MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decretó hoy prisión incondicional incomunicada para Joseba Imanol Elosúa Urbieta, el tercero y principal de los cinco detenidos en España en la operación de la madrugada del pasado martes contra el aparato de extorsión de ETA , según informaron fuentes jurídicas.
El fiscal de la Audiencia Nacional Juan Antonio García Jabaloy pidió que el magistrado adoptase esta medida cautelar contra el detenido tras tomarle declaración durante aproximadamente tres horas. El principal imputado en España de la red de extorsión de ETA declaró "exhaustivamente" sobre los hechos que le imputa Grande-Marlaska en relación con su papel dentro de la red de extorsión de la organización terrorista, según precisaron dichas fuentes.
El interrogatorio comenzó poco antes de las 14.00 horas a pesar de que estaba previsto para las 12:00 horas. En cuanto a los otros dos detenidos que aún quedan por pasar a disposición judicial, Ramón Sagarzazu Olazaguirre e Ignacio Aristizábal Iriarte, el juez Central de Instrucción iba a comenzar en un principio a tomarles declaración a las 17:30 horas de esta tarde, aunque el retraso en el interrogatorio de Elosúa ha provocado que su comparecencia aún no haya comenzado.
El magistrado Graned-Marlaska ordenó ayer y el jueves el envío a prisión incomunicada de otros dos supuestos integrantes del aparato en España, José Carmelo Luquín Vergara y Jean Pierre Harocarene Camio, por un delito de integración o colaboración con organización terrorista.
PRINCIPAL DETENIDO EN ESPAÑA
Elosúa Urbieta está considerado uno de los detenidos con más importancia dentro del aparato de extorsión desarticulado en España. Este imputado regentaba el restaurante "Faisán", en la localidad de Irún (Guipúzcoa), que según las investigaciones fue adquirido con el dinero proveniente del "impuesto revolucionario" y donde supuestamente los integrantes del aparato de finanzas enviaban el dinero recibido de la extorsión.
Los cinco detenidos en España integraban, junto con otros siete detenidos en Francia, el aparato desarticulado en ambos países, en los que según las investigaciones operaban desde hace 20 años. El cometido del aparato desarticulado era la gestión y recaudación del conocido como "impuesto revolucionario", exigido a empresarios e industriales españoles en el País Vasco y Navarra.
Las citadas fuentes informaron de que previsiblemente el juez no hará público hasta el lunes el auto íntegro con los indicios que existen contra los detenidos en la operación, coordinada por el juez Grande-Marlaska y la magistrada francesa Laurence Levert, a partir de las investigaciones realizadas durante los dos últimos años en España y Francia por un Equipo Conjunto de Investigación creado en torno a las actividades criminales de la banda.
A partir de documentos incautados en la operación policial llevada a cabo el pasado martes, el juez Grande-Marlaska ordenó ayer la detención de dos empresarios navarros acusados de haber pagado el "impuesto revolucionario". El magistrado considera que con estos pagos, los dos detenidos podrían haber incurrido en un delito de colaboración con organización terrorista.