(Ampl).-Gobierno vasco acusa al TSJPV de "quebrar la separación de poderes" y pide la comparecencia de su presidente

BILBAO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco acusó hoy al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de "quebrar irresponsablemente la separación de poderes" al ordenar que se abra una causa penal contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, por reunirse el pasado 19 de abril con la ilegalizada Batasuna, y pidió la comparecencia en el Parlamento autonómico del presidente del alto Tribunal vasco, Fernando Ruiz Piñeiro.

En la rueda de prensa posterior al Consejo del Gobierno, la portavoz del Ejecutivo vasco, Miren Azkarate -que compareció acompañada de los consejeros Joseba Azkarraga y Javier Madrazo- leyó una declaración institucional en la que todo el Ejecutivo se autoinculpa en la causa penal que el alto Tribunal vasco ha ordenado abrir contra Ibarretxe y en la que se anuncia que recurrirán en todas las instancias, incluidas las europeas, la resolución del TSJPV para "desenmascarar" esta "vergüenza jurídica".

En su opinión, resulta "inverosímil e inadmisible que un Tribunal de Justicia establezca cómo o de qué forma debe actuar políticamente" el presidente del Gobierno vasco.

"Vamos a utilizar todas las vías e instrumentos jurídicos a nuestro alcance, incluidos el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para desenmascarar la vergüenza jurídica que ha cometido el tribunal que ha dictado este auto judicial", señaló.

Para la representante del Gabinete Ibarretxe, "no es aceptable que se cuestionen en sede judicial las decisiones políticas de un Gobierno y de su lehendakari destinadas a fomentar y practicar el diálogo con los representantes de las diferentes sensibilidades de la ciudadanía".

Además, calificó la causa incoada contra el lehendakari de "absurda y sinsentido" y se preguntó "dónde se ha visto que llevar a cabo un diálogo para conseguir la paz esté penado por la Ley".

Por ello y "ante la gravedad de esta situación, apuntó que los partidos que respaldan al Gobierno -PNV, EA y EB- solicitarán la comparecencia urgente del máximo representante del TSJPV "para que explique en el Parlamento de este país las razones que justifican la grave quiebra que se ha producido en el sistema de separación de poderes que sustenta el correcto funcionamiento de la democracia", así como sus "contínuas manifestaciones sobre actuaciones políticas de las instituciones vascas".

De esta forma, también pretenden que Ruiz Piñeiro "explique la grave vulneración de los derechos fundamentales del lehendakari en el ejercicio de sus funciones públicas, para las cuales ha sido elegido democráticamente" por los ciudadanos vascos.

"El lehendakari está sometido al Derecho y a la acción de los tribunales exactamente igual que todos los ciudadanos, pero los tribunales no pueden establecer cómo un Gobierno y su lehendakari han de ejercer su legítimo patrimonio de acción política, destinado a alcanzar la paz definitiva y a lograr acuerdos políticos entre las formaciones que representan a la sociedad", apuntó.

Miren Azkarate dijo que "precisamente a esto se le llama separación de poderes, un principio que se ha quebrado irresponsablemente", y consideró que la ciudadanía debe saber que los tribunales tienen que "trabajar con más rigor y competencia".

En esta línea, especificó que "tres días después de se conozca que se ha imputado penalmente al lehendakari, aún no se ha recibido notificación oficial alguna en la sede de la Lehendakaritza". Una vez que se le notifique la resolución, el Ejecutivo vasco recurrirá la decisión del TSJPV.

LEY DE PARTIDOS

Azkarate responsabilizó de la situación creada al PP y al PSOE, que impulsaron la Ley de Partidos, "una aberración política y democrática", y recordó que es la primera vez en la historia que a un presidente del Gobierno vasco "se le abre un proceso penal por defender la palabra y el diálogo".

Asimismo, manifestó que el Ejecutivo, "haciéndose eco de los múltiples mensajes" que ha recibido, muestra "su indignación por la admisión a trámite de la querella presentada por el Foro de Ermua contra el lehendakari por reunirse con representantes de la izquierda abertzale".

"Es gravísimo que la democracia española pretenda homologarse a las europeas cuando existen leyes que posibilitan que un presidente de Gobierno pueda ser acusado de delito por el simple hecho de mantener encuentros con agentes políticos y con personas que se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos y deberes fundamentales con el encomiable objetivo de consolidar un proceso de paz", dijo.

Según señaló, la Ley de Partidos "aprobada por el PSOE y el PP es una Ley del pasado que no sirve para avanzar hacia el futuro de la paz". "Es un disparate mayúsculo imputar un delito y sentar en el banquillo de los acusados a quien se ha comprometido con la ciudadanía a impulsar el diálogo y cuenta, además, con la confianza mayoritaria y democrática de la mayoría de la sociedad", subrayó.

Tras indicar que Ibarretxe "representa, en sus actos y decisiones al conjunto del Gobierno", dijo que "todos los miembros del Consejo de Gobierno nos afirmamos autoinculpados en esta causa absurda y sin sentido".

La representante del Ejecutivo señaló que el tripartito pide la comparecencia del máximo representante del TSJPV y afirmó que él decidirá si quiere o no acudir, pero que ellos están en su derecho de solicitarla.

A su juicio, "es un disparate mayúsculo imputar un delito y sentar en el banquillo de los acusados a quien se ha comprometido con la ciudadanía a impulsar el diálogo y que cuenta, además, con la confianza mayoritaria y democrática de la mayoría" de la sociedad vasca.

"Sólo a través de un diálogo sin vetos y sin exclusiones podremos resolver los problemas y alcanzar un acuerdo integrador y democrático que dé solución al conflicto vasco", concluyó.