La Sala rechaza el recurso de la defensa y dice que, ante "la posible aparición" de más perjudicados, podría obstaculizar la investigación
SAN SEBASTIAN, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha acordado mantener en prisión sin fianza al ex director de la Hacienda Foral de Irún José María Bravo, al entender que existe la "posibilidad real" de fuga, dado su "alto nivel económico", y que, ante "la posible aparición de nuevos perjudicados", podría "destruir y ocultar" pruebas para "obstaculizar" las investigaciones.
De esta manera, en un auto notificado hoy a las partes, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial rechaza el recurso interpuesto por la defensa de Bravo, y "confirma en su integridad" la orden de prisión incondicional dictada el pasado 11 de julio por la juez de Irún que investiga el presunto fraude en la oficina tributaria.
Tanto la Fiscalía como la Diputación foral, que ejerce la acusación particular, se opusieron al recurso, mientras que la defensa de la esposa de Bravo, Rosa Cobo, se adhirió al mismo.
La resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, analiza si está justificado el cambio de situación personal de Bravo, quien primero fue enviado a prisión eludible con el pago de 400.000 euros, que el imputado finalmente abonó.
El tribunal recuerda que la juez instructora acordó la prisión incondicional ante la aparición de nuevos indicios de delitos "más graves y contundentes" que los que se conocían inicialmente, tras la aparición de diez nuevos expedientes que elevarían a un total de 1,7 millones euros la cantidad de la que presuntamente se apropió Bravo.
Según esas investigaciones, el procesado supuestamente recibió 220.00 euros de un contribuyente en su despacho de la Asesoría Urdanibia, cuando ya se encontraba en excedencia, lo que podría "ser constitutivo de un delito de estafa en su modalidad agravada".
ARRAIGO DEL IMPUTADO
La Audiencia destaca que la defensa del imputado "no cuestiona" esos datos, y "tan sólo alude a la inexistencia de riesgo de fuga por su parte" y de "indicios que permitan inferir una posible obstaculización de la acción de la Justicia".
El tribunal considera que la existencia de figuras delictivas que que no figuraban en el primer auto y la "agravación" de las mismas permiten "inferir el cambio" en la situación personal de Bravo.
A ello añade que, "si bien no se cuestiona el arraigo del cual goza" el imputado, "de las nuevas investigaciones practicadas se deduce indiciariamente que puede gozar de un alto nivel económico que le permitiría eludir la acción de la Justicia con relativa facilidad". "O cuando menos, cabe resaltar que la posibilidad real de que ello suceda existe y, por tanto, el riesgo racional y fundamentado", añade.
El tribunal estima que "existe la misma posibilidad" de que Bravo "pueda interferir en la acción policial y judicial", y recuerda que "la investigación aún no está cerrada".
En ese sentido, señala que el procesado podría "destruir u ocultar" determinadas pruebas "relevantes", sobre todo teniendo en cuenta que las nuevas investigaciones apuntan a que "la mecánica delictiva ha sido prácticamente la misma que la descrita cuando se iniciaron las diligencias".
Por todo ello, concluye que "el conocimiento por parte de Bravo de todo lo actuado hasta el momento, así como la posible aparición de nuevos perjudicados", podría hacer que el imputado "se anticipase a la actuación policial y judicial imposibilitando la misma o, al menos obstaculizándola".
Esta resolución ha sido dictada dos días antes de que presten declaración, como imputados, en el Juzgado de Instrucción número dos de Irún la esposa de Bravo y su socio Pedro Atristain. Al día siguiente, el miércoles, lo hará la funcionaria Pilar Gracenea.
