(Ampl.) Aguirre dice que la Cañada Real es "un problema heredado" con el que su Gobierno "no tiene nada que ver"

RIVAS VACIAMADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró hoy que los asentamientos ilegales de la Cañada Real Galiana son un "problema heredado" por su Gobierno con el que éste "no tiene nada que ver", una postura que defendió también públicamente la consejera de Vivienda, Ana Isabel Mariño.

Un día después de los incidentes ocurridos en esta zona durante el desalojo y posterior derribo de varias chabolas, Aguirre acudió precisamente a Rivas Vaciamadrid, cuyo alcalde, José Masa (IU), al igual que su homólogo de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), se han dirigido recientemente a la presidenta autonómica solicitándole la creación de una comisión permanente que aborde de forma integral y coordinada este asunto e implique tanto al Ejecutivo autonómico como a las localidades afectadas y a la Delegación del Gobierno en Madrid.

De hecho, durante la entrega de llaves de 400 viviendas del Plan Joven construidas en esta localidad, Masa aprovechó la presencia de Aguirre esta mañana para urgirle a "tomarse en serio" los problemas de disciplina urbanística y orden público que genera la existencia de este poblado chabolista, importante foco además de droga y delincuencia.

"Quiero que cuentes, de una manera directa, con el apoyo de Rivas para poner en marcha todos los mecanismos que resuelvan este problema, que es de verdad muy serio para nosotros", dijo el regidor, que, una vez finalizado el acto, contradijo a Aguirre asegurando que "la Comunidad de Madrid es la única (administración) que tiene competencia" en la Cañada Real Galiana como "titular del suelo" que es, con independencia de que los ayuntamientos sean responsables en materia de disciplina urbanística.

RIVAS TIENE SOLICITADAS 30 ÓRDENES DE DERRIBO

En declaraciones a la prensa, el alcalde de Rivas-Vaciamadrid consideró "imprescindible" abordar este tema "de una vez por todas" debido a los "problemas de convivencia" que se dan entre los habitantes de construcciones ilegales y personas en situación de "emergencia social" en un contexto, además, de "delincuencia y tráfico de drogas".

A su juicio, el problema de la Cañada Real tiene una dimensión "social, urbanística, medioambiental, escolar y sanitaria" que "corresponde a todas las administraciones" si bien "la competencia -insistió- es de la Comunidad de Madrid".

Masa dijo que la Delegación del Gobierno también debe "entrar de una manera directa" en este asunto, que es "social pero también -subrayó- político", y advirtió de que, si no se aportan soluciones, los ayuntamientos afectados "no tendrán más remedio" que seguir demoliendo viviendas ilegales con orden judicial. Así, reveló que, de hecho, su Gobierno municipal tiene aproximadamente 30 órdenes de derribo en espera de que un juez autorice su ejecución.

Por último, el primer edil de Rivas dijo que "es el momento de actuar de manera conjunta para solucionar un problema de mucha gente que vive precariamente", y también generado por otros ciudadanos que no están en la misma situación pero "tienen allí empresas, naves industriales y también viviendas de lujo y se aprovechan de la coyuntura de los necesitados para mantener su propio estatus".