El PP le contradice y sostiene que incluso dio formación a los trabajadores de seguridad en contravigilancia y uso de armas
MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y ex consejero Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Pedro Calvo, negó hoy que durante su gestión en el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón los técnicos de seguridad regional realizaran labores de "seguridad dinámica y protección de altos cargos".
Durante su comparecencia en la comisión de investigación del espionaje de la Asamblea, Calvo contradijo así el argumento defendido por el portavoz del PP, David Pérez, por el cual el Ejecutivo de Esperanza Aguirre no desarrolla labores de seguridad y protección de políticos diferentes a las que ya se desarrollaban en los gobiernos de Gallardón e incluso Joaquín Leguina anteriormente.
En el que fue tercer interrogatorio del día, Calvo tachó de "despropósito" y "ridículo" que haya sido reclamado para dar explicaciones sobre la estructura de seguridad del Gobierno regional hace casi una década para aclarar presuntos espionajes realizados ahora, cuando "nada tiene que ver la historia de un servicio, con que hayan podido hacer algo ilegal" posteriormente.
"El problema es cuando se les encarga algo que no deben hacer y además es ilegal", lanzó a los asistentes. "Me parece un poco absurdo. No sé qué responsabilidad podemos tener Virgilio Cano, Carlos Mayor Oreja, Jesús Pedroche y yo, cuando no tenemos nada que ver respecto a si es o no cierto lo que ha salido en los medios de comunicación", insistió en referencia a los anteriores responsables de seguridad de la Comunidad.
Asimismo, insistió en que él era entonces consejero de Medio Ambiente, por lo que quizá quien debería responder a las preguntas planteadas es el director general responsable de Protección Ciudadana entonces, Eduardo San Román, pues "él conocía ese servicio".
La argumentación del PP se mantuvo, sin embargo, inalterable. "Hemos podido comprobar que carece de sentido acusar al gobierno de haber creado un servicio de seguridad que había cumplido su mayoría de edad cuando llegó este Gobierno", dijo Pérez, que apuntó que la vigilancia de personas se realiza desde la Comunidad de Madrid, tal y como contempla el convenio colectivo de trabajadores de 1988.
Según resumió, este cuerpo ha pasado por varias etapas desde el gobierno de Leguina, cuando se procedió a su "creación y dotación de personal". Posteriormente, con Gallardón, se hizo el "refuerzo y "reestructuración de este departamento" y Aguirre lo "ha heredado con las mismas atribuciones", defendió. De este modo, replicó a Calvo al decir que el "refuerzo" de este cuerpo durante su mandato "se ve en la creación de una unidad de protección de altos cargos y otra de seguridad estática". "El Gobierno de la Comunidad recibe la misma plantilla y estructura que en la etapa de Gallardón", insistió.
En este sentido, destacó que durante el mandato de Gallardón no sólo existió esta unidad de técnicos sino que se reforzó este cuerpo y se sometió a estos trabajadores a cursos de formación que incluían contravigilancia, protección de altos cargos, armas, explosivos,..., como prueba un documento en su poder con fecha 2002 sobre las nuevas condiciones y estructura del Servicio de seguridad para la protección de altos cargos de la Comunidad" que debía comenzar en "julio de 2002" y que preveía una dotación de unos 165 millones de euros.
SEGÚN CALVO, NO SE LLEVÓ A CABO
En este sentido, Calvo aclaró que asumió las competencias de Protección Ciudadana en 2000 con motivo de la reforma del Ejecutivo regional y a su llegada elaboró un proyecto de mandato de seguridad para "poner un poco de orden y fijar competencias de un servicio de técnicos de seguridad que venía funcionando" desde antes, aunque algunas de las cuestiones contempladas no se ejecutaron finalmente.
"Muchas cosas de ese proyecto no se pudieron llevar a cabo, como, por ejemplo, centralizar todos los contratos de seguridad de la Comunidad o la creación de un servicio de protección de altos cargos, que no dio tiempo a llevar a cabo. Quedó pendiente firmar un convenio con la Guardia Civil, pero también con Interior para regularizar la labor de policías nacionales" que daban protección, en principio al presidente, y después a altos cargos. Apuntó que "es cierto" que desde su departamento intentaron "una homologación" del personal que trabajaba en la Comunidad en las protección, pero destacó que no se llevó cabo. "Pretendíamos, no a través de una reestructuración, crear un proyecto que homologase y pusiese orden en esta unidad, pues la verdad es que el trabajo de estos técnicos iba a menos", apuntó.
Esta comparecencia, junto con las dos anteriores (que corrieron a cargo de Cano y Mayor Oreja) demostró, según la portavoz del PSOE, Maru Menéndez, que Granados, "mintió en sede parlamentaria" cuando dijo que en la comisión de Presidencia del pasado 30 de enero que "esta estructura la crea, en su origen, el Gobierno del señor Leguina, las impulsa y potencia extraordinariamente el Gobierno de Ruiz Gallardón". "Lo que nos faltaba", destacó Menéndez, lo que la llevó a preguntarse nuevamente "cómo puede seguir ostentando responsabilidad hoy en la Consejería de Interior".
Por otra parte, Calvo destacó que en el año 2000 "ni siquiera los consejeros" tenían escolta y los presidentes Leguina y Gallardón los tenían a través de la Policía. Luego, explicó que en 1996 se firmó un convenio con Guardia Civil para "vigilancia de edificios" y en 2001, con motivo del asesinato del concejal de PP en Sevilla Alberto Jiménez Becerril, "alguien toma la decisión desde Interior" de materializar la protección a los consejeros del gobierno regional y portavoces de la oposición.
"¿Que si he ordenado seguimientos a personas para garantizar la seguridad de nadie? No", contestó Calvo a preguntas de la portavoz socialista, Maru Menéndez. "No sé las funciones que hacen ahora" los trabajadores a cargo de la Consejería de Interior, reconoció el responsable municipal. "Si ahora (ese equipo) es igual al que yo conocí no se le puede considerar un grupo parapolicial", añadió.
"Nunca han hecho contravigilancia ni avanzadas porque no son sus competencias. Esas competencias son de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, incluidas las Policías locales", destacó, al tiempo que subrayó que en cualquier caso "la contravigilancia es protección, no vigilancia, está asociada a más seguridad". "Más protección no más vigilancia. Como mucho, apoyo a situaciones concretas, protección en la sede sí, pero desplazarse, no", remachó.
NO SE HACÍAN LABORES DE SEGURIDAD AVANZADA
El director de seguridad corporativa del Ayuntamiento de Madrid y ex técnico de apoyo de Seguridad de la Dirección General de Protección Ciudadana de la Comunidad durante el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, Juan Carlos Durán, afirmó que no se hacían labores de seguridad avanzada.
"Avanzadas no se hacían como tal, sí se hacía apoyo", aseguró Durán, que destacó que en su época en el Ejecutivo autonómico había "una seguridad estática, una seguridad dinámica", pero que no se hacía contravigilancia porque "solamente la pueden hacer las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas". Además, dijo que "los vigilantes de seguridad y escoltas privados no pueden hacer contravigilancia".
El técnico explicó que a su llegada a la Comunidad había "Guardia Civil, Policía Nacional, dedicada a la protección de altos cargos, seguridad privada y el Cuerpo de Seguridad de la Comunidad". Afirmó que su tarea fue de coordinación y gestión de los Cuerpos pero que se mantuvo "con la misma estructura que con el señor Leguina".
