(Ampl) Castells quiere la nueva financiación en 2007 y someter a País Vasco y Navarra al sistema de solidaridad común

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat, Antoni Castells, reclamó hoy la puesta en marcha del nuevo sistema de financiación en 2007 y no en 2008, tal y como prevé el Gobierno central. Además, Castells manifestó la necesidad de someter a las comunidades de régimen foral, País Vasco y Navarra, al sistema de solidaridad que establece el régimen común y se remitió a la "coherencia" del pacto en financiación entre los partidos catalanes y el PSOE para sostener que "no tiene sentido que haya comunidades exentas".

El conseller, que desgranó hoy en rueda de prensa el acuerdo de financiación incluido en la reforma estatutaria de Catalunya, apuntó a la interpretación "coherente" del artículo 202.4 del texto consensuado hasta el momento, que establece que la financiación de la Generalitat "no debe implicar efectos discriminatorios para Catalunya respecto a las restantes comunidades autónomas" y añade que "este principio deberá respetar plenamente los criterios de solidaridad".

En este sentido, señaló que debe aplicarse a todas las comunidades "con independencia de su sistema de financiación". "Los mecanismos de solidaridad valen para todos" y "no tiene sentido que haya comunidades exentas", concluyó. Fuentes de la Conselleria de Economía admitieron la dificultad de someter a País Vasco y Navarra a estos criterios y situaron la discusión en un terreno político que el Gobierno central, en algún momento, deberá poner sobre la mesa.

El conseller defendió el "cambio de modelo" que supone el pacto en financiación "francamente satisfactorio" y el avance hacia un sistema de inspiración federal hacia el que exigió "lealtad" tanto al Gobierno central como a los partidos catalanes, en especial a CiU, denunciando que "dos días después" de suscribirlo le diera un plazo de vigencia de "dos años".

Para Castells, el nuevo modelo es de "larga duración", ya que prevé mecanismos de actualización y de resolución de conflictos muy detallados, otorgando a la Generalitat "más fuerza política y legal que la actual para hacer valer nuestros intereses". Según Castells, "en los aspectos fundamentales se han logrado los objetivos propuestos" por los partidos catalanes.

En este sentido, rehusó nuevamente hacer cuantificaciones económicas sobre el resultado del nuevo sistema y consideró "frívolas" y poco respetuosas las cifras ofrecidas desde CiU. Por contra, admitió que los 3.000 millones cifrados por el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, corresponden a las estimaciones que se están realizando desde la conselleria, que está "estudiando todos los escenarios posibles con resultados cuantitativos".

El conseller destacó los avances en la autonomía financiera de la Generalitat, la consagración de las competencias de la Generalitat en capacidad normativa y la intervención de la Generalitat en la administración tributaria a través del consorcio Estado-Generalitat.

TODOS SOLIDARIOS.

Castells hizo especial hincapié a la hora de destacar el "salto adelante" que supone el establecimiento de criterios de solidaridad que garantizará un "objetivo canónico en un sistema federal" como el de que las comunidades tengan "niveles de servicios similares por un esfuerzo fiscal similar".

Así, resaltó el artículo 208.5 por el que el Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación no alterará "en ningún caso, la posición de Catalunya en la ordenación de rentas por cápita ente las comunidades autónomas y su vinculación con el citado artículo 202.4 que garantiza "la no discriminación" de Catalunya.

Castells consideró "lógico" e "inevitable" que se deje en manos del Estado el establecimiento de los niveles de solidaridad pero auguró "resultados francamente satisfactorios" para Catalunya en la negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Según el conseller, en esa negociación se deben corregir "situaciones injustas sin que nadie salga perdiendo" y admitió que podrá haber "efectos traumáticos" en la aplicación del sistema, por lo que planteó la posibilidad de ponerlo en marcha, "si es necesario, gradualmente".

En cualquier caso, subrayó especialmente que "los mecanismos de solidaridad deben valer para todos", incluidas las comunidades de régimen foral, y se escudó en la "interpretación coherente" del contenido del pacto.

El nuevo texto elimina la Disposición Adicional Octava aprobada por el Parlament en la que se señalaba que "la capacidad de financiación por habitante de la Generalitat debe equipararse gradualmente, en un plazo superior a quince años, a la obtenida en aplicación de los sistemas de concierto y convenio vigentes en las comunidades forales". A cambio, se establece que "la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat realizará los informes precisos para evaluar el cumplimiento" de la "no discriminación" financiera de Catalunya, lo que deja la puerta abierta a la equiparación tanto en resultados como en responsabilidades con el País Vasco y Navarra.

DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO PARA 2007.

Sobre la puesta en marcha del sistema, Castells defendió que sea "lo antes posible" y aseguró que ya se ha transmitido al vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, esta pretensión e incluso se habría manifestado "disposición" por parte del Gobierno.

Castells admitió dificultades por la discusión paralela del Estatut y del sistema de financiación en el CPFF y que "no deja mucho margen". Aún así, señaló que "si se imprime el ritmo necesario podríamos intentar que esté vigente en 2007".

En esta línea, consideró "conveniente" que entre en vigor de forma paralela al próximo ejercicio presupuestario, aunque señaló que, si no es posible, "hay disposiciones que podrían entrar en funcionamiento antes" en el caso que no haya acuerdo para la reforma de la Lofca y que Castells vinculó la "voluntad política" de las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

LLAMAMIENTO A ERC.

El conseller admitió que el sistema es "mejorable" pero hizo una invitación formal a ERC a sumarse a un pacto en el que "se evidencia su huella" y que "no hubiera sido posible sin sus aportaciones". Sobre las garantías que reclaman los republicanos sobre la inversión del Estado en infraestructuras en Catalunya en niveles de PIB durante siete años, Castells señaló que "menos garantías había en el proyecto del Parlament y lo votaron".

En este sentido, Castells recordó que el Estatut "es una ley y se tiene que cumplir", lo que consideró "garantía suficiente" para dar por bueno el pacto, más aún cuando "va más allá" de los planteamientos iniciales de Catalunya en materia de inversiones y supone un "compromiso singular" con esta comunidad. No obstante, no cerró la puerta a "explorar" mecanismos para concretar "qué recursos llegarán a Catalunya y cómo".