia ha dado a conocer que ha evitado 21 desalojos, principalmente en Vizcaya y Guipúzcoa, renegociando los créditos y logrando daciones en pago.

En total, el Servicio de Mediación Hipotecaria ha abierto 126 expedientes en la Comunidad Autónoma Vasca (28 en Álava, 47 en Vizcaya y 51 en Guipúzcoa) durante los seis primeros meses (de mayo a octubre) de existencia.

Mendia ha destacado que 126 familias en riesgo de desahucio "han depositado su confianza" en un servicio público y gratuito compuesto por profesionales expertos en el mundo de la abogacía y de la economía, cuya misión consiste en mediar ante las entidades financieras en los casos de impago de vivienda habitual, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda contraída por los afectados.

"Hemos parados desalojos, subastas de pisos y, sobre todo, el servicio ha logrado insuflar confianza a las personas que se han visto atrapadas en la crisis con créditos hipotecarios que no pueden pagar", ha subrayado.

En concreto, ha precisado que del total de 126 expedientes, 21 de ellos (cerca del 60% de los ya resueltos) se han cerrado con acuerdo entre las personas afectadas y las entidades financieras. En la mayoría de los casos se ha renegociado las condiciones del crédito hipotecario y en media docena de casos se ha acordado la dación en pago entre ambas partes.

En total, de los 36 informes elaborados por los mediadores, en 15 casos no se llegó a un acuerdo con las entidades financieras, principalmente por la negativa de los bancos a renegociar los créditos o a la dación en pago o por la adjudicación de la vivienda a otra persona.

Un total de 17 entidades financieras y bancos se han adherido voluntariamente a este servicio, dirigido por el Departamento de Justicia del Gobierno vasco. Por entidades financieras afectadas, el grueso de los 126 expedientes tramitados corresponde a seis de ellas: Kutxabank, BBVA, Caja Laboral, Banco Santander Central Hispano, La Caixa y Banesto.

PERFIL

En cuanto al perfil de los afectados en riesgo de desahucio, la gran mayoría está en situación de desahucio (cerca del 80%), cobra únicamente Renta de Garantía de Ingresos y son parejas. La cuantía media de los préstamos ya estudiados es de 204.828 euros.

Los requisitos que deben cumplir aquellas personas que quieran acogerse al Servicio de Mediación son que el propietario de la vivienda esté empadronado en Euskadi, que sea titular de una vivienda que tenga el carácter de única y habitual y que la vivienda esté situada en el País Vasco.

También es necesario acreditar que el propietario no puede hacer frente al pago de su vivienda habitual por causas no imputables directamente a la propia unidad familiar, que exista al menos una negociación fallida entre la unidad familiar y la entidad financiera y que no se haya iniciado el procedimiento judicial de ejecución del desahucio.

Una vez que el propietario acredita el cumplimiento de dichos requisitos, el Servicio de Mediación aborda el estudio de la capacidad económica de la unidad familiar y propone en su nombre y ante su entidad financiera, las posibles alternativas para llegar a liquidar la deuda.

Entre el abanico de opciones para buscar un acuerdo con las entidades bancarias se encontrarían la renegociación del crédito, el incremento del plazo de vencimiento de los préstamos hipotecarios, la disminución del tipo de interés, la aprobación de una quita, el cambio de título (de propiedad a arrendamiento), o la dación en pago de la vivienda.