La juez cita a declarar como imputados a la esposa y un socio de Bravo, a una funcionaria y a un abogado que supuestamente intermedió
SAN SEBASTIAN, 14 May. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 2 de Irun (Guipuzcoa) ha abierto un procedimiento penal para el juicio ante el tribunal del jurado contra cinco imputados por las supuestas irregularidades cometidas en la Hacienda de Irun, entre ellos, el ex director de la oficina tributaria en el municipio, José María Bravo Moreno, y su esposa María Rosa Cobos Crespo.
En el auto judicial se atribuye a los cinco imputados, "sin perjuicio de ulterior calificación", la presunta comisión de delitos de estafa, malversación de caudales públicos, delito continuado de falsedad en documento oficial y blanqueo de capitales. Asimismo, se les cita a declarar en el juzgado el próximo día 26 de junio a las diez y media de la mañana.
Entre los imputado, además de José María Bravo, hermano del senador del PNV Victor Bravo, figuran también Pedro María Atristain, quien, según indicaron a Europa Press fuentes del caso, era socio de José María Bravo en una empresa en cuyas cuentas corrientes supuestamente se ingresaron algunas de las cantidades de dinero aportadas por los contribuyentes estafados.
La juez, Almudena Ovejero Santamaría, también ha abierto procedimiento contra una funcionaria de la oficina de Irún cuando sucedieron los hechos, María Pilar Gracenea Echegoyen, también socia de Bravo, y a una quinta persona a quien el fiscal tomó declaración como imputado durante su investigación, pero a quien finalmente no denunció ante el juez.
Se trata del abogado Mariano Bravo Moreno que, pese a su apellido, no tiene relación de parentesco con José María Bravo. Según las mismas fuentes, Bravo Moreno podría haber hecho de intermediario entre alguno de los estafados y José María Bravo en la entrega de dinero.
A su vez, en el auto figuran como "víctimas" siete empresas y 16 personas, entre las que se encuentran María Teresa Moneo Arzac, esposa del miembro del GBB del PNV Juan María Bandrés. Según informó la Cadena Ser, Moneo intentó saldar una deuda por impago de IVA e Impuesto de Sociedades de más de 600.000 euros realizando presuntos pagos en metálico por un importe cercano a los 108.000 euros, en tres pagos.
DENUNCIA DEL FISCAL
En su denuncia, el fiscal Jaime Goyena acusó a los imputados de formar una "trama" que se quedaba con el dinero de deudas tributarias abonadas por contribuyentes, a los que hacían creer que su obligación ya estaba saldada, mientras que en los archivos informáticos hacían constar que esas personas eran insolventes o su deuda había prescrito.
De esa manera, la Hacienda de Irún dejó de ingresar más de tres millones de euros, de los que más de un millón de euros supuestamente habría ido a parar a manos de los imputados, según la Fiscalía.
En la resolución, la juez considera "verosimil la imputación que de los hechos relatados se hace", y acuerda abrir un procedimiento penal por unos delitos que competen ser juzgados por un tribunal del jurado
Por su parte, la Diputación foral explicó que la mayoría de los estafados eran autónomos, pequeñas empresas, principalmente de la zona del Bidasoa, de Irún y de Hondarribia, que en los años 90 tuvieron dificultades económicas y generaron deudas con la Hacienda foral.
Según el ente foral, "el cien por cien" de los expedientes con indicios de delito son de "anteriores legislaturas, es decir anteriores a 2003", y "principalmente" provienen de los años 90, aunque su fecha de prescripción se corresponda con el periodo 2001-2004.
